La Fundación Franz Weber (FFW) ha cuestionado la oferta de acceso gratuito de menores “para el toro embolado en el término municipal de Teruel por vulnerar hasta dos recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y la Niña de Naciones Unidas (CDN)”. Una actividad prevista para este próximo sábado.
Además, hace un par de semanas UNICEF animaba a aplicar estas objeciones del CDN en las llamadas “Ciudades amigas de la infancia”, un reconocimiento que la agencia de Naciones Unidas otorga a aquellos municipios con políticas sectoriales adecuadas.
Acceso de menores “al Toro Júbillo”
“La convocatoria está apoyada por el Ayuntamiento turolense y posibilita la entrada sin coste de niños y niñas hasta los 12 años, donde podrán ver el sufrimiento del animal al que se le coloca una estructura y, posteriormente, se le prende fuego a los elementos inflamables de la misma”, indican desde (FFW).
Así, recuerdan que en 2018 el Comité de los Derechos de la Infancia pidió al Estado español “evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia, con un texto muy claro al respecto: para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”.
Además, en el mes de agosto de 2023 el organismo de expertas y expertos de Naciones Unidas incluyó una referencia en el Comentario General nº 26, en su apartado G) sobre el ‘Derecho a no sufrir ningún tipo de violencia’: “Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales”.
Rubén Pérez, responsable de comunicación de la Fundación Franz Weber y coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, ha señalado que “nos preocupa el apoyo continuado del Ayuntamiento de Teruel a estas actividades. El ejecutivo municipal está empeñado en promover la exposición a la violencia entre personas menores de edad y que, un reducido número de menores, puedan ejercer directamente esa violencia sobre los animales”.
“Es evidente que, mientras la ciudadanía da la espalda de forma progresiva a la tauromaquia, algunas administraciones doblan o multiplican directamente su soporte institucional para mantenerla a flote”, concluye Pérez.
