Si el crimen organizado maneja hasta el 13% de la economía mexicana (con la complicidad de numerosos políticos) su control en las pequeñas poblaciones es absoluto. Sólo las comunidades que se han mantenido organizadas han podido frenar la entrada del narco en su territorio.
Desde 1994 el régimen mexicano implementó una estrategia secreta de contrainsurgencia (Plan Chiapas 94) para frenar la expansión del movimiento zapatista. Primero fue la promoción de los grupos paramilitares que sembraron el terror en las comunidades. Pero desde el año 2000 la estrategia gubernamental se mutó más sofisticada, combinando la represión con la compra de líderes comunitarios para dividir el movimiento Indígena.
Esta estrategia debilitó la estructura social de muchas comunidades abriéndole la puerta al narco. Pero no todas: las comunidades zapatistas y sus cabeceras municipales autodenominadas ‘Caracoles’ han desarrollado un muro de contención al crimen organizado. Ya entenderán ustedes por qué al “narco no muy le gusten los caracoles”.
En las comunidades debilitadas por la división, el Cartel Jalisco Nueva Generación ha secuestrado a la juventud y despojado a las familias de sus tierras y pequeños negocios.
El Cartel opera primero como agencia de colocaciones con jugosas ofertas de trabajo. Más tarde traslada a los muchachos captados a campos de entrenamiento. Allí los prepara para su misión como ‘halcones’ -vigilancia- o sicarios y los somete a pruebas de aptitud consistentes en ejecutar con una 38, a sangre fría, a sus propios amigos en el campo de entrenamiento. “Bato ya lo ultimaste, ahorita ya no puedes escapar o te denunciaremos por su asesinato…” lo amenazan para que no escape. Dice Carlitos, uno de estos muchachos ya huido, “está chido (guay) andar cargando tu escuadra del 38 y un buen fajo de pesos, pero tu vida tiene las horas contadas...”.
A Crescencio (nombre figurado), base de apoyo zapatista, le platicaron sus vecinos “mire compadre que ya nos visitó el narco y ordenó que armemos retén en la terracería para controlar los movimientos de otros grupos criminales rivales.... Pues no eres bien pendejo, le réplica Crescencio, si te andas involucrando con las cuatro letras – Cartel Jalisco NG- te van a fregar los Sinaloa cuando entren ellos al poblado. No pues, los zapatistas no transamos con el narco”.
El terror que impone el narco tiene nombre y apellido
Reynaldo Pérez era agente de observación de los derechos humanos, comprometido con la defensa de las familias desplazadas de Santa Martha, Chiapas, por la acción violenta del crimen organizado. El pasado 28 de octubre, en el crucero de Yabteclum, dos pistoleros lo asesinaron desde una motocicleta. Parece que fueron los llamados ‘Motonetos’ (grupo juvenil que anda en motos subcontratado por el narco) a sueldo del clan criminal de Los Herrera.
Desde 1996 los grupos paramilitares del viejo régimen del PRI aterrorizaron estas comunidades de Los Altos de Chiapas. Antes fueron pistoleros -guardias blancas- a sueldo de los caciques locales. La violencia nunca abandonó esta pobre y montañosa región.
En 1994 el gobierno de Ernesto Zedillo implementó el llamado ‘Plan Chiapas 94’ con el objetivo de articular la guerra de baja intensidad contra las comunidades zapatistas. En la región de Los Altos crearon el grupo paramilitar ‘Máscara Roja’ responsable de cientos de asesinatos de campesinos y del desplazamiento de decenas de miles de familias.
Hoy, el antiguo pistolerismo priista se ha alistado en las filas del crimen organizado. Caciques rurales, empresarios sin escrúpulos y políticos corruptos cooperan más o menos públicamente con los narcocárteles aquí implantados.
La señora Rosa Pérez ejerció de presidenta municipal de Chenalhó desde 2015. Desde mucho antes se la vinculaba con ‘Máscara Roja’ responsable del asesinato de 45 Indígenas en la comunidad de Acteal, en 1997.
