La vivienda ha pasado a ocupar una posición central en el debate público. En Aragón actualmente hay 129.870 viviendas vacías, de las cuales 15.732 se encuentran en Zaragoza. Los colectivos y organizaciones de base tratan de aprovechar para desplegar su trabajo, al tiempo que los partidos progresistas han visto en este auge movilizatorio, una nueva oportunidad para plantear sus medidas estrella. Pero ¿qué hay realmente en común en la denuncia compartida del problema de la vivienda? ¿qué se entiende por ir contra su negocio? ¿qué implica realmente luchar por el derecho a la vivienda?
En el último periodo del año pasado, la problemática de la vivienda ha vuelto a salir a la palestra pública. A pesar del bombardeo mediático orientado a crear un estado de alerta social en torno a la inmigración y la ocupación, la vivienda se ha convertido -según datos del CIS- en "el principal problema de los españoles". El 13 de octubre miles de personas salieron a las calles de Madrid para luchar por la vivienda, dando el pistoletazo de salida de una oleada movilizatoria que, tras su paso por territorios como Catalunya, Granada o Asturies, llegó a Zaragoza el 30 de noviembre.
Desde entonces, el problema de la vivienda ha pasado a ocupar una posición central en el debate público. Los colectivos y organizaciones de base tratan de aprovechar el viraje hacia una nueva coyuntura más favorable para desplegar su trabajo, al tiempo que los partidos progresistas del arco parlamentario (PSOE y Sumar, pero especialmente Podemos) han visto en este auge movilizatorio, como de costumbre, una nueva oportunidad para plantear sus medidas estrella, e incluso lanzar nuevas consignas al calor de las movilizaciones. Pero, ¿qué hay realmente en común en la denuncia compartida del problema de la vivienda? E, incluso, entre los distintos colectivos que en Zaragoza se manifestaron al grito de “Contra su negocio, por el derecho a la vivienda”, ¿qué se entiende por ir contra su negocio? ¿Qué implica realmente luchar por el derecho a la vivienda?
Con este artículo pretendemos aportar un análisis de los diferentes actores que han entrado en escena, así como una serie de hipótesis para hacer avanzar la lucha por la vivienda en nuestra ciudad. Una lucha que, en nuestra opinión, para lograr una solución realmente universal y duradera al problema de la vivienda, ha de orientarse necesariamente hacia la superación del capitalismo.
El problema de la vivienda: diagnóstico y tratamiento
Como hemos dicho, en los últimos meses la preocupación al respecto del problema de la vivienda ha experimentado un aumento considerable. Negar su existencia y su gravedad le parece una locura a cada vez más personas. Pero si bien hay cierto acuerdo en la existencia de la "enfermedad", a la hora de plantear tanto sus causas como su tratamiento no existe el mismo grado de sintonía. Consideramos que, hasta ahora, se han recetado principalmente dos tipos diferentes de medidas para aliviar los síntomas más dañinos de esta problemática.
Por un lado, están aquellas medidas que tratan de compatibilizar la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda con el lucro privado de empresarios, rentistas y banqueros. Entre ellas podemos destacar la ampliación del parque público de vivienda mediante subvenciones y bonificaciones fiscales a las empresas, la "prohibición" de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional mediante compensaciones económicas a los caseros, el aumento de las ayudas públicas al alquiler, que, en el fondo, van a parar a los bolsillos de los rentistas y permiten que los precios sigan subiendo, o la limitación de las subidas del alquiler a un determinado porcentaje anual, que no pone freno a la tendencia alcista del mercado, sino que solamente la regula.
Este es el tipo de medidas que están defendiendo el grueso de los partidos socialdemócratas. La derecha, por su parte, comparte alguna de estas medidas, al tiempo que ponen un énfasis mayor en la reducción de impuestos a caseros, constructoras e inmobiliarias. No obstante, si bien existen algunas diferencias en el discurso y en el programa de los distintos actores políticos, que exigirían un análisis más pormenorizado, es manifiesto que tanto el Gobierno como la oposición comparten, a nivel general, un diagnóstico y un tratamiento de consenso. Para ellos, el problema de la vivienda es un problema de oferta, por lo que la solución pasa por construir más. De esta forma, políticos profesionales, rentistas, banqueros y empresarios de todo tipo apuestan por seguir haciendo girar la rueda del negocio.
