La situación penitenciaria del estado español, sin haber sido nunca aceptable, se deteriora aceleradamente al ritmo de los recortes neoliberales impuestos por la Troika y ejecutados por los gobiernos del PP. En este contexto de saqueo del capital a las rentas de la clase trabajadora, no solo la Educación, la Sanidad, la Ciencia o la Cultura ven mermada su capacidad como herramientas redistribuidoras de riqueza en la sociedad, también las personas presas sufren estos 'recortes', y además, y como siempre, son sometidas a procesos de invisibilidad, incluso en los casos excepcionales en los que las personas presas cuentan con una red de apoyo en el exterior de la prisión.
Hace poco más de una semana que Mercedes Gallizo, quien fuera Secretaria General de Instituciones Penitenciarias del estado español durante los años 2004 a 2011, presentaba en Zaragoza su libro “Penas y personas”, en el acto tuvieron algunas destacadas intervenciones activistas en defensa de los derechos de las personas presas y recordaron tanto a la autora como al público asistente algunos casos como los de Noelia Cotelo Riveiro que lleva privada de libertad, bajo estrictos regímenes de aislamiento, 5 años. También podemos destacar entre algunos de los casos en los que los grupos de apoyo consiguen visibilizar la dura situación de las personas presas los juicios a activistas políticos vascos o algunos casos de menores denunciados por diferentes asociaciones. En el artículo que sigue a esta breve introducción Beatriz Pérez explica acertadamente la situación de abandono de los enfermos mentales en las prisiones.
DIAGONAL | Beatriz Pérez | Interior ha recortado los medicamentos en prisión un 7,83% en los últimos años, lo que dificulta el tratamiento de enfermedades mentales en la cárcel.
“Lo que han hecho las prisiones es sustituir a los antiguos manicomios”, afirma Valentín Aguilar, coordinador del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Esta organización publicó, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, un informe para denunciar el abandono de los enfermos mentales en prisión. En las cárceles de todo el Estado español, dice Aguilar, “hay en torno a un 8% de enfermos mentales graves. Ellos necesitan una atención especializada para solucionar sus problemas. No deberían estar ahí”. Estas personas, al no contar con medios que permitan tratarles, sufren un abandono asistencial del que ni el Ministerio de Interior ni los territorios acaban por hacerse cargo. La cárcel y lo que esta supone –privación sensorial, sexual, afectiva, entre otros muchos problemas– no hace sino acentuar la gravedad de los trastornos.
Eludir responsabilidades
Pero las dificultades no acaban ahí. En los últimos años, el presupuesto de los gastos sanitarios y de los medicamentos en prisiones se han reducido un 7,83%, tal y como denuncia la APDHA. ¿De quién es la responsabilidad? Según Aguilar, existen competencias compartidas entre la administración estatal y las autonomías, si bien existe al respecto una evasión de responsabilidades y la pelota rebota de un tejado a otro sin que nadie se decida a encarar el asunto y ponerle solución. “Por ejemplo –explica–, los médicos de atención primaria que están en prisión pertenecen al Ministerio de Interior. Pero la atención especializada (a los enfermos infecciosos para el caso del VIH o el psiquiatra para el de los enfermos mentales) la lleva a cabo la propia Consejería de Sanidad de Andalucía. Nosotros criticamos a ambas administraciones”. Sin embargo, el coordinador del área de cárceles, aparte de denunciar el “importantísimo” recorte de fármacos en las prisiones, revela que esta competencia, la farmacológica, es “exclusiva del Ministerio de Interior”. Mucha de la gente que entra en prisión deja automáticamente de recibir el tratamiento que tomaba cuando estaba en la calle, lo que contradice la legislación vigente, que dictamina que las personas de las cárceles deben tener la misma asistencia sanitaria que la población libre. “Pero esto no ocurre. Esta gente se queda a la intemperie, desasistida”, dice Aguilar.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia en su informe que la mayoría de los presos con enfermedades mentales se encuentra en la cárcel porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellos. Se utilizan las prisiones, dicen, como sustitutos inapropiados ante la inexistencia de recursos asistenciales, “mostrando el gran fracaso que como sociedad tenemos en esta materia”. Solamente en Andalucía, de un total de 15.500 internos, alrededor de 1.250 padecen enfermedades mentales graves y unos 6.200, transtornos mentales y de la personalidad.
Catalizadora de enfermedades
César Manzanos, representante de la Asociación de Apoyo a Personas Presas y Detenidas Salhaketa, expone las pésimas condiciones que existen en las cárceles del Estado. Para él, la prisión por sí misma genera enfermedad mental, con el agravante además de que no cuenta con los dispositivos suficientes para afrontar estas dolencias. Y va más lejos: “La cárcel no tiene ningún sentido, debería prohibirse. Si se aplicara la ley en las prisiones españolas, deberían cerrarse porque se están violando el derecho a la integridad física, a la salud mental, a la vida, al trato digno, etc”. En este sentido, Manzanos opta por crear una respuesta adecuada a cada tipo de delito y no dar la misma a todos ellos. “No es lo mismo un violador o un asesino que un trapichero. Y el 80% de las personas que están en las cárceles son trapicheros”, dice.
Valentín Aguilar reconoce un hacinamiento en las cárceles del estado español, esto es, una sobreocupación de las plazas penitenciarias. ¿Por qué ocurre esto? “Porque en este país tenemos uno de los sistemas penales más duros de Europa”, explica. Paradójicamente, el Estado español tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de toda la Unión Europea, al situarse más de 15 puntos por debajo de la media, según el Informe Anual de la Seguridad en España 2012 de la Fundación ESYS. Así, el índice de criminalidad se situó ese año en un 48,4%, lo que quiere decir que, por cada mil habitantes, se produjeron un total de 48,4 delitos. La media de la Unión se situó aquel año en un 64,9%. Atendiendo a datos del Ministerio de Interior, este índice bajó en nuestro país un 0,7% con respecto a 2011, lo que ha provocado el envío de mensajes triunfalistas desde el seno del actual Gobierno, que sin embargo sigue sin mover ficha para mejorar la situación de las personas en las cárceles.
Con respecto a los principales problemas de salud mental, las investigaciones se remontan a 2009. Sobre una muestra de 700 internos, los resultados mostraban trastornos mentales comunes en más de un 41% de ellos, de los cuales un 23% mostraba cuadros de ansiedad, un 17% trastornos dependencia a drogas, casi un 15% tenía un transtorno afectivo de tipo depresivo y un 4,2% trastornos psicóticos, según un informe de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
A juicio de Valentín Aguilar, en el Estado español, pese a su seguridad, “muchísimas conductas están criminalizadas, frente a otros países en los cuales no hay tanta criminalización”. Además, aquí existe una sobredimensión del sistema penal. En el Estado español “todo recurre al sistema penal y esto produce muchas penas y, además, muy duras”, lamenta. Y, cuanto más larga sea la pena, más posibilidades de trastorno mental hay.
Bajo la retórica de la seguridad, existe otra realidad: la de que la mayor parte de las personas que están en prisión son personas marginadas socialmente. “Éstas son las personas que principalmente se persigue”, dice César Manzanos. “La prisión reproduce esa delincuencia que dice combatir. Y todo esto explica el abandono que sufren los enfermos mentales en prisión”, finaliza.
