Bolivia atraviesa la mayor crisis política y social de las últimas décadas. Tras casi dos meses de movilizaciones, más de noventa bloqueos de carreteras y una creciente represión policial y militar, el gobierno de Rodrigo Paz decretó el estado de excepción para intentar frenar una rebelión protagonizada por trabajadores, trabajadoras y comunidades campesinas e indígenas. Organizaciones de derechos humanos denuncian más de diez personas asesinadas, centenares de heridas y miles de detenidas desde el inicio del conflicto.
La crisis comenzó pocos meses después de la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia, en diciembre de 2025. Elegido con un discurso de renovación frente a la derecha tradicional representada por Jorge "Tuto" Quiroga, su gobierno impulsó rápidamente un programa de ajuste: aumento del precio de los combustibles, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, desabastecimiento energético y una reforma agraria (la Ley 1720) denunciada por organizaciones rurales por favorecer la concentración de tierras en beneficio del agronegocio.
Lo que comenzó como una serie de conflictos sectoriales terminó convirtiéndose en una crisis política nacional. A las protestas de transportistas, personal docente y trabajadores mineros se sumó el campesinado indígena, especialmente las comunidades aymaras del Altiplano, protagonistas históricas de las grandes rebeliones populares bolivianas. Como ocurrió durante la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003), fueron las organizaciones campesinas e indígenas las que otorgaron al movimiento profundidad territorial y capacidad para sostener durante semanas los bloqueos y las movilizaciones.
La dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) anunció una huelga general por tiempo indefinido el 4 de mayo. Sin embargo, aquella convocatoria nunca llegó a convertirse en una paralización efectiva de todo el país. La conducción sindical no impulsó un verdadero plan nacional de huelga ni organizó asambleas generales, comités de huelga o mecanismos que coordinaran la medida entre todos los sectores. Mientras algunos sindicatos mineros, organizaciones campesinas, juntas vecinales y sectores docentes desarrollaban acciones de lucha, otros continuaron trabajando o recurrieron a modalidades parciales, como las clases virtuales en parte del magisterio.
Por ello, distintas corrientes de izquierda definieron el proceso como una huelga general "sui generis": la fuerza de la rebelión no residía en una paralización centralizada dirigida por la COB, sino en la organización desde abajo mediante bloqueos de carreteras, cabildos abiertos, comunidades indígenas, sindicatos combativos y organizaciones populares que fueron desbordando a la propia dirección sindical.
Las tensiones estallaron este 19 de junio. Aunque la COB había firmado junto a organizaciones campesinas e indígenas el denominado "Pacto de No Traición", que establecía que cualquier decisión debía adoptarse colectivamente, su secretario ejecutivo, Mario Argollo, firmó un acuerdo con Rodrigo Paz y levantó las medidas sin consultar a las bases ni al resto de las organizaciones movilizadas. Apenas unas horas después, el gobierno decretó el estado de excepción y lanzó una amplia ofensiva policial y militar contra los bloqueos que permanecían activos.
Para numerosos sectores campesinos e indígenas, la burocracia de la COB terminó facilitando la ofensiva represiva del gobierno. La Federación Túpac Katari y otras organizaciones rechazaron el acuerdo y denunciaron que la dirección sindical había abandonado un proceso que ya estaba siendo conducido principalmente por las comunidades movilizadas y las organizaciones territoriales.
El estado de excepción abrió una nueva fase del conflicto. Miles de efectivos policiales y militares fueron desplegados en carreteras, comunidades y ciudades para desalojar los bloqueos mediante gases lacrimógenos, perdigones y detenciones masivas. En paralelo, una misión internacional de derechos humanos convocada por organizaciones sindicales y sociales desde Argentina fue retenida y posteriormente expulsada del país cuando intentaba investigar las denuncias por violaciones a las libertades democráticas.
La crisis boliviana también adquirió una dimensión regional. El respaldo político recibido por Rodrigo Paz desde gobiernos alineados con Donald Trump y Javier Milei expresa el intento de consolidar un bloque favorable a las políticas de ajuste, privatización y extractivismo. En ese contexto, el gobierno argentino envió dos aviones Hércules a Bolivia en una operación presentada oficialmente como "ayuda humanitaria". Sin embargo, organizaciones sindicales y de derechos humanos denunciaron que transportaban gases lacrimógenos y otros materiales destinados a las fuerzas de seguridad bolivianas, interpretando el operativo como un apoyo logístico a la represión.
Las causas que dieron origen al levantamiento siguen intactas ya que la inflación continúa deteriorando las condiciones de vida, los conflictos por la tierra permanecen abiertos y las demandas populares siguen sin respuesta. La historia boliviana demuestra que las transformaciones más profundas nunca nacieron de acuerdos entre las élites, sino de la organización independiente de trabajadores, campesinos y pueblos originarios.
Apoyo del Movimiento Antirracista de Zaragoza
Desde el Movimiento Antirracista de Zaragoza expresamos nuestra solidaridad con la rebelión del pueblo boliviano. Rechazamos el estado de excepción, la militarización y la persecución de quienes luchan por sus derechos. Asimismo, repudiamos el papel desempeñado por la burocracia de la COB, que al desconocer el mandato de sus bases y romper el "Pacto de No Traición" facilitó la ofensiva represiva del gobierno. Hoy, más que nunca, la experiencia boliviana reafirma que la defensa de los derechos sociales, la soberanía de los pueblos y la lucha contra el racismo sólo podrán sostenerse mediante la organización democrática desde abajo y la solidaridad internacionalista entre los pueblos de Abya Yala. ¡Viva la rebelión en Bolivia!