Y es que no nos encontramos ante un problema de oferta, sino de acceso a la vivienda. Es decir, no es que falten viviendas en un sentido material, sino que estas son usadas para obtener beneficios y no para satisfacer las necesidades sociales. Sin ir más lejos, en Aragón actualmente hay 129.870 viviendas vacías (15,4% del total del parque), de las cuales 15.732 se encuentran en Zaragoza. En el Estado español, la cifra alcanza más de tres millones. Además de la existencia de un gran número de viviendas vacías, en los últimos años asistimos a un incremento del uso turístico de la vivienda que, en los últimos dos años, han aumentado un 46% en la provincia de Zaragoza. Y, como ya se ha expuesto, las viviendas "normales" -de uso no turístico- se llevan cada vez una porción mayor de nuestros salarios, contribuyendo al enriquecimiento de la clase capitalista y rentista a costa de la clase trabajadora. Si el negocio va necesariamente ligado a un modelo irracional de distribución y uso de las viviendas, es evidente que la solución no pasa por seguir alimentándolo, sino por acabar con él.
Frente a este tipo de medidas, existe un segundo grupo, en el que englobamos aquellas que implican una reducción de la riqueza de la que se apropian los rentistas. Los intereses de rentistas y banqueros son antagónicos a los de nuestra clase. El dinero que ellos acumulan no cae del cielo, sino que proviene del saqueo de nuestros salarios: lo que ellos ganan, nosotros lo perdemos. Es por ello que el movimiento por la vivienda, si aspira a conseguir mejoras reales en las condiciones de vida de la clase trabajadora, ha de atacar directamente a la ganancia capitalista. Algunas medidas que apuntan en esta dirección son la reducción sustancial de los precios del alquiler y de las hipotecas a costa del beneficio privado, la expropiación de vivienda vacía y turística, o el desmantelamiento y persecución de las empresas “antiocupación”, que actúan como los matones a sueldo de los propietarios para echarnos de nuestras casas a cualquier precio. Creemos que estas medidas son las adecuadas, porque no tratan de engañarnos proponiendo la cuadratura del círculo, sino que apuntan a los culpables reales y a la fuente de su poder y riqueza -y por tanto, de la pobreza y de los problemas de aquellos que no pueden acceder a una vivienda digna-.
Cómo luchar por la vivienda: sobre las maniobras electoralistas y varios apuntes de método
Hasta ahora hemos caracterizado distintas propuestas respecto de la vivienda, y hemos planteado una tabla reivindicativa (reducción sustancial de los precios del alquiler y de las hipotecas, expropiación de vivienda vacía y turística y desmantelamiento de las empresas “antiocupación”) que incluye medidas urgentes para aliviar la crisis habitacional en el corto plazo y para mejorar las condiciones de organización del movimiento de vivienda. Sin embargo, la pregunta que queda por responder es cómo llevarlas a la práctica. Para hacer efectivas las medidas mencionadas, no basta con enunciarlas, sino que es necesario construir el músculo social necesario para imponerlas. Con ese objetivo, el movimiento de vivienda debe dotarse de una orientación táctica y estratégica que le permita crecer tanto cuantitativa como cualitativamente.
En este punto se nos podría señalar, de forma acertada, que una de las medidas estrella anunciadas por Podemos durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado (octubre de 2024) fue la reducción del precio del alquiler en un 40%, así como la expropiación de viviendas de grandes tenedores. Efectivamente, estas son medidas del segundo grupo que hemos distinguido. Pero, para comprender el verdadero sentido de lo que se dice, es necesario analizar el contexto en el que se dice. Desde que los morados abandonaron el Gobierno, no por voluntad propia, sino por la negativa de Sumar a cederles carteras ministeriales, han tratado de posicionarse como el agente más radical dentro del tablero político parlamentario o, dicho de otra manera, como la “alternativa de izquierdas” al gobierno de Sánchez y Díaz. Para ello, se han servido de un nuevo acercamiento -fundamentalmente retórico- a las calles y los movimientos sociales. El anuncio de medidas como la reducción del precio del alquiler o la ruptura de relaciones con Israel ha sido, sencillamente, una jugada más en esta estrategia, orientado a ganar referencialidad entre sectores progresistas que no están siendo representados por el actual Gobierno.