El centro de los derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció en repetidas ocasiones el desvío de fondos públicos de su gobierno municipal a los paramilitares. El gobierno local y federal miraron siempre para otro lado.
Este 22 de octubre Rosa Pérez fue apresada bajo la acusación de fraude y apropiación de fondos de la oficialista Comisión de Derechos Humanos del gobierno de Chiapas. 4.500.000 pesitos de nada (250.000 euros) Para más escarnio, a esta menda la habían colocado como funcionaria de derechos humanos. Mientras, los sucesores de la sanguinaria paramilitar oficialista hoy trabajan como sicarios del Cartel Jalisco Nueva generación.
Filas interminables de Indígenas tzotziles caminan por la avenida Insurgentes de San Cristóbal de las Casas. Entonan lánguidos lemas contra la violencia criminal, contra la narcopolítica, contra el despojo de su territorio y contra la masacre en Gaza. Demandan justicia dos años después del asesinato del Padre Marcelo Pérez. El sacerdote, siempre comprometido con los pobres y los oprimidos, denunciaba la impunidad con que actúan caciques históricos herederos del priismo.
En 2024, sicarios a sueldo del clan narco caciquil de los ‘Herrera’ le tiroteaban a las puertas del mercado del barrio de Custitali. Marcelo venía denunciando el clima de terror impuesto por este clan en la región de Los Altos durante los últimos 25 años.
El clan ha mutado violentamente tras su alianza con el Cartel Jalisco Nueva Generación
Pero la violencia de los Herrera género la aparición de un grupo de autodefensa denominado ‘El Machete’ que golpeó duramente a supuestos miembros de los Herrera. Marcelo intentó mediar en el enfrentamiento, pero los Herrera lo acusaron de actuar a favor del Machete. El crimen organizado no sabe de pacificadores.
Mientras el terror criminal impone el silencio en otros estados mexicanos, en Chiapas los indígenas organizados luchan por impedir el despojo de su territorio y sus recursos vitales. Denuncian secuestros, asesinatos y la entrada de la droga en sus comunidades. Toda esa cabronada de la que se financian poderosos operadores y empresarios de esta ‘economía sumergida’.
Los gobernadores de estados mexicanos ostentan un largo historial penal por delitos vinculados a la corrupción y otros delitos de su gestión. Sus nexos con los carteles de la droga son públicos en los medios valientes que se atreven a publicarlos a riesgo de aparecer torturados y asesinados: "Fundadores de Morena rechazan a exfuncionarios de Cuauhtémoc Blanco y políticos del PRI y PAN".
La delgada línea que separa una gestión honesta del fenómeno del narco de esta descarada colaboración para mutuo provecho hace más complicado el procesamiento de estos líderes políticos locales. 21 gobernadores de los estados han pasado por la cárcel y de ellos 9 todavía cumplen condena.
Eduardo Ramírez es el actual gobernador de Chiapas. Concurrió a las pasadas elecciones a gobernador en la lista de MORENA, el partido de la presidenta Sheinbaum, reciclado después de su pasada militancia priista.
Ramírez fue mano derecha del anterior gobernador el ‘Güero Velasco’. Personaje corrupto, narco político y aficionado al lujo bien conocido por su ostentoso estilo de vida.
Ramírez hizo campaña en 2024 prometiendo “combate sin tregua al crimen organizado”. Quién mejor que él conoce el tema, por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa. “Padrísimo güey…” pensó la raza pues la guerra por el “control de la plaza” entre los Sinaloa y Jalisco Nueva Generación estaba causando estragos en Chiapas.
Ramírez, ya gobernador, crea una unidad policial de élite denominada Pakal (emperador maya enterrado bajo una pirámide en Palenque). Pakal pasó así a integrar la nómina de la innumerable y corrupta casta policial. Cuente usted: la policía municipal, más la estatal, más la federal, más la guardia nacional, más la judicial, más las tres armas del ejército. Y todas ellas seriamente penetradas por el crimen organizado.
