Raquel, una joven manifestante de Uesca ha sido sancionada por participar en una protesta contra los recortes en la enseñanza pública, que transcurrió sin ningún tipo de incidentes. La joven participaba en una protesta en el campus universitario, convocada con motivo de una visita de la entonces princesa Letizia y la consejera de Educación Dolores Serrat, y en la que se había anunciado que participaría el ministro José Ignacio Wert, quien finalmente no acudió.
Un juzgado de la capital altoaragonesa ha confirmado una sanción "grave" impuesta por la Delegación del Gobierno por "provocar reacciones en el público" que "puedan alterar la seguridad ciudadana", a pesar de que los responsables de seguridad en esa jornada de la Escuela Politécnica Superior -en cuyo recinto se celebraba la manifestación-, profesores y periodistas desmintieron en el juicio que se hubiesen producido ningún momento tensión durante el acto. El propio juez reconoce en la sentencia que "la conducta" de la joven "no causó desorden público real alguno".
La Plataforma ciudadana de apoyo a Raquel denuncia la indefensión en la que quedan los y las manifestantes ante este tipo de sanciones y la vulneración, "de hecho", del ejercicio de derechos fundamentales como los de reunión, manifestación y la libertad de expresión. Este colectivo, constituido por estudiantes, participantes en aquel acto y ciudadanía preocupada por el recorte de las libertades públicas, convoca un acto solidario con la joven, este miércoles, 18 de mayo, a las 19.00 horas en la plaza de Navarra.
La concentración contra la privatización y los recortes en educación, por la que la joven ha sido sancionada se celebró en 2013, concluyendo sin incidentes y sin que ningún manifestante fuera identificado por la policía. Tampoco la sancionada. Meses después la manifestante recibió una denuncia de la Delegación del Gobierno.
Tras sucesivos recursos administrativos, que se prolongaron durante años, el 17 de febrero de 2016, se celebró la vista en el juzgado contencioso administrativo número 1 de la capital oscense. En este acto, al que, junto a numeroso público, asistió el Vicerrector de Estudiantes de la Universirad de Zaragoza, Fernando Zulaica, declararon tres testigos presenciales: un trabajador de la televisión que estaba cubriendo el acto, la responsable de seguridad de la universidad durante la protesta y un profesor del campus que, como recogieron los medios de comunicación presentes en la sala, desmintieron que los hechos en que se basa la acusación se produjeran. A pesar de considerar "verosímil" su testimonio, el juez mantiene, basándose exclusivamente en la declaración de un policía, la sanción grave, aunque reduciéndola de 1000 euros, a su cuantía mínima, 300,51.
La Plataforma de apoyo a Raquel denuncia la "subjetividad" de la figura sancionadora que se usa, -"parece que le la sanciona 'por si acaso' ", señalan- y considera que la aplicación sistemática de la "presunción de veracidad" de la policía deja indefensos a los manifestantes. Igualmente, considera que "rompe con la necesaria imparcialidad el hecho de que las sanciones administrativas a personas que cuestionan las políticas del Gobierno sean impuestas por militantes del partido que las sustenta, que han sido designados para el desempeño de cargos políticos en la administración".
Este colectivo recuerda actuaciones anteriores del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, bajo cuya dirección estaba el operativo en aquella manifestación, ha recibido varias sentencias en contra por y advertencias de la Defensora del Pueblo por este mismo motivo, además de reiteradas peticiones de dimisión por parte de organizaciones y colectivos ciudadanos. "Nos encontramos ante un caso que no solo vulnera los derechos fundamentales", señalan, "sino que además genera dudas el método utilizado para la identificación" de la manifestante.
Este colectivo, que hace un llamamiento "a la denuncia pública y a la solidaridad", inscribe esta sanción en la "oleada represiva", antesala de las "leyes Mordaza", con las que, señalan se ha querido frenar la movilización social desarrollada en estos pasados años frente a las políticas de recortes sociales y de derechos.