El problema es que no basta con defender medidas transformadoras, es necesario trabajar para hacerlas posibles. Y ahí es donde partidos como Podemos yerran, volcando su estrategia, de forma oportunista, en el juego parlamentario, en vez de tratar de generar un poder que desborde los límites de lo ya dado. Lo que ahora critican ayer lo defendían cuando estaban en el Gobierno, lo que entonces se atribuían como victorias, hoy lo denuncian como medidas insuficientes. La retórica combativa de Podemos cuando está en la oposición se disuelve como un azucarillo cuando ejercen cargos de responsabilidad política. Se podrá argumentar que eso ocurre por su posición de minoría y de debilidad en un Gobierno con mayoría del PSOE, y sería en parte cierto. Pero el problema es entonces esa misma estrategia, que vende medidas que luego va a ser incapaz de aplicar, y sacrifica con ligereza el propio programa con tal de obtener cuotas de representación o relevancia mediática, renunciando a la transformación real de la sociedad para limitarse a gestionar el orden existente de una forma un poco menos mala.
Pero vayamos más allá de las prácticas de los partidos socialdemócratas. Entre los colectivos y sindicatos de vivienda, creemos encontrar también dos enfoques problemáticos en la cuestión del método en la lucha por la vivienda. Con la crítica que sigue no pretendemos menospreciar el esfuerzo y el trabajo de quienes contribuyen a ella desde estas coordenadas, sino señalar las limitaciones que analizamos en nuestra práctica sindical y política. Creemos sinceramente que este ejercicio, si se aborda desde la honestidad, es la única forma de hacer avanzar al movimiento en la consecución de sus objetivos.
En primer lugar, encontramos el lobismo. Esta táctica convierte a los espacios de vivienda en un grupo de presión (o lobi) institucional. Mediante su acción, aspiran a incidir en la administración pública, obtener “favores” de ella y, a lo sumo, conseguir algunas concesiones. En tanto que conciben a las instituciones del Estado capitalista como el agente que solucionará los problemas, los colectivos de base terminan subordinándose a ellas. Por consiguiente, ven reducido su margen de maniobra y menguada su potencia transformadora. Así, sacrifican los objetivos finales y su independencia político-organizativa a cambio de ciertas mejoras inmediatas, venden el coche para comprar gasolina (y así no se llega a ninguna parte). Creemos que uno de los principales aprendizajes que nos ha dejado la última década (15M, gobierno de PSOE-Podemos, etc.) ha sido que buscar atajos, generalmente por la vía institucional, sólo conduce a la desorientación y a la desarticulación de nuestras luchas en el medio-largo plazo.
En segundo lugar, encontramos el asistencialismo, que normalmente acompaña al primero. Esta forma de proceder reduce la actividad de los espacios de vivienda a la gestión de los casos individuales que van llegando, asemejándolos a una suerte de asesoría. Su objetivo es, sencillamente, solucionar el problema concreto que sufre cada afectada sin buscar la forma de articular estratégicamente lo particular con lo general. Así, queda en un segundo plano la tarea de lograr una acumulación progresiva de fuerzas, trascender el localismo, planificar estratégicamente objetivos, o conquistar derechos para el conjunto de la clase. Una vez el caso se ha gestionado, la relación entre la afectada y el colectivo se desvanece. Estos espacios no cuentan con una plan estratégico general y a largo plazo, sino que actúan a rebufo de lo que sucede. De esta forma, se asemejan bastante al grumete de un barco que se está hundiendo y que, mientras los boquetes en la pared se hacen cada vez más grandes, se dedica únicamente a achicar agua. Si bien su labor es indudablemente necesaria, es también insuficiente.
