"El fenómeno de la corrupción (ya sea en forma de tráfico de influencias, o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores) constituye una vulneración de los derechos humanos por cuanto que generalmente entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, y en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen." Extracto de la pagina web: derechoshumanos.net.
La corrupción está en portada y en la boca de casi todos los ciudadanos. Afecta de manera transversal y vertical a todos los partidos e instituciones del estado y está socavando de manera notable la credibilidad de nuestra democracia. No sería justo, por otra parte, circunscribir la corrupción solamente al sector público, dado que gran parte de los corruptores, igualmente culpables, provienen del mundo empresarial y se dedican a comprar favores, intoxicando de manera grave a nuestro sistema de representación y contribuyendo sin escrúpulos a desprestigiarlo. Al margen de las conexiones que la corrupción tiene con toda una red de circuitos mafiosos a escala planetaria, en el estado los vasos comunicantes entre poder político y poder económico se han establecido en las últimas décadas, fundamentalmente, alrededor del sector inmobiliario al albor de ingentes plusvalías. La opacidad de los concursos de adjudicación de obras y las recalificaciones de terrenos se han constituido en las caras mas duras del fenómeno.
No sé si resulta presuntuoso el intentar aportar algo a un tema tan recurrente, pero me aventuraré con algunas reflexiones:
1. Algunas cifras sobre la corrupción
Remitimos al lector interesado a la lista de la corrupciónn de Transparency International, donde el Estado español figura en el lugar 28 de la lista por orden de transparencia en el año 2008 con un valor 6.5 en una escala de mejor a peor entre el 10 y el 0. Se estima que cada punto de descenso en esa escala supone paralelamente un descenso en el PIB de un 1%. Hay quién estima que un mapa actualizado a día de hoy nos haría caer por lo menos diez puestos.
Los casos mas conocidos entre 2000 y 2010 han sumado un total de perdidas para la hacienda pública de alrededor de 7.000 millones de euros y se estima que esta cifra puede suponer una punta de iceberg que según las fuentes se estima desde un 40% hasta solo un 10% del total atribuible a corrupción. Por ejemplo, el caso de los sellos 'fantasmas' de Afinsa y Fórum Filatélico supuso 4.400 millones al erario público. La trama de los ERE sisó por su aparte 900 millones, mientras que Nueva Rumasa se quedó con 500 y la 'Gürtel' con 201. Los 110 millones de 'Palma Arena', los 100 del 'caso Forcem', los 88 de Gescartera, los 45 del 'Pretoria' y los 35 de 'Millet' completan este cálculo. Por último, el 'caso Bárcenas' ha supuesto 22 millones, mientras que las ITV se ha llevado 10, igual que el 'Malaya' y algo más que el 'caso Nóos' que ha costado 8, 2 millones.
2. Legislación actual
Tampoco sería bueno que la ciudadanía supusiera que en materia de leyes el estado esta desamparado. Eso no es así y las referencias que doy a continuación con sus enlaces correspondientes para el lector interesado, así lo testimonian. Lo que sucede es que a la vista de los resultados habrá que convenir que son insuficientes o que su aplicación no se hace de manera eficiente:
Ley de abril de 2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Ley de julio del 2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Real decreto de 11995 , de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre medidas de prevención de blanqueo de capitales. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (Título XIV del Código Penal).
Delitos contra la Administración Pública (Título XIX del Código Penal), Delito de prevaricación de Jueces y Magistrados (Capítulo I del Título XX del Código Penal), Delitos relativos a la Ordenación del Territorio (Capítulo I del Título XVI del Código Penal), Delitos de Falsedad (Título XVIII del Código Penal).
3. Vectores de fuerza para un futuro mejor
En la medida en que no soy un técnico en la materia, las expectativas de que este apartado tenga una traducción práctica pueden verse defraudadas, pero pienso que, a nivel conceptual, la sociedad debería tomar conciencia de cuales son las vertientes en que se puede actuar, presionar y exigir para que cristalicen medidas eficaces contra una lacra que desgraciadamente no decrece en nuestra sociedad supuestamente democrática. Estas vertientes serían:
Educación. Sin una cultura de valores medianamente ética, todo lo demás estará condenado al fracaso. Esa cultura debe empezar en casa, continuar en la escuela y extenderse a los códigos deontológicos de los diferentes sectores, comenzando por las escuelas de negocios, el sector financiero, los medios de comunicación y las reglas del juego dentro de los partidos democráticos.
Regeneración del sistema democrático. Cuando mas control tenga la ciudadanía sobre sus cargos electos y mas vertebrada este la sociedad, mas se podrán proponer y exigir leyes contundentes que velen por el bien común y hagan difíciles aquellas conductas que solo benefician a una minoria de personajes instalados en las diferentes esferas del poder. El resto de medidas propuestas en los siguientes apartados serán viables en la medida en que la distancia entre los partidos y los ciudadanos de a pie disminuya y aquellos estén obligados a tramitar en el parlamento las propuestas debidamente canalizadas del pueblo soberano.
Medidas de control e inspección. Se deben instrumentalizar leyes y para eso es importante que progresen debidamente los apartados anteriores de educación y regeneración, que hagan dificil la compra de voluntades. Dado que, desgraciadamente, una parte no desdeñable de la ciudadanía sí parece tener un precio, se trataría de evitar las tentaciones y la malas compañías haciendo inviables determinado tipo de contactos, así como las decisiones de algunos cargos que no hayan pasado las oportunas inspecciones. Los expertos deberán afinar en mejorar las leyes sobre incompatibilidades de manera que estas lo sean de hecho y hasta sus últimas consecuencias. En según que supuestos, las incompatibilidades deberían ser para toda la vida a efectos de evitar pagos a posteriori por servicios prestados. Otra medida imprescindible será la auditación rigurosa de cuentas de todos los cargos electos.
Medias punitivas rápidas y ejemplares. Se debe endurecer el código penal. Hay que inhabilitar de por vida a los corruptos para cualquier cargo público y los casos deben resolverse con prontitud y en algunos casos, por vía de urgencia. Esto apunta a un tema delicado, cual es la asignatura pendiente de mejora del sistema judicial del estado español que por otra parte, en algunos casos, también puede estar implicado en el círculo vicioso de la corrupción.
Muchas cosas en poco espacio y probablemente poco nuevo, pero la promoción de un debate continuo y la progresiva mentalización de la sociedad son imprescindibles para ir dando pasos en la buena dirección en un pulso que muchas veces parece perdido frente a las poderosas fuerzas mafiosas, pero pulso al fin, en que las sociedades mínimamente sanas no pueden permitirse el catastrófico lujo de arrojar la toalla.
