El gobierno derechista de Rodrigo Paz decidió decretar el estado de excepción en todo el país, desplegando miles de efectivos policiales y militares para intentar desarticular una rebelión que no ha logrado derrotar.
La medida fue anunciada durante la madrugada del 21 de junio, apenas horas después de que la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB), encabezada por el burócrata Mario Argollo, firmara un acuerdo de “diálogo y pacificación” con el gobierno. Para numerosos sectores movilizados, la secuencia fue contundente: mientras la principal central sindical levantaba las huelgas sin consultar a sus bases, el gobierno preparaba una ofensiva represiva a gran escala.
A las pocas horas del anuncio, efectivos policiales y militares irrumpieron en distintos puntos de bloqueo utilizando gases lacrimógenos, perdigones, vehículos blindados y drones de vigilancia. Las operaciones comenzaron en el Puente Río Seco, en El Alto, y se extendieron a Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y otras regiones donde permanecían activos decenas de piquetes.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que más de 400 personas fueron detenidas durante las semanas de conflicto y advierten que el número podría aumentar considerablemente bajo el nuevo régimen de excepción.
Para comprender el alcance de la crisis actual es necesario retroceder varios meses y analizar las causas que llevaron a una parte importante de la población boliviana a protagonizar uno de los mayores levantamientos sociales desde la “Guerra del Gas” del año 2003.
El origen de la crisis
Cuando Rodrigo Paz Pereira asumió la presidencia de Bolivia en diciembre de 2025, lo hizo presentándose como una alternativa de renovación frente al desgaste de los partidos tradicionales. Durante la campaña prometió estabilidad económica, control de la inflación, recuperación de la inversión privada y una salida a la crisis que atravesaba el país. En el balotaje se impuso frente al expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, referente de los sectores más conservadores de la derecha boliviana y representante de una de las figuras históricas de la denominada “casta política” del país. La victoria de Rodrigo Paz fue presentada por los grandes medios y los sectores empresariales como la consolidación de un nuevo ciclo político en Bolivia, alineado con las experiencias de la nueva derecha latinoamericana y con una agenda de apertura económica, ajuste fiscal y acercamiento a Donald Trump, es decir, totalmente supeditado a los intereses de yankees.
Apenas unos meses después de asumir, las promesas de estabilidad comenzaron a chocar con la realidad social. El aumento de los combustibles, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, el desabastecimiento energético, la amenaza sobre tierras campesinas y el avance de políticas favorables a los grandes grupos económicos provocaron un creciente malestar entre trabajadores, campesinos e indígenas.
A su vez, su gobierno llegó al poder en un contexto de agotamiento del ciclo político abierto por el Movimiento al Socialismo (MAS), una economía debilitada por años de estancamiento y una creciente presión de organismos financieros internacionales para implementar reformas estructurales.
La primera gran reacción popular llegó con el denominado “gasolinazo”, un fuerte incremento del precio de los combustibles que impactó inmediatamente sobre el costo de vida. El aumento del transporte, de los alimentos y de numerosos bienes básicos golpeó con fuerza a trabajadores, jubilados y sectores populares.
Aunque el gobierno anunció posteriormente algunas rectificaciones parciales, la inflación continuó deteriorando el poder adquisitivo de los salarios.
La situación se agravó cuando comenzaron a conocerse iniciativas que ponían en riesgo el carácter protegido de miles de pequeñas propiedades agrarias, esta es la Ley 1720 que se convirtió rápidamente en uno de los principales detonantes del conflicto.
Sectores rurales denunciaron que la normativa de la Ley 1720 abría la puerta a procesos de embargo y concentración de tierras que podían favorecer a grandes grupos económicos vinculados al agronegocio.
Paralelamente, transportistas denunciaban la distribución de combustible adulterado que provocó daños en miles de vehículos, mientras docentes, trabajadores estatales y jubilados reclamaban recomposiciones salariales frente a una inflación creciente de más del 30%.
Lo que inicialmente apareció como una suma de conflictos sectoriales, comenzó a transformarse en una crisis política nacional, nucleando y unificando distintas expresiones de la lucha de clases en Bolivia.
A las demandas de transportistas, docentes y trabajadores mineros se sumó con fuerza la movilización del campesinado indígena, especialmente de las comunidades aymaras del Altiplano, protagonistas de algunas de las luchas más importantes de la historia contemporánea boliviana. Herederas de una larga tradición de resistencia frente al colonialismo, el racismo y la explotación capitalista, estas comunidades han desempeñado un papel decisivo en procesos como la “Guerra del Agua” de 2000, la “Guerra del Gas” de 2003 y las grandes insurrecciones populares que derribaron gobiernos neoliberales a comienzos del siglo XXI.
