DIAGONAL | Raúl de Frutos | La empresa Unipost, el más importante operador postal privado del Estado español, ha forzado las condiciones de un ERE que va a provocar el descenso del 10% del salario de su plantilla, dejando pendiente su decisión sobre el despido de parte del personal. Ésta ha sido la enésima maniobra de la empresa en un largo conflicto laboral que está durando ya más de tres años y en el que todo el personal contratado por la empresa ha sufrido importantes reducciones de salario, que superan en algunos casos el 30%.
Unipost es una empresa postal que opera en el territorio español y que emplea, según sus propias cifras, a 4.700 personas entre contratos directos e indirectos, ingresando 110 millones de euros anuales. Según la empresa, su compromiso es la calidad y su objetivo es ofrecer los precios más competitivos del mercado. Por ello, la dirección ha iniciado una pugna contra su principal competencia, la empresa pública Correos, que mantiene el 25% de la cuota de mercado.
La familia Raventós controla el 55% del capital de la empresa, mientras la compañía alemana Deutsche Post posee un 37% del accionariado. Ambos accionistas mantuvieron durante 2012 un enfrentamiento al negarse el grupo alemán a hacerse con el 100% de la empresa según un supuesto acuerdo, compra que no llegó a completarse, aunque el principal accionista sigue dispuesto a dar entrada en su accionariado a nuevos socios.
El último capítulo del ataque a los derechos de la plantilla de Unipost se ha confirmado por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, árbitro del conflicto, en el que se autoriza a la empresa a reducir las percepciones correspondientes a salario base, plus de zona, antigüedad y plus de especialista en un 10% desde el 31 de julio de 2013 hasta el 30 de abril del 2014, puntualizando que dicha rebaja de percepciones se llevará a cabo desde el 1 de agosto. Además, la empresa comunica a la representación sindical la reducción a partir del 1 de septiembre del 10% de todos los complementos personales o mejoras voluntarias percibidas por toda la plantilla, bien sea con carácter individual o colectivo en virtud de acuerdo individual.
Desde la sección sindical de CGT se informa que la empresa ha desestimado su pretensión de realizar despidos, aunque deja claro que quiere llevarlos a cabo en los próximos meses. La empresa, además, comunica que va a seguir aplicando hasta el 31 de diciembre el ERTE de suspensiones que llevan sufriendo todo el año 2013 su personal.
Tanto CGT como CC OO han decidido impugnar ante la Audiencia Nacional las reducciones salariales impuestas por la empresa y por el laudo arbitral. Además, explican que, según el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, si la persona contratada resultase perjudicada por modificaciones sustanciales –como es en este caso la rebaja salarial–, tiene derecho a rescindir su contrato unilateralmente, percibiendo además una indemnización de 20 días por año trabajado, hecho que puede tener especial relevancia en personas de más de 60 años que estén en la plantilla, a las que recomiendan que acudan a las oficinas de la Seguridad Social para calcular su pensión y prestación por desempleo, ya que podrían resultarles más beneficiosas que continuar en la empresa.
Denuncias contra Raventós
La misma familia Raventós se encuentra envuelta en varios escándalos de fraude y corrupción. Propietaria también del Grupo Prainsa para la elaboración de elementos de hormigón, han sido denunciados en numerosas ocasiones por el personal de la empresa por el incumplimiento de medidas básicas de prevención y seguridad laboral, y ha adeudado a la plantilla al menos siete nóminas y las indemnizaciones correspondientes, mientras esperan el concurso de acreedores para dar por finalizado su modelo de negocio en la empresa. Mientras, cientos de familias se encuentran en situación de desamparo al no percibir los ingresos que les corresponden por derecho. La familia Raventós, además, es propietaria de la empresa Codorníu, donde no ha estado exenta de polémica al emplear a población reclusa para la elaboración de sus cavas, como se supo en el año 2010 a través del Grupo Antimilitarista Tortuga. La empresa tenía trabajando a presidiarios en sus bodegas de Lleida, sin pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, sin cobertura sindical y sin asistencia sanitaria, por salarios que rondaban los 150 o 200 euros mensuales. Con Codorníu también salió a la luz la destrucción de 62 hectáreas de bosque en California para la ampliación de sus bodegas, que se llevó por delante más de 50 especies de plantas y animales, muchas de ellas especies en peligro.
