Teruel Existe advierte al MITECO de que levantar la suspensión del Clúster del Maestrazgo supondría “blanquear la corrupción”

El Movimiento ciudadano rechaza las presiones de Viento Alto y Copenhagen Infrastructure Partners para iniciar las obras mientras quedan cuatro recursos contencioso-administrativos pendientes y continúa la investigación penal del caso Forestalia. Defiende el turismo y la ganadería como motores económicos del Maestrazgo, cuestiona el empleo prometido por las macroeólicas y alerta del impacto ambiental y demográfico del proyecto.

18 noviembre, 2026. 13:19
Ernesto Romeo y Mariano Tomás, portavoces del Movimiento Teruel Existe.

Teruel Existe ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que mantenga la suspensión de las obras del Clúster del Maestrazgo mientras continúen abiertos los procedimientos judiciales relacionados con el macroproyecto eólico. El Movimiento ciudadano considera que levantar las medidas cautelares sin esclarecer las presuntas irregularidades ambientales investigadas en el caso Forestalia supondría una falta de respeto a la justicia y a las garantías democráticas.

Ernesto Romeo y Mariano Tomás, integrantes del grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe, han denunciado este martes 17 de noviembre la presión que, a su juicio, están ejerciendo la asociación de alcaldes Viento Alto y el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), actual propietario del proyecto, para conseguir que el Ministerio permita comenzar los trabajos.

La controversia se intensificó tras la sentencia del Tribunal Supremo del 26 de octubre, que desestimó uno de los recursos contencioso-administrativos presentados contra el parque eólico El Cid I y la evaluación ambiental conjunta de los 22 parques del Clúster del Maestrazgo.

Teruel Existe recuerda que aquella demanda fue presentada por la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, con el apoyo de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la plataforma No a la MAT y el propio Movimiento ciudadano.

Sin embargo, insiste en que esa resolución judicial no pone fin a los litigios. Quedan otros cuatro recursos contencioso-administrativos pendientes ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y continúa abierta una investigación penal sobre posibles irregularidades en la tramitación ambiental de Forestalia.

“No puede ser una república bananera”

Romeo y Tomás consideran especialmente grave que los representantes municipales agrupados en Viento Alto y la empresa propietaria del proyecto reclamen el inicio de las obras sin esperar a que se esclarezcan las presuntas irregularidades que investiga la justicia.

Recuerdan que tanto los alcaldes como CIP están personados en el procedimiento penal y, por tanto, conocen su existencia y las actuaciones a las que tienen acceso como partes.

“No respetar estos procesos supone un blanqueo de la corrupción y una falta de respeto no solo a la Justicia, sino también a la democracia de un país que no puede ser una república bananera”, afirman desde el Movimiento ciudadano.

La investigación penal, desarrollada hasta ahora en Teruel, examina posibles delitos de cohecho, prevaricación ambiental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal relacionados con la tramitación de proyectos renovables de Forestalia.

Teruel Existe recuerda que las diligencias incluyen investigaciones de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil y declaraciones de 16 funcionarios del INAGA y del MITECO sobre presuntas anomalías en los procedimientos de evaluación ambiental.

Sus representantes también aluden a operaciones económicas millonarias investigadas y a posibles contraprestaciones destinadas a responsables de la Administración para facilitar declaraciones ambientales favorables.

En concreto, sostienen que existen pruebas relativas a un pago de 5,2 millones de euros vinculado a la obtención de autorizaciones. Esta afirmación forma parte de su denuncia y debe distinguirse de las conclusiones que pueda establecer una futura resolución judicial.

El Movimiento ciudadano considera que las sospechas sobre la evaluación ambiental del Clúster del Maestrazgo son suficientemente graves como para impedir que las obras comiencen antes de que avance el esclarecimiento de los hechos.

El MITECO, ante la decisión de mantener o levantar la suspensión

Teruel Existe subraya que las obras continúan suspendidas porque permanecen pendientes de resolución recursos de alzada contra las autorizaciones de construcción.

El Ministerio podría modificar esta situación una vez resueltos los recursos administrativos, pero el Movimiento ciudadano reclama que no permita el inicio de los trabajos mientras persista la investigación penal.