La participación de las organizaciones campesinas, indígenas y comunitarias otorgó a la rebelión una profundidad social y territorial que trascendió las reivindicaciones económicas inmediatas, convirtiéndola en un cuestionamiento general al programa de ajuste de Rodrigo Paz y a la subordinación del país a los intereses del capital financiero, las multinacionales y las potencias que disputan el control de recursos estratégicos como el litio, el gas y los minerales raros.
La huelga general y el crecimiento de la rebelión
El 4 de mayo, durante una multitudinaria concentración obrera en La Paz, la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) anunció una huelga general por tiempo indefinido. Sin embargo, la realidad del proceso fue mucho más contradictoria que la proclamación formal realizada desde la conducción sindical.
Históricamente, Bolivia posee una poderosa tradición de lucha sindical, marcada ,por ejemplo, por el protagonismo de los trabajadores mineros. Desde las jornadas revolucionarias de 1952 hasta las grandes rebeliones contra el neoliberalismo de principios del siglo XXI, los mineros de centros como Huanuni, Colquiri, Catavi y otros distritos han desempeñado un papel central en las confrontaciones con el estado y las patronales.
Sin embargo, la estructura sindical boliviana llegó a esta crisis profundamente fragmentada. Aunque la COB decretó la huelga general, numerosos sindicatos afiliados nunca paralizaron efectivamente la producción ni desarrollaron un plan nacional unificado de lucha. Mientras sectores de trabajadores mineros, docentes, campesinos, transportistas y organizaciones populares impulsan medidas de fuerza crecientes, otras direcciones sindicales mantuvieron una actitud vacilante o directamente negociadora frente al gobierno.
En el caso del magisterio, por ejemplo, numerosos docentes mantuvieron las clases de forma virtual o bajo modalidades alternativas. Tampoco se produjo una paralización uniforme de la industria, el transporte o la administración pública a escala nacional.
La dirección de la COB evitó convocar asambleas generales en los lugares de trabajo, organizar comités de huelga o impulsar mecanismos que permitieran extender y coordinar efectivamente la medida en todo el país. Por ello, distintos analistas y corrientes de izquierda caracterizaron el proceso no como una huelga general clásica, sino como una rebelión popular de características híbridas o ‘sui generis’, impulsada principalmente desde abajo por los bloqueos de carreteras, los cabildos, las comunidades campesinas e indígenas, las juntas vecinales y sectores sindicales independientes y combativos. La enorme fuerza del movimiento no radicó en una paralización centralizada de la economía dirigida por la COB, sino en la capacidad de decenas de miles de personas para ocupar rutas, sostener piquetes y desafiar durante semanas la autoridad del gobierno en amplias regiones del país.
El verdadero motor de la lucha se encuentra en los bloqueos levantados por comunidades campesinas e indígenas, especialmente en el Altiplano y en los alrededores de La Paz y El Alto. Allí convergieron organizaciones aymaras, sindicatos campesinos, juntas vecinales, sectores docentes y trabajadores precarizados. A medida que la crisis se profundizaba, las protestas se extendieron hacia Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz.
Los bloqueos comenzaron a multiplicarse por decenas y luego por centenares. Las marchas crecieron. Los cabildos populares debatían diariamente los pasos a seguir. Lo que había comenzado como una respuesta al deterioro económico, el aumento de los combustibles y las amenazas contra la pequeña propiedad agraria terminó transformándose en un cuestionamiento político de conjunto al gobierno de Rodrigo Paz.
En amplios sectores de las bases obreras, campesinas e indígenas comenzó a instalarse una consigna que iba mucho más allá de las reivindicaciones iniciales: la exigencia de la renuncia del presidente.
La traición de la COB
Precisamente cuando la movilización alcanzaba su punto más alto comenzaron a hacerse evidentes las contradicciones entre el movimiento real y las direcciones burocráticas que formalmente lo encabezaban.
Cuando se lanzó la huelga indefinida, la COB había firmado junto a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación Túpac Katari, organizaciones vecinales de El Alto y otros sectores populares un compromiso que fue presentado públicamente como un “Pacto de no Traición”. El acuerdo establecía que cualquier decisión estratégica respecto a la huelga y los bloqueos debía resolverse colectivamente por todas las organizaciones participantes.
