Escribo estas líneas desde una casa que no es mía, como tantas vecinas que vivimos de alquiler en las viviendas de Aloy Sala. Llevamos décadas soportando las molestias de tener una empresa militar, Instalaza, incrustada en nuestro barrio. Ahora se nos presenta un convenio de traslado y una modificación del PGOU que, lejos de tranquilizarnos, nos llena de preocupación. No queremos que la operación urbanística que se avecina acabe expulsándonos de nuestras casas y de nuestro barrio.
Desde la Asociación Vecinal Parque Bruil-San Agustín hemos mostrado nuestro malestar ante la propuesta de convenio de traslado de Instalaza. La modificación del PGOU incrementa el volumen de edificación: de 90 pasan a 155 viviendas. Eso supone, según los datos que manejamos, un aumento del 70% en metros para construir y del 72% en densidad. Sin embargo, el porcentaje de viviendas de protección pública que se cederán al Ayuntamiento sigue siendo el mismo. No puede ser que on el actual panorama crisis de acceso a la vivienda no se de prioridad a la construcción de vivienda publica que garanticen el acceso a la vivienda de los vecinos.
Nos preocupa que en este convenio no se exija a la empresa Instalaza, que va a ganar millones con esta operación urbanística, que la vivienda publica se construya al mismo tiempo que la vivienda libre y no en un segunda fase que nunca llegue. No queremos repetir situaciones como las del parque Pignatelli, donde las viviendas de lujo se han construido y las viviendas públicas no.
Queremos que las viviendas publicas que sean asequibles de verdad, ajustadas a los salarios de la clase trabajadora, ahora castigada por el incremento del precio de la vivienda. Vivir de alquiler en este barrio no debería convertirse en una amenaza constante. Las vecinas tenemos miedo de que, poco a poco, se nos expulse de nuestras casas y de nuestro barrio.
Tampoco queremos que el traslado de Instalaza se haga dejando a su paso un problema ambiental. Queremos garantías de medidas de limpieza del suelo y del subsuelo, y del traslado de los techos de uralita, altamente contaminantes. Desconocemos los vertidos realizados por una industria militar cuya actividad se inició en 1951. Instalaza debe hacerse cargo de la posible contaminación existente. No queremos otra “Química” ni otra “Tudor” en miniatura.
Además, el Ayuntamiento de Zaragoza debe ejecutar el punto aprobado de la moción debatida el 22 de enero en el Pleno de la Junta del Casco, en el que se insta al Gobierno Municipal a invertir los 987.000 euros del convenio de Instalaza en políticas de vivienda en la zona de Aloy Sala. En concreto, en la rehabilitación del grupo, ya que tres cuartas partes quedaron fuera de los fondos “Next Generation”. También pedimos que los futuros locales municipales cuenten con las asociaciones y con el vecindario para decidir su destino y diseño desde su entrega al Ayuntamiento de Zaragoza.
Invitamos a quienes toman las decisiones a que se den una vuelta por el barrio y vean su degradación: la plaza triangular, las calles sucias, las obras interminables, los ascensores que se están demorando. Mientras tanto, se van a construir viviendas de lujo y el barrio se degrada. No queremos que nos expulsen. Queremos un barrio vivo, con viviendas asequibles y con garantías ambientales. Un barrio para quienes lo habitamos, no solo para quienes lo rentabilizan.
