La portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha registrado una pregunta parlamentaria para conocer qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón tras la inspección realizada en el IES Ramón y Cajal de Uesca a finales de noviembre de 2024 y las consecuencias derivadas de sus decisiones.
La iniciativa se enmarca en una proposición no de ley aprobada en la pasada legislatura, en la que las Cortes de Aragón instaban a la Dirección de la Inspección —dependiente de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte— a abrir un expediente informativo y recabar información tanto de la Inspección del Servicio Provincial de Uesca como de la dirección del propio centro educativo.
"La cuestión cobra especial relevancia tras las declaraciones del profesorado del IES Ramón y Cajal, que ha mostrado su desacuerdo con las explicaciones ofrecidas por el Departamento de Educación y ha denunciado la existencia de criterios cambiantes por parte del servicio de Inspección. Según los docentes, no existirían deficiencias en el sistema de evaluación, sino diferencias en la interpretación de la normativa, lo que estaría generando incertidumbre y desgaste en el centro", ha detallado Lasobras.
La portavoz adjunta de CHA considera “preocupante” que, según denuncia el personal docente, se estén produciendo modificaciones continuas en los criterios de evaluación, incluso en momentos clave del curso, y bajo advertencias de posibles sanciones administrativas. Asimismo, señala como “muy grave” que el profesorado manifieste temor a pronunciarse por posibles represalias.
“Es imprescindible que el Gobierno de Aragón aclare si ha cumplido el mandato de las Cortes y qué medidas ha adoptado para evitar arbitrariedades, garantizar la estabilidad en los centros educativos y ofrecer seguridad al profesorado”, concluye Lasobras.
