El día 6 de diciembre celebrábamos la Constitución española de 1978, que señala en su artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
El día 10 de diciembre celebrábamos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que establece en su artículo 25.1: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Hace unos días, la Plataforma Afectados por las Hipotecas de Huesca a través de su portavoz, Antonia Piedrafita, nos alertaba de una fecha tope, la del 31 de diciembre de 2022. Esta fue la fecha que impuso el Real Decreto-ley 11/2022 de 25 de junio en la que se podían paralizar los desahucios en situaciones concretas de vulnerabilidad. A partir de esta fecha, los desahucios se reactivarán de no mediar una prórroga de urgencia. Esta situación se va a producir en todos los pueblos y ciudades de nuestro país.
Para el consejero de Vivienda, el señor Soro; para el presidente de Aragón, el señor Lambán, y para el alcalde de nuestra ciudad, el señor Felipe, parece que la emergencia de vivienda no merezca ni atención ni recursos. Ambas administraciones no están haciendo todo lo que está en sus manos para garantizar el derecho a una vivienda, para garantizar la alternativa habitacional, una actitud imperdonable en el actual contexto y que afecta a muchas familias aragonesas.
Las familias con desahucios aplazados por los juzgados se encuentran en estos momentos sin respuesta alguna por parte del Gobierno de Aragón. Esta falta de respuesta e incumplimiento de normas está vulnerando los Derechos Humanos y nuestra constitución, como reconocen los organismos y entidades internacionales.
Nuestra organización, Izquierda Unida, lleva tiempo trabajando para que se ponga en marcha la legislación y recursos necesarios para que la vivienda sea de verdad un derecho, en Aragón y en el resto de Comunidades Autónomas, pero los tiempos y los plazos se agotan y ante la urgente necesidad exigimos a quienes celebran los Derechos Humanos y nuestra constitución, que de verdad las cumplan para poder celebrar de verdad este y otros derechos vulnerados.
Izquierda Unida de Huesca se suma a la concentración que organiza Aragón sin Desahucios y que se realizará el jueves 15 de diciembre, a las 11.00 horas ante las puertas del Gobierno de Aragón, (edificio Pignatelli de Zaragoza) pidiendo cosas tan razonables como el impulso de un parque de vivienda social público, que se implemente un control de precios de los alquileres y que las viviendas y el suelo de la SAREB (conocido como banco malo) pasen a ser de propiedad pública para dar alternativa habitacional a las situaciones de vulnerabilidad, entre otras cosas.
Ante la ausencia de políticas públicas de vivienda y de alternativa habitacional para quien la pierde… carbón para el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca.
