Una -otra- de las situaciones más sangrantes del llamado estado de derecho choca de frente contra el muro que supone la representación parlamentaria, o cabría decir los intereses empresariales de un pequeño grupo de grandes imperios que mueven a su antojo los hilos del poder ejecutivo. El grupo parlamentario Izquierda Plural presentó el pasado 26 de junio en el Congreso de los Diputados una moción que proponía la puesta en marcha de una auditoría “energética”, un análisis independiente de la composición del déficit tarifario -espada de Damocles utilizada contra uno de los sectores más prometedores de la economía española, el de las energías renovables, más allá de las positivas repercusiones ambientales y económicas- así como la metodología de retribución de la producción, transporte y distribución de electricidad. La propuesta fue neutralizada a las primeras de cambio por un rodillo que se erige en adalid de la democracia –300 de los 323 diputados presentes aquel día en el Congreso votaron en contra o se abstuvieron–, “su estado de derecho” volvió a salir reforzado, el derecho a la información volvió a quedar conculcado.
Sirva el presente artículo como una serie de entregas que pongan sobre el tapete estas cuestiones, con toda la mala intención adicional de soliviantar el ánimo de los lectores ante uno –otro– de los robos que nos “estamos merendando con patatas” y, por qué negarlo, animar, entre otras pretensiones, a apostar por la que yo lo han hecho alrededor de 9.000 cooperativistas, Som Energia, la Cooperativa de producción y consumo de energía renovable, y finalmente, den el paso de cambiar de comercializadora y abandonar “las grandes” del oligopolio.
1.- El déficit de tarifa: la usurpación del derecho a decidir
Hasta el 1997 las distintas tecnologías de generación eléctrica funcionaban en lo que se conocía como el Mercado Legal y Estable -MLE-. Era un sistema en que cada tecnología tenía reconocido su coste de generación y, en función de él, eran remuneradas, junto con un margen comercial como todas las actividades empresariales. Más allá de si este coste reconocido era el adecuado o no, han corrido ríos de tinta sobre la amortización de activos nucleares que nunca entraron en funcionamiento, el rescate subsiguiente de las grandes eléctricas en lo que se conoció como moratoria nuclear y otras cuestiones no menores como qué debe incluirse en el kWh de origen nuclear, por ejemplo, sí que es cierto que la publicación vía decreto de estos precios daba cierta trasparencia al sector.
Como ventaja añadida del anterior sistema cabe indicar también que la planificación energética cobraba sentido, pues mal que bien era el Gobierno del Estado español quien, escuchando en mayor o menor medida a los distintos sectores, dirigía las políticas –energéticas– en una dirección u otra, o lo que es lo mismo, no sólo el beneficio empresarial era el que marcaba la evolución de las tecnologías. Tampoco se va a analizar lo que ocurrió en aquel entonces, pues las millonarias inversiones en activos nucleares que –afortunadamente– nunca entraron fueron fruto de aquella planificación, aunque su recuperación a través de los consumidores sí que tuvo su planificación correspondiente.
La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico supuso una ruptura con todo lo anterior, se abandonó la noción de servicio público –algo que nos sigue sonando en relación a otros sectores- y la explotación unificada del sistema eléctrico dejó igualmente de ser un servicio público de titularidad estatal. Por otro lado, introdujo una nueva figura en el mercado: la comercializadora, resquicio que nos permite a Som Energia, por ejemplo, apostar y empujar hacia sectores más limpios como las energías renovables. En la práctica, el mercado como tal nunca se liberalizó, no sólo porque 15 años después estemos bajo un escandaloso oligopolio, sino porque la única parte que se liberalizó fue la correspondiente a la generación eléctrica.
Los gurús del libre mercado vaticinaban un sector competitivo, autoregulado -como todo lo que se desregula-, y que, finalmente, llevaría a una disminución de coste para el consumidor. Tres lustros después, y con gobiernos de ambos integrantes del bipartidismo y sus apoyos interesados, solamente quienes lo impulsaron no ven su estrepitoso fracaso y a dónde nos ha conducido.
Siendo extremadamente benevolentes con el llamado sistema democrático, tanto en lo referido a la ley electoral como al manido concepto de democracia, que se traduce en la nula implicación de la ciudadanía en las decisiones que le afectan más allá del depósito de una papeleta en una urna cada 1.461 días - 20 decisiones durante toda la vida, a lo sumo-, apoyando un programa que habitualmente se desconoce y que últimamente incluso es contrario a lo propuesto; pues eso, con esa extremada benevolencia aceptaremos que el nuevo diseño para el mercado eléctrico fue una decisión democrática y decidida colectivamente. En todo caso, que cada cual saque sus conclusiones y asuma sus responsabilidades; no es éste tampoco el objeto de esta entrega.