La advertencia se dirige tanto al Gobierno actual como a cualquier Ejecutivo que pueda asumir posteriormente la responsabilidad del Ministerio.

“Pedimos que el MITECO sea responsable y no levante las cautelares”, insisten sus representantes, que recuerdan compromisos expresados anteriormente desde el Ministerio para respetar el desarrollo del procedimiento penal.

La organización rechaza que las exigencias de Viento Alto deban prevalecer sobre la necesidad de esclarecer las condiciones en las que se otorgaron las autorizaciones ambientales.

A su juicio, las administraciones públicas deberían ejercer una función de arbitraje y protección del interés general, en lugar de facilitar la ejecución de proyectos cuya tramitación está siendo cuestionada judicialmente.

Mariano Tomás también considera que no existe una necesidad energética inmediata que justifique acelerar la construcción del clúster. Sostiene que actualmente existe una capacidad de producción renovable que en determinados momentos no puede aprovecharse completamente por las limitaciones del sistema eléctrico.

En este contexto, rechaza las prisas por iniciar un proyecto que, según denuncia Teruel Existe, recibió una declaración ambiental favorable mediante procedimientos que ahora están siendo investigados.

Turismo y ganadería: la economía que ya sostiene al Maestrazgo

La organización dedica una parte importante de su argumentación a cuestionar las promesas de desarrollo económico y creación de empleo defendidas por los alcaldes favorables al clúster.

Teruel Existe sostiene que el Maestrazgo ya dispone de actividades económicas vinculadas a sus valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales, y advierte de que la implantación masiva de aerogeneradores podría perjudicarlas.

Según los porcentajes expuestos por Romeo y Tomás, el sector servicios, estrechamente relacionado con el turismo, representa entre el 55% y el 60% de la actividad económica y el empleo de la zona, mientras que la agricultura y la ganadería aportarían entre el 20% y el 25%.

En conjunto, señalan que estas actividades constituyen aproximadamente el 80% de la economía comarcal. Se trata de estimaciones aportadas por el Movimiento ciudadano, que no acompaña en su comunicado de una fuente estadística desglosada.

Por ello, consideran que las posibles afecciones al paisaje, los establecimientos turísticos, las explotaciones ganaderas y las actividades vinculadas al medio natural deben formar parte central de cualquier evaluación de los beneficios y perjuicios del macroproyecto.

Teruel Existe rechaza el argumento de que la instalación de grandes centrales renovables garantice por sí misma nuevas oportunidades laborales para la población residente.

Como respaldo, remite a un estudio del Banco de España sobre los efectos locales de estas inversiones. La investigación, publicada en 2023, concluyó que el impacto de las instalaciones eólicas sobre el empleo y el desempleo de los municipios donde se ubican era, en términos generales, estadísticamente no significativo. El resultado no excluye la existencia de empleo durante la construcción o en otros ámbitos territoriales.

El impacto de las macroeólicas sobre los pueblos

Ernesto Romeo también cuestiona que los ingresos municipales derivados de la implantación de grandes proyectos energéticos deban presentarse como una solución a las necesidades de financiación de los servicios públicos.

Considera que esos recursos pueden llegar acompañados de perjuicios económicos y sociales, como la depreciación de viviendas o la pérdida de actividad en sectores existentes.

“Los servicios en los pueblos se deben pagar con los impuestos de los ciudadanos”, señala, al tiempo que reclama una financiación adecuada por parte del Gobierno de Aragón y del Estado para garantizar las necesidades de la población rural.

Desde Teruel Existe sostienen que los ayuntamientos no deberían depender de acuerdos con grandes compañías energéticas para mantener servicios esenciales.

La organización también cuestiona que exista un respaldo social mayoritario al Clúster del Maestrazgo.

En este sentido, recuerda una encuesta vecinal que, según sus datos, reflejó un rechazo del 88% de las personas consultadas en el Maestrazgo y la sierra de Gúdar. Sin información adicional sobre la metodología, el tamaño y la selección de la muestra, ese resultado no puede extrapolarse automáticamente al conjunto de la población.

