La Fundación Franz Weber ha denunciado este lunes la lamentable insistencia del Ayuntamiento de Teruel en el soporte a actividades taurinas que implican la participación directa de personas menores de edad, como el recientemente anunciado "chiqui-encierro" que además incumpliría las objeciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Convocatorias como esta o el acceso de menores a los encierros y corridas son evidentemente contrarias a las advertencias internacionales de acuerdo con el criterio de este organismo especializado.
Así, meses después de la nueva petición del organismo de Naciones Unidas, el Gobierno local no ha dispuesto ninguna medida de sensibilización o prevención para que menores puedan visualizar actividades de reconocida violencia contra animales y, eventualmente, contra participantes.
Hay que recordar que todas las administraciones públicas quedan interpeladas por las peticiones de este organismo internacional. Al menos, deberían sentirse preocupadas por las solicitudes.
La ONG explica que el comité de Naciones Unidas dejó "muy claro" que niñas, niños y adolescentes no deben participar en ningún formato de la tauromaquia en sus Observaciones Finales. Explican que este comité "reitera sus recomendaciones anteriores" sosteniendo la necesidad de que ha efectivo el establecimiento de la edad mínima de 18 años "para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros".
El organismo salió al paso del intento de "revisión" del Estado español con hasta cuatro intervenciones que señalaban los efectos negativos sobre niñas, niños y adolescentes de presenciar violencia ejercida sobre animales.
Durante las preguntas a la delegación española los miembros del CDN resaltaron la existencia de estudios que advertían sobre estas situaciones para el desarrollo social, psíquico y físico.
Con todos estos antecedentes FFW considera que el Ayuntamiento de Teruel debería reflexionar sobre su papel sobre en materia de protección y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
A ello se suman los especialistas que han advertido acerca de la exposición de las personas menores de edad a contenidos violentos, comprobando alteraciones en su comportamiento y midiendo diferentes niveles de agresividad y ansiedad posterior.
Además del evidente riesgo de que el niño sufra angustia e incluso efectos traumáticos originados por la exposición de escenas de agresiones violentas hacia humanos y animales, la exposición a la violencia en la infancia puede contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión.