Este nuevo diseño sustituyó el obsoleto sistema regulado de reconocimiento de costes por otro más moderno y a la altura de las circunstancias, como siempre ha estado –y sigue estando- el bipartidismo y sus parásitos acompañantes. Un análisis aceptablemente simplificado y asequible al común de los consumidores es objeto de la siguiente entrega, a la cual quedan emplazadas los lectores. Para ir abriendo boca citamos su idea fuerza: “Windfall profits”, sobrealimentando los obesos beneficios de las grandes del sector. Windfall profits son los palabros técnicos -anglicismos- que nos hacen hacer el ridículo allá donde todavía queda sentido común, "beneficios caídos del cielo".
En definitiva, que estamos ante un cambio normativo que hace desaparecer la planificación energética y que, a la postre, está suponiendo un enriquecimiento del sector –por lo menos de las grandes del sector- paralelamente a un encarecimiento de la electricidad. El precio de la electricidad, o más bien, los precios de la electricidad, su exagerado consumo y sus repercusiones ambientales es objeto de otro debate al cual, por lo menos por ahora, no entramos.
En este nuevo sistema, el precio del kWh que llega a nuestro hogar se compone de dos partes, una fija –el término de potencia, constante para la potencia contratada - y otra variable –el término de energía, proporcional al consumo individual-. Ambas partes tienen que costear la generación de electricidad en sí misma y, por otro lado, lo que se conoce como peajes -ATR: Acceso de Terceros a Redes-, dicho llanamente la utilización física del sistema -parte del sistema no desregulada. La formación del precio y lo que incluye cada parte se deja igualmente para otra entrega, en todo caso sí que adelantamos que en necesario conocerla, porque de ahí finalmente surge el llamado déficit de tarifa que se está utilizando en beneficio de unos pocos y en detrimento de otros muchos, particularmente del sector de las renovables.
En definitiva, oficialmente se tienen unos costes reconocidos a las compañías eléctricas y unos ingresos vía facturación. Si los costes son mayores que los ingresos se entra en déficit. Importante insistir en que estos costes siguen regulados, por lo que es el Gobierno quien tiene potestad para fijarlos.
Esta posibilidad tiene aplicaciones interesantes. Una de ellas es reconocer ciertos costes de manera que las compañías nunca tengan pérdidas, por seguir con la benevolencia -la auditoría pretendía verter un poco de luz sobre el tema-. Claro que cualquier PYME que entre en pérdidas ya sabe lo que le queda. En todo caso esta posibilidad no es nueva, es una herencia ya utilizada en el MLE.
Otra de las aplicaciones de este reconocimiento de costes, y dado que la electricidad al igual que otros muchos productos cuenta para el cálculo de la inflación, es que el Gobierno de turno tiene cierta capacidad de controlar la inflación. Sobra decir que controlar la inflación, o por lo menos en la medida de lo posible, es una herramienta política importante.
Esta última posible aplicación se convierte en realidad allá por el año 2.002. El precio del barril de crudo estaba relativamente bajo, por debajo de los 20 $; la electricidad, por tanto, también estaba barata, además de que el Gobierno de entonces -PP- gustaba de alardear con bajadas o no subidas en el recibo de la luz. En ese año, y con la intención de no subir el recibo de la luz por encima de un porcentaje inasumible políticamente hasta el año 2.010, el archiconocido Rodrigo Rato, ministro de economía por aquel entonces, acuerda con las eléctricas la fórmula del déficit de tarifa. La diferencia entre lo que supone el coste de la electricidad y lo que abona el usuario pasa automáticamente a convertirse en deuda.
Es decir, el Gobierno toma una decisión que en cualquier otro producto de consumo directo siempre ha tomado el consumidor, la decisión de endeudarlo. Para otro tipo de cuestiones, ya sea para la adquisición de vivienda, un vehículo, emprender una actividad empresarial, etc. la decisión siempre es -ha sido- potestad del consumidor.
No se va a entrar en el debate sobre el concepto de deuda en general, más allá de la cuestión eléctrica. Cuestiones como el coste de servicios básicos como la sanidad, educación, la dependencia, etc. que no cuentan con ingresos directos por “venta” de los mismos, y que sufragamos –mejor o peor– a través de nuestros impuestos, otro tipo de deudas, su legitimidad, etc. se escapan del alcance del presente artículo.