En menos de dos años los Pakal han pasado a las portadas de medios, poco sospechosos de radicalismo, por innumerables casos de atropellos a los derechos humanos, cateos ilegales, secuestros, torturas y extorsiones.
Ramírez simula ser agente pacificador entre las violentas pugnas de los carteles por el control del territorio. Otras fuentes lo señalan como operador imprescindible de los intereses de estos grupos criminales en la región.
El ‘narco’ entró en las Comunidades Indígenas pobres ofreciendo plata y una escuadra del 38 a los jóvenes que ingresen a su servicio. Los grupos delincuenciales los subcontratan para aligerar el volumen de sus nóminas sobrecargadas por el pago de infinitos chayotes (sobornos) a todas las instancias del estado mexicano.
Muchos caciques locales, antes a sueldo del gobierno como paramilitares, hoy integran este ‘cluster criminal’ de mutuo provecho.
Tengamos presente que la política mexicana se asemeja al fútbol profesional. Fichas por el club de tu vida hasta que una oferta más jugosa te obliga a cambiar a siguiente club de tu vida.
Austreberto es el patriarca del grupo caciquil y criminal de Los Herrera. Austreberto ha impuesto el imperio del terror en Los Altos de Chiapas durante los últimos 25 años. Acusado de numerosos crímenes hoy cumple sentencia en el penal del Amate.
Sus hijos, ¡criaturitas!, Dayli y Rubén, operan el clan en ausencia del padre incrementando la lista de crímenes y asesinatos. A ellos se atribuye la ejecución del líder Indígena Simón Pedro, dirigente de Las Abejas de Acteal. Estos chavitos asesinaron en 2015 a sus familiares Edgar Herrera y Carlos Trejo para hacerse con el control total del grupo criminal.
En 2021 ya habían provocado el desplazamiento de las familias de 12 comunidades que se negaron a aceptar sus atropellos. Así declaraba uno de los campesinos expulsados de sus tierras: “Si fueron capaces de matar a los propios miembros de su familia, ¿que no podrían hacer contra cualquier cristiano?”.
Los Herrera, manu militari, se apropian de tierras y negocios, colocando a sus agentes como representantes en las Comunidades bajo amenaza de muerte. Su poder aún se ha incrementado más tras su asociación con los Jalisco Nueva Generación.
Hoy la región de Chenalhó-Pantelho regresa al escenario de los tiroteos y ajustes de cuentas contra los dirigentes del autoconstituido grupo de autodefensa el Machete. No confundir con el famoso y “fachoso” actor californiano Danny Trejo, alias Machete, protagonista de numerosos films de “plomo y testoesterona”.
El Machete surge como organización armada campesina en respuesta a la violencia del clan de los Herrera. El patriarca de los “Herrera”, Austreberto, ya asesino a su propio hermano para adueñarse del clan. Durante años campó por sus respetos al amparo de la estrategia gubernamental de contrainsurgencia y paramilitarismo implementada para debilitar al zapatismo. El Machete, en una escalada de enfrentamiento con los Herrera, organizó en 2021 el asaltó a la cabecera municipal de Pantelhó secuestrando a 21 supuestos miembros del grupo criminal. “!Aquí la raza no se anda con sutilezas!”.
Desde esa fecha, con los hijos de Austreberto en busca y captura por el asesinato -entre otros- de Simón Pedro, estalla la guerra abierta con fases de alta y baja virulencia. Los Herrera, metódicamente, van asesinando a líderes del Machete e incluso a sus asesores. Las balaceras se suceden a cada momento mientras las distintas corporaciones policiales pasean la zona en flamantes carros y camionetas.