Aunque en ningún colectivo de vivienda somos ajenos a estas dinámicas, en nuestra ciudad podemos encontrar un caso que en varios aspectos encaja en esta descripción y con su problemático final para el movimiento. Nos referimos al colectivo de Stop Desahucios, que tras un gran auge entre el 2010 al 2019, comienza a decaer tras la perdida de la alcaldía de ZeC y por ende perder buena parte de su capacidad "lobista" con un ayuntamiento con el PP en el poder. Su actividad estuvo también bastante focalizada en impulsar la redacción de una ley de vivienda, que al final se escribió en las bambalinas de los despachos del PSOE. Hace unos meses comunicaban por medio de sus redes sociales un parón en su actividad por falta de militancia, implicación y porque se estaban convirtiendo en sus propias palabras en "algo parecido a una gestoría". Sin entrar en un análisis más concreto de cómo hemos llegado hasta aquí, creemos importante hacer balance de esa experiencia, entendiendo que los pasos que se dan colectivamente nunca son en vano, que sirven y deben servir para sacar lecciones y no tropezar con las mismas piedras. Como indicaban ellas mismas en su último comunicado, esperamos seguir viéndonos en las calles.
Frente a estas dos tendencias, a veces difíciles de evitar, defendemos un sindicalismo de vivienda capaz de marcar su propia agenda, que no se limite a parar desahucios sino que tenga objetivos propios y la capacidad de tomar la iniciativa para llevarlos a cabo, así como de seleccionar tácticamente los conflictos que se quieren disputar. Un sindicalismo que no se conforme con migajas, y que mantenga su independencia frente a los políticos profesionales de turno, decidido a señalar en todo momento sus contradicciones. Que busque ampliar su base social entre la clase trabajadora, y acumular fuerzas a través del conflicto, colectivizando las problemáticas individuales y entendiendo que nunca nos han regalado nada.
Necesitamos sindicatos fuertes, capaces de financiar su actividad de forma autónoma y dotados de herramientas comunicativas que les permitan hacer llegar su mensaje a cada vez más personas. Que consigan trascender el marco local y sectorial impulsando la relación con otros territorios y luchas para golpear con un solo puño. Sindicatos que preparen a sus integrantes, tanto práctica como teóricamente, para enfrentar las tareas y retos que nos esperan, que consigan borrar progresivamente la brecha entre militantes y afectadas. Además, señalamos también que precisamente, por enfrentar la ganancia de los caseros y rentistas, es irremediable que nos topemos también con la represión. El movimiento de vivienda debe fortalecerse y formar alianzas con los sectores que puedan ayudarle a enfrentar las consecuencias penales, administrativas y económicas de la lucha, y desarrollar estrategias para resistir mejor la represión. En la misma línea, es necesario ser capaces de explicar que la represión surge de la resistencia de las clases dirigentes a perder su dominio político y económico, y no por "abusos" policiales o judiciales particulares.
En cualquier caso, debemos tener presente que si queremos solucionar realmente el problema de la vivienda, no basta con ir poniendo parches puntuales o construyendo diques de contención, sino que debemos atajar la raíz del problema: el hecho de que la vivienda, en el capitalismo, sea una mercancía.
Por una vivienda gratuita, universal y de calidad
Como decíamos, las medidas urgentes planteadas más arriba deben ir necesariamente de la mano de unos métodos de lucha específicos: estos no pueden ser, por los motivos esgrimidos, ni el asistencialista ni el lobista. Hemos apuntado, además, que estas medidas inmediatas, por sí solas, no solucionarían el problema de raíz. Las medidas de urgencia siempre han de entenderse como momentos o pasos dentro de una hoja de ruta general que nos permita acumular fuerzas hacia la única solución real y definitiva al eterno problema de la vivienda: que la vivienda sea universal, gratuita y de calidad.
Mientras la vivienda siga siendo una mercancía, seguirá siendo un negocio. Y mientras siga siendo un negocio, seguirá habiendo quienes, por un lado, acumulan riqueza y utilizan la vivienda como un bien de lujo, y quienes, por otro, ven sistemáticamente negado su acceso a una vivienda de calidad. Los primeros son los miembros de la clase capitalista (conformada por rentistas, banqueros y empresarios de todo tipo) y, los segundos, aquellos que pertenecemos a la clase trabajadora. Es importante explicitar esto porque, en muchas ocasiones, la lucha por la vivienda ha difuminado el antagonismo existente entre ambas, apostando por sujetos intermedios e interclasistas como el inquilinato. Si bien es cierto que la aplastante mayoría de personas inquilinas pertenecen a la clase trabajadora, de esta forma se renuncia a delinear el verdadero antagonismo de intereses de clase que subyace a la cuestión de la vivienda, y que va más allá de la relación particular casero-inquilino.