Sin embargo, durante las semanas siguientes la conducción de la COB fue perdiendo protagonismo en el terreno. Muchos de los bloqueos más importantes eran sostenidos por organizaciones campesinas, comunidades indígenas y sectores autoconvocados, mientras que parte del aparato sindical comenzaba a explorar negociaciones separadas con el gobierno.
Primero fueron algunos sectores fabriles, luego aparecieron acuerdos particulares con dirigencias mineras de Huanuni y Colquiri, que obtuvieron beneficios específicos y promesas gubernamentales desvinculadas del conjunto de las reivindicaciones nacionales. Paralelamente, el gobierno avanzó en una política sistemática de cooptación y negociación fragmentada destinada a aislar a los sectores más combativos.
El desenlace llegó el 19 de junio donde esa noche, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, firmó un acuerdo con Rodrigo Paz y anunció el levantamiento de la huelga sin convocar asambleas generales, sin consultar a las bases y sin respetar los compromisos asumidos con el resto de las organizaciones firmantes del “Pacto de No Traición”.
La reacción fue inmediata. La Federación Campesina Túpac Katari repudió públicamente el acuerdo. Diversas organizaciones indígenas, campesinas y populares denunciaron que la dirección de la COB había actuado a espaldas del movimiento y en numerosos bloqueos comenzaron a escucharse acusaciones de entrega y traición.
Las críticas se profundizaron apenas unas horas después, cuando el gobierno respondió al acuerdo decretando el Estado de Excepción y desplegando fuerzas policiales y militares para desalojar los bloqueos que aún permanecían activos.
Para miles de manifestantes, el pacto firmado por Argollo no había servido para conquistar ninguna de las reivindicaciones centrales de la lucha sino todo lo contrario, permitió al gobierno ganar tiempo, dividir al movimiento y preparar una ofensiva represiva de gran escala bajo la implementación de la excepción.
La acusación de ‘traición’ comenzó entonces a extenderse por asambleas, cabildos, comunidades campesinas y organizaciones populares. No se trataba solamente de una crítica a una decisión puntual de la dirección sindical, sino de un cuestionamiento más profundo a una burocracia que, en distintos momentos de la historia reciente boliviana, había actuado como factor de contención de procesos de movilización que tendían a desbordar los límites institucionales del régimen político.
Represión, militarización y resistencia popular
Con la implementación del estado de excepción, miles de efectivos policiales y militares fueron desplegados en carreteras, comunidades campesinas y ciudades de todo el país. Los bloqueos comenzaron a ser desalojados mediante operativos coordinados que incluyeron gases lacrimógenos, perdigones, detenciones masivas y militarización de amplias regiones. Organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos denuncian que el verdadero objetivo de estas medidas es quebrar una rebelión popular que hace casi dos meses viene poniendo contra las cuerdas al gobierno derechista de Rodrigo Paz.
La magnitud de la represión despertó preocupación internacional
Por ejemplo, el pasado lunes 15 de junio, una comisión de derechos humanos convocada por organizaciones sindicales, y partidos políticos de izquierda de Argentina intentó ingresar al país para documentar denuncias sobre detenciones arbitrarias, persecución de dirigentes sociales y violaciones a las libertades democráticas. Sin embargo, la delegación fue retenida en el aeropuerto de La Paz y posteriormente expulsada por las autoridades bolivianas, alimentando las sospechas de que el gobierno pretende impedir cualquier observación independiente sobre lo que ocurre en el país.
A pesar de la represión, cientos de personas detenidas y la militarización creciente, amplios sectores populares continúan resistiendo. Las organizaciones campesinas más combativas, las comunidades indígenas y numerosos activistas mantienen viva una lucha que ya excede las reivindicaciones iniciales y que se ha transformado en un cuestionamiento profundo al proyecto político encabezado por Rodrigo Paz.
Intervencionismo yankee, recursos naturales y el apoyo a Rodrigo Paz
La crisis y rebelión boliviana forma parte de una disputa más amplia que atraviesa a toda América Latina.
El respaldo político recibido por Rodrigo Paz desde gobiernos y sectores alineados con Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina forma parte de una estrategia regional orientada a consolidar un bloque de gobiernos comprometidos con programas de ajuste económico, privatizaciones, apertura al capital extranjero, profundización del extractivismo y endurecimiento de los mecanismos de control social frente a las crecientes resistencias populares.