El cartel de Sinaloa ha contado durante décadas con la consideración oficial de ‘cartel de orden’ más discreto y silencioso. Una suerte de mal menor que engrasa multimillonariamente el PIB mexicano El crimen organizado está tan extendido en la economía mexicana que ya controla la distribución del 13% de los productos y las cuentas de políticos y altos funcionarios en paraísos fiscales. Pero desde hace unos años el Cártel Jalisco Nueva Generación, mucho más violento, entra en disputa por el control de este territorio, paso obligado hacia Estados Unidos de un formidable tráfico de drogas variadas, armas, trata de blancas y el próspero negocio de la extorsión a los ‘espaldas mojadas’ centroamericanos que pugnan por ingresar al mercado laboral USA.
Muchas comunidades han visto con impotencia como el narco se hacía con el control de su territorio y de sus vidas. Otras han desarrollado estrategias locales para impedir la intoxicación criminal de sus comunidades.
Localidades como Nicolás Ruiz plantaron cara a la violencia tras el asesinato de dos pobladores a manos del narco. Nicolás Ruiz es paso obligado para el tráfico de droga, armas y migrantes hacia Estados Unidos. Nicolás Ruiz fue bastión de resistencia indígena durante los duros años de la contrainsurgencia antizapatista.
Desde 2018 Nicolás Ruiz, el pueblo tsotsil que paró al crimen organizado rechazaron cualquier contemporización con el narco. Pero desde 2024, cuando estalla la guerra entre Sinaloa y Jalisco NG por controlar la plaza, formaron la ‘Alianza por la Seguridad y el bien de nuestros Territorios’, en la que participan comunidades vecinas de los municipios de Teopisca y Venustiano Carranza. Indígenas tzotziles organizan sus retenes armados para vigilar sus caminos y accesos. Como el nuevo gobernador Eduardo Ramírez les prometió seguridad y el fin de la presencia de los cárteles de la droga, lo creyeron y “dejamos de tener ese resguardo en nuestro municipio”. Nada de esto se ha cumplido y han regresado a los retenes y la vigilancia armada extraoficial.
Los miles de indígenas que integran las bases de poyo zapatista son un dique de contención del narco en los territorios que mantienen bajo control popular. Su estrategia se basa en rechazar cualquier tipo de transacción con el narco. Una rígida disciplina que decreta la expulsión de sus bases en caso de estar señaladas como posible colaboradora del narco. Un sistema de investigación interna para detectar posibles complicidades. Y sobre todo una imponente estructura comunitaria que impermeabiliza el acceso del narco a sus territorios.
El EZLN marca ‘tolerancia 0’. Sumen además que, pese a promover la vía pacífica en la lucha por la autonomía Indígena, a nadie se le escapa que disponen de un dispositivo militar entrenado que pudiera plantar cara a los invasores si el riesgo fuese muy alto.
Otras organizaciones aliadas al EZLN, pero con otros idearios algo distintos no cuentan con las condiciones que ha trabajado el zapatismo durante décadas.
La asociación Las Abejas de Acteal, de fuerte inspiración cristiana, fundamenta su acción en la no violencia y en la organización de sus comunidades. Su propia identidad la hace más frágil a la violencia del crimen organizado.
Simón Pedro fue uno de los líderes más carismático de esta organización tzotzil. Sus denuncias a los crímenes del grupo Los Herrera le acarreó su asesinato en julio de 2021. Simón representa la mítica resistencia de una raza, templada por el terror y la injusticia durante siglos. El asesinato de otros líderes de Las Abejas. como Simón Pedro, ha resentido la estructura de esta organización. Los pueblos mayas sobrevivieron al exterminio por su capacidad para pasar desapercibidos en coyunturas muy desfavorables. Pero la violencia no frenar su lucha por la justicia y la paz.
El rostro cariñoso de Simón Pedro nos observa desde un gran mural que preside el zócalo de Acteal, junto a la imagen del Padre Marcelo y la del otro líder histórico de la asociación, Alonso Pérez, asesinado el diciembre de 1997 junto a otros 44 indígenas en esta tierra de mártires.