Ante esta situación, urge dejar claro que el problema de la vivienda, en el capitalismo, es estructural y fundamentalmente de clase. Opera como un mecanismo de transferencia de riqueza de la clase trabajadora a la clase burguesa: ya sea mediante el alquiler o mediante la compra de una vivienda para vivir, aquellas personas que solo poseen su capacidad de trabajo deben dedicar grandes cantidades de sus salarios y pensiones a conseguir un techo bajo el que habitar. Por otra parte, otras personas quedan directamente fuera de estas dos vías de acceso a la vivienda. Por lo tanto, el sujeto de la lucha por la vivienda ha de ser el conjunto de la clase trabajadora, independientemente de que viva de alquiler, esté pagando la hipoteca, okupando, viviendo en casa de sus padres o en la calle. La reivindicación del inquilinato como sujeto político propicia que se genere una lucha por la vivienda en clave corporativa que, en lugar de elaborar un programa universal para la clase trabajadora, deje de lado al proletariado migrante, a los sectores más empobrecidos, etc. Frente a esta posible deriva, la lucha por la vivienda debe estar a la altura del reto de articular un sujeto unitario y de clase, que acoja en su seno a personas de diferentes identidades de género, nacionalidades, orientaciones sexuales, situaciones laborales, religiones, etc, propiciando la construcción de un horizonte común que no deje a nadie atrás.
Si queremos avanzar hacia una vivienda gratuita, universal y de calidad, no podemos articular nuestra lucha de forma fragmentaria y corporativa, tampoco a través de formas de acción que, en su ansia por conseguir victorias inmediatas, terminan sacrificando los medios para realizar transformaciones de calado, ni mucho menos confiando en la buena voluntad de los rentistas o en los políticos profesionales que, tanto de izquierdas como de derechas, nos demuestran día tras día su complicidad con los capitalistas.
Para conseguir que la vivienda deje de ser una mercancía, la sociedad debe dejar de regirse por los imperativos que marcan el negocio y el mercado. La vivienda únicamente se utilizará en base a las verdaderas necesidades humanas cuando la sociedad se organice de acuerdo a criterios racionales. Y esto es imposible mientras el poder político siga estando en manos del Estado capitalista y políticos profesionales de uno u otro color. La actual maquinaria institucional está diseñada para defender los intereses de rentistas, banqueros y empresarios. Por ello, es necesario destruirla para transitar hacia una sociedad en la que la vivienda sea realmente un derecho ¿Con qué reemplazarla? Con el gobierno de la clase trabajadora, basado en instituciones realmente democráticas y colectivas. Pues, si la clase trabajadora tuviera la capacidad de gobernar, podríamos expropiar a quienes se apropian de la riqueza colectiva, y decidir qué producir y cómo, de tal forma que la producción respondiese a nuestras necesidades y no a la acumulación de beneficio privado. Si queremos comenzar a dar pasos en esta dirección, nuestra primera tarea ha de ser la constitución de la clase trabajadora en partido político propio e independiente separado de, y opuesto a, todos los partidos capitalistas.
Sabemos que la forma "partido" suscita profundas sospechas y recelos en el contexto actual, debido al descrédito de los partidos políticos parlamentarios que nosotros mismos hemos señalado. Sin embargo, el problema con dichos partidos no es que sean organizaciones políticas en abstracto, sino los intereses de clase que representan. Su problema es que su programa, sus métodos y su funcionamiento se orientan a reforzar el orden capitalista. La política es el terreno en el que se libran las batallas sociales en el nivel de lo general y, por tanto, la aspiración de transformar la sociedad en su conjunto pasa por la construcción de una herramienta política a la altura de este cometido. Ahora bien, la finalidad de esta herramienta que aspiramos a construir (el partido independiente de la clase trabajadora) no puede gestionar el Estado capitalista, sino desmantelarlo. No puede ser conquistar simpatías o votos renunciando a sus principios, sino convencer de la justeza de los mismos.
De lo que se trata, en conclusión, es de contribuir desde cada uno de nuestros frentes de lucha particulares, también desde el movimiento por la vivienda, a la construcción de esta herramienta: una alternativa política integral al capitalismo. Esto es, a la construcción de un partido revolucionario y socialista.