El quid de la cuestión y objeto de la presente entrega, es denunciar el mecanismo del déficit como herramienta política utilizada por el Gobierno en una decisión que en ningún caso del correspondía, una –otra– completa socavación de lo que debiera entenderse por democracia, esa decisión corresponde única y exclusivamente al consumidor. Sobre todo, y además, porque esa no adaptación de la realidad –o no tan realidad– del coste de la electricidad al precio de la misma no implica que esa diferencia desaparezca, simplemente es un trasvase a futuro de la misma y, lógicamente, con intereses -como ya estamos viendo-. ¿Quién son el Gobierno, las eléctricas y la banca para decidir si yo quiero endeudarme al comprar electricidad? Seguro que la misma cuestión planteada con otros productos de consumo diario –por ejemplo, el pan– sonaría inverosímil y ridícula: si sube la barra del pan ¿decide el Gobierno concederme porque sí un crédito para comprar un par de barras cada día?
Claro que el mecanismo del endeudamiento es, por desgracia, recurrente; beneficia a sectores mimados por los gobiernos. El primero la banca, que se dedica a hacer dinero con dinero de los demás, a vender dinero. Le siguen las eléctricas, que se garantizan unos ingresos porque aunque suba el precio el consumidor no lo iba a notar en aquel corto plazo, sí posteriormente, pero “que le quiten lo bailao”. Además de que ralentiza la preocupación por el consumo desmesurado de electricidad. Por qué no decirlo, también perjudica a quien tiene que perjudicar, evidentemente. El endeudamiento a la larga y en una situación como la presente facilita notablemente otro tipo de medidas como, por desgracia, estamos sufriendo durante los últimos años, la vuelta a la esclavitud. Quizás los intereses repartidos individualmente no supongan mucho, pero "tacita a tacita" hay quien se frota las manoa.
Abundemos un poco en el mecanismo del déficit, y como bien describe Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables, en el documental #Oligopoly2. Al principio esa diferencia la garantizaba el Gobierno. Con dicha garantía del Gobierno las eléctricas iban a las entidades financieras quienes les adelantaban dicho déficit. Todo más o menos dentro de lo previsible, salvo que no contaron con dos cosas. La primera es que el precio del crudo a partir del 2.004 empezó a subir -hasta más de 140$ el barril allá por el 2.008-. Año en el que, por otro lado, la crisis financiera mundial daba sus primeros latigazos y los bancos empezaban a carecer de liquidez, por no decir directamente arruinados, por lo que ya no pueden adelantar dicho dinero a las eléctricas. A partir del año 2.009 este déficit ya se convierte en deuda pública. Por tanto, entre el 2.004, que empieza a subir el petróleo, y el 2.008 ningún gobierno "quiso darse cuenta" de lo que estaba ocurriendo.
Durante todos esos años el precio de la electricidad debería haberse adaptado a los costes reales de generación, y cuando se dice a los costes reales se está diciendo a los costes reales, que en realidad nadie parece tenerlo claro y la propuesta de auditoría pretendía analizar.
En definitiva, el “rodillo democrático” muestra muy poco interés -por no abandonar la benevolencia que ha caracterizado el artículo- en que el ciudadano conozca los subterfugios de los que se sirve para seguir manteniendo su “status quo”. Afortunadamente, iniciativas como la Plataforma por un nuevo modelo energético, se constituyen como herramientas de contrapoder ciudadano con las que empezar a “hincar el diente” a estos asuntos. Y otras, como Som Energia, que buscan resquicios del sacrosanto mercado para avanza igualmente hacia ese nuevo modelo energético, más limpio en todos sus aspectos: de transparencia, de impacto en el medio ambiente, etc.
Próximas entregas:
- “Windfall profits”: sobrealimentando los obesos beneficios de las grandes del sector
- Las puertas giratorias: el oligopolio energético mano a mano con los partidos mayoritarios
- La tarifa eléctrica, el déficit y otras cuestiones ¿menores?
Información complementaria:
- Plataforma por un nuevo modelo energético
- #Oligopoly2. El imperio eléctrico contra todxs [Documental]
- Trescientos diputados paralizan la auditoría energética
- Texto íntegro de la moción de los 23
Luis Lorente, miembro del grupo local de Uesca de Som Energia | Para AraInfo