En este marco debe interpretarse el envío de dos aviones Hércules por parte del gobierno argentino a Bolivia. Aunque la operación fue presentada oficialmente como una misión de “ayuda humanitaria”, organizaciones sindicales, campesinas y de derechos humanos denunciaron que los cargamentos incluían material destinado a las fuerzas de seguridad bolivianas, entre ellos gases lacrimógenos y otros insumos utilizados habitualmente en operativos de represión.
Para las organizaciones que participan de la rebelión, la crisis boliviana trasciende las fronteras nacionales y forma parte de una disputa más amplia en toda América Latina. La defensa del gobierno de Rodrigo Paz por parte de sectores vinculados al trumpismo y a la nueva derecha continental refleja el interés por garantizar la estabilidad de gobiernos aliados en una región estratégica por sus enormes recursos naturales —litio, gas, minerales raros y tierras agrícolas— y por contener mediante la represión cualquier proceso de movilización capaz de cuestionar los programas de ajuste impulsados por estas administraciones.
Detrás de esta ofensiva aparecen intereses económicos y geopolíticos de enorme magnitud. Bolivia concentra algunas de las mayores reservas de litio del mundo, además de importantes recursos mineros, energéticos y estratégicos que son objeto de disputa entre grandes potencias y corporaciones internacionales. La rebelión boliviana pone de manifiesto que la lucha por las condiciones de vida de trabajadores, campesinos e indígenas está inseparablemente ligada a la disputa por la soberanía sobre esos recursos.
Aunque el gobierno intenta presentar el Estado de Excepción como el cierre definitivo de la crisis, las causas profundas que dieron origen al levantamiento permanecen intactas. La inflación continúa golpeando a los sectores populares. Los conflictos por la tierra siguen abiertos. Las demandas salariales no han sido resueltas. El deterioro de las condiciones de vida persiste. La represión no ha eliminado el descontento social que recorre el país.
La fuerza de la organización desde abajo: nuestra solidaridad internacionalista con el pueblo boliviano
Sostenemos que en Bolivia persiste una poderosa memoria colectiva de lucha, construida a través de décadas de organización obrera, campesina e indígena. Esa tradición vuelve a emerger hoy en los bloqueos de rutas, los cabildos abiertos, las asambleas comunitarias y las movilizaciones masivas que desafían tanto al gobierno como a las direcciones burocráticas empeñadas en contener el proceso. La actual rebelión expresa, en ese sentido, la continuidad de una historia de combate contra la opresión social, nacional y racial que ha marcado profundamente al pueblo boliviano.
La historia de Bolivia demuestra que los momentos más importantes de transformación social nunca surgieron de los pactos entre las élites, sino de la movilización independiente de trabajadores, campesinos y pueblos originarios. Desde las luchas mineras del siglo XX hasta la “Guerra del Agua” y la “Guerra del Gas”, pasando por las grandes insurrecciones indígenas y populares, el pueblo boliviano ha construido una tradición de combate que hoy vuelve a expresarse en las calles, las carreteras y las comunidades.
Desde el Movimiento Antirracista de Zaragoza expresamos nuestra solidaridad activa con la rebelión de trabajadores, campesinos y comunidades indígenas de Bolivia. Rechazamos la militarización, el Estado de Excepción, la persecución política y exigimos la libertad inmediata de todas las personas detenidas por luchar.
Al mismo tiempo, repudiamos el papel de los sectores burocráticos de la dirección de la COB que, ignorando el mandato de sus bases y violando el propio “Pacto de No TraiciónW, facilitaron la ofensiva represiva del gobierno mediante acuerdos inconsultos que no resolvieron ninguna de las reivindicaciones populares.
La experiencia boliviana demuestra que ninguna conquista duradera puede depender de negociaciones realizadas a espaldas de quienes sostienen la lucha. La fuerza capaz de derrotar los planes de ajuste, la represión y el saqueo de nuestros pueblos sigue estando en la organización democrática desde abajo, en la unidad entre la clase obrera, campesinos y comunidades indígenas, y en la solidaridad internacionalista de los pueblos de Abya Yala.
Por eso llamamos a redoblar el apoyo a la lucha del pueblo boliviano. Su combate forma parte de una pelea común contra el racismo, el autoritarismo, el extractivismo y los gobiernos que pretenden descargar el peso de la crisis sobre las mayorías populares.
En Bolivia se libra hoy una batalla cuyo resultado tendrá consecuencias para toda Abya Yala. ¡Arriba Bolivia! ¡Viva la rebelión del pueblo boliviano!
