Izquierda Unida de Uesca ha solicitado información al Departamento de Presidencia y Justicia sobre la modificación del contrato de las obras de ejecución del Palacio de Justicia que ha supuesto un incremento de casi medio millón de euros sobre el presupuesto inicialmente previsto. Para ello, el portavoz de IU en la Comisión del ramo, Adolfo Barrena, ha formulado dos preguntas al consejero Roberto Bermúdez de Castro en relación con las razones que justifican la necesidad de modificar el contrato para la construcción del nuevo edificio de la Audiencia Provincial y Juzgados y, a la vista de ellas, dilucidar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de las mismas.
IU recuerda que la adjudicación de las obras de ejecución del Palacio de la Justicia de Uesca se hizo conforme al proyecto elaborado por el Estudio de Arquitectura Olano y Mendo SLP. Una vez en marcha las obras, el pasado 18 de octubre el Gobierno de Aragón publicó en el BOA el anuncio de la modificación del citado contrato de obras, adjudicada por un importe de 467.353,68 euros a la UTE Juzgados de Uesca.
"El informe que justifica dicha modificación señala, para justificar la necesidad de la misma, la imprevisibilidad en el Proyecto inicial de diversas cuestiones, señalando tres grupos de causas, el primero de los cuales hace referencia a causas sobrevenidas como consecuencia de la falta de definición y especificación de algunas de las instalaciones proyectadas, para cuya ejecución es necesaria una mayor precisión y detalle” añade IU.
En este sentido, Izquierda Unida afirma que las razones en las que se fundamenta este incremento de casi medio millón de euros en el presupuesto “no están suficientemente justificadas toda vez que la falta de definición en el proyecto original no puede calificarse como un hecho imprevisible”. Por ello, y "por si pudiera derivarse alguna responsabilidad por una deficiente redacción del proyecto", solicita al Consejero de Justicia que explique cuáles son las instalaciones que han obligado a instar la modificación del contrato y cuál es el importe que supone su mayor definición y, en su caso, si su Departamento va a pedir alguna responsabilidad al gabinete redactor del proyecto por dichas indefiniciones.
IU pide la paralización cautelar de las obras en el monte Yésero
Por otra parte, Izquierda Unida solicita al consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, que comparezca en las Cortes para informar sobre las obras para la captación de agua de la Fuente del Pino -promovidas por la Diputación de Uesca (DPH) y el Ayuntamiento de Yésero- y pide la copia de los informes emitidos por la Dirección General de Medio Natural (julio de 2003) y por el INAGA (octubre de 2007), en relación con este proyecto, así como de cualquier otro informe emitido por organismo competente en el mencionado proyecto.
Además, su consejero en el Alto Gállego, Jesús Escartín, presentará ante el Pleno de la institución comarcal una moción sobre este proyecto en el que advierte también sus importantes afecciones medio ambientales, denunciadas por Ecologistas en Acción el pasado 22 de octubre.
Escartín hace referencia al Decreto Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, en concreto, el consejero comarcal de IU recuerda que su artículo 27 establece que son competencias de la comarca, entre otras, “la colaboración en la conservación y mejora de los suelos agrícolas y forestales sitos en su territorio y la lucha contra la erosión” y, en cualquier caso, “es obligación de nuestra comarca, velar por el interés general y conservación de nuestro rico patrimonio natural”.
Por este motivo, IU, a través de la a Propuesta de Resolución que presentará ante el Pleno, propone a la comarca del Alto Gállego que inste a su presidente para que solicite al Ayuntamiento de Yésero y a la DPH, la paralización cautelar de las obras, en tanto en cuanto se aclaren los hechos denunciados por el colectivo ecologista. Además, que reclame al INAGA la copia de los informes existentes en relación a estas obras, al objeto de supervisar por la comarca la legalidad de las mismas y, en el caso de que los servicios jurídicos de la entidad entiendan que se ha vulnerado la legislación, presente una denuncia ante el juzgado o se persone en la causa que pudiera existir por denuncias de algún colectivo o entidad pública.