Frente al discurso favorable de Viento Alto, Teruel Existe defiende que la oposición al macroproyecto responde también a la voluntad de preservar actividades económicas que ya generan empleo y contribuyen a mantener población en el territorio.

Els Ports, una advertencia sobre la despoblación

Otro de los argumentos expuestos por el Movimiento ciudadano se refiere a la evolución demográfica de la comarca castellonense de Els Ports. Romeo mostró gráficas de población para comparar la trayectoria de esa comarca, donde se construyeron parques eólicos, con la del Maestrazgo turolense.

Según su interpretación, Els Ports experimentó un descenso demográfico mucho más pronunciado durante el periodo analizado, mientras que el Maestrazgo perdió relativamente menos habitantes.

Teruel Existe considera que esa evolución cuestiona la afirmación de que las grandes instalaciones eólicas contribuyen necesariamente a fijar población.

No obstante, la comparación temporal, por sí sola, no permite establecer que los aerogeneradores fueran la causa de la pérdida de habitantes, puesto que en la evolución demográfica intervienen otros factores económicos y sociales.

Romeo también destacó que actualmente hay municipios del Maestrazgo cuyas escuelas mantienen una actividad significativa, y defendió que preservar las condiciones económicas y ambientales del territorio resulta esencial para su futuro.

Pozondón como ejemplo de los riesgos de construir antes de resolver los litigios

Teruel Existe ha puesto igualmente sobre la mesa el conflicto judicial del parque eólico “Santos de la Piedra”, en Pozondón. El municipio ha conseguido dos sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y dos posteriores inadmisiones de recursos de casación por parte del Supremo.

En ese caso, las resoluciones judiciales cuestionaron la tramitación ambiental del proyecto y la actuación del INAGA.

Romeo y Tomás consideran que este precedente debería servir para evitar que las instalaciones del Clúster del Maestrazgo se ejecuten antes de resolver los procedimientos pendientes.

Mariano Tomás plantea qué ocurriría si, tras construir un macroproyecto, los tribunales determinaran que deben retirarse sus instalaciones: quién asumiría los costes y cómo podrían repararse las afecciones ambientales.

El argumento de Teruel Existe se centra en la dificultad de revertir una transformación territorial una vez ejecutadas las obras.

“Un parque temático de todo lo que no se debe hacer medioambientalmente”

Los representantes del Movimiento ciudadano insisten en que el Clúster del Maestrazgo representa un modelo de implantación energética que consideran incompatible con la conservación de los valores naturales y paisajísticos de la comarca.

“El Clúster Maestrazgo es como un parque temático de todo lo que no se debe hacer medioambientalmente”, afirma Mariano Tomás.

Teruel Existe destaca la amplitud del rechazo expresado por organizaciones ecologistas y entidades defensoras del territorio, y considera que las consecuencias de permitir este macroproyecto podrían ir más allá de las comarcas directamente afectadas.

A su juicio, autorizar una intervención de semejante dimensión en un espacio de elevado valor ambiental sentaría un precedente preocupante para otros territorios rurales.

Por ello, invita a la ciudadanía a visitar el Maestrazgo y conocer de primera mano sus paisajes, patrimonio y actividades económicas antes de valorar las transformaciones que implicaría la construcción del clúster.

La organización concluye reclamando al MITECO que mantenga la suspensión de las obras, respete los recursos pendientes y tenga en cuenta la investigación penal sobre la tramitación ambiental.

Esta petición se produce cuando acaba de conocerse otra novedad judicial de especial relevancia: el juez que instruía el caso Forestalia en Teruel ha acordado remitir sus diligencias a la Audiencia Nacional por su conexión con una causa más amplia.

Para Teruel Existe, la prioridad debe ser esclarecer las posibles irregularidades antes de permitir una transformación del territorio que, una vez ejecutada, podría resultar difícil de revertir.

Firma

Noticias relacionadas

· PUBLICIDAD ELECTORAL ·
· PUBLICIDAD ELECTORAL ·
· PUBLICIDAD ELECTORAL ·