La contestación ciudadana a la expansión de los centros de datos de las grandes multinacionales tecnológicas en Aragón sigue creciendo. En Uesca, diferentes colectivos sociales y ecologistas han unido fuerzas para organizar la oposición a los proyectos que Amazon Web Services (AWS) está construyendo en el municipio, denunciando la falta de transparencia de la compañía y la colaboración de las administraciones públicas aragonesas en una implantación que, a su juicio, amenaza con hipotecar el territorio en beneficio de grandes corporaciones privadas.
Ecologistas en Acción, 'No es sequía, es saqueo' y la Plataforma de Afectados por el centro de datos de Cuarte comparecieron este pasado martes conjuntamente para explicar el trabajo de coordinación que vienen desarrollando durante los últimos meses y anunciar nuevas iniciativas de movilización, información y resistencia. Una alianza que conecta las preocupaciones de la ciudadanía de Uesca con las de otros territorios aragoneses afectados por la proliferación de estas infraestructuras.
Los colectivos alertan de que la implantación de los centros de datos se está produciendo a una velocidad vertiginosa, sin que exista todavía una legislación nacional, estatal o europea que establezca un marco suficiente de regulación, control y seguimiento de sus consecuencias territoriales, ambientales, económicas y sociales. Una carrera en la que, denuncian, las administraciones están facilitando la llegada de las grandes tecnológicas mientras la población afectada continúa sin disponer de información suficiente sobre el alcance real de los proyectos.
Opacidad empresarial y alfombra roja institucional
Uno de los principales motivos de preocupación es la desinformación que, según las entidades convocantes, rodea desde el principio a los proyectos de Amazon. Los colectivos denuncian el oscurantismo de la multinacional y la falta de información por parte de las autoridades aragonesas sobre las características de las instalaciones y sus consecuencias. Una ausencia de transparencia que dificulta que la ciudadanía pueda conocer, evaluar y participar en decisiones que afectan directamente a su territorio.
A esta situación se suma la concentración de varias instalaciones de este tipo en un espacio geográfico reducido. Las organizaciones advierten de que acumular grandes centros de datos en un mismo territorio multiplica las afecciones y prolonga sus consecuencias, tanto sobre los recursos naturales como sobre las condiciones de vida de las poblaciones cercanas.
Especialmente crítica es su posición respecto a la tramitación de estos proyectos mediante la figura del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA). Las entidades consideran que esta herramienta urbanística y administrativa permite acelerar la implantación de las infraestructuras, recortando trámites burocráticos y otorgando importantes ventajas a multinacionales extranjeras a cambio de promesas de futuro cuya credibilidad cuestionan.
Los colectivos denuncian, además, que ninguno de estos proyectos presenta un plan de restitución que permita compensar las afecciones ocasionadas en los lugares donde se implantan. Una circunstancia que plantea una pregunta fundamental: quién asume los costes territoriales, ambientales y sociales de unas infraestructuras cuyos beneficios empresariales se concentran en manos de grandes corporaciones.
En este escenario, las organizaciones señalan directamente el papel de las administraciones públicas, tanto del Gobierno de Aragón como del Ayuntamiento de Uesca, cuya responsabilidad consideran ineludible a la hora de garantizar la transparencia, proteger los intereses de la población y evitar que las necesidades de una multinacional se impongan sobre las del territorio. La ciudadanía, sostienen, no puede quedar relegada a contemplar cómo se transforma su entorno mientras las decisiones fundamentales se toman sin suficiente información ni garantías de compensación.
Consumo de agua y energía, contaminación y escaso empleo
Las preocupaciones de las plataformas no se limitan a la falta de transparencia o a los procedimientos administrativos. Su denuncia abarca también el modelo económico y territorial que representan estas instalaciones.
Entre los impactos que enumeran se encuentran los elevados consumos de agua y energía, las grandes transformaciones del terreno derivadas de los movimientos de tierras, la contaminación acústica, las emisiones contaminantes de los generadores eléctricos instalados para garantizar el suministro ante posibles cortes de electricidad y la generación de islas de calor en el entorno de los centros de datos.
A ello añaden la práctica exención de impuestos de la que, según denuncian, disfrutan estas grandes compañías. Unas ventajas fiscales que contrastan con las exigencias de recursos e infraestructuras que plantean sus instalaciones y con el reducido número de puestos de trabajo que generan en relación con la enorme cantidad de megavatios de energía que consumen.
Las organizaciones cuestionan así el relato de progreso económico y creación de empleo que acompaña a estos megaproyectos tecnológicos. Consideran que la relación entre los recursos públicos y naturales comprometidos y el empleo efectivamente generado debe ser una cuestión central en cualquier evaluación de su interés para la sociedad aragonesa.
Otro de los riesgos que ponen sobre la mesa es el posible encarecimiento de la electricidad, tanto para la ciudadanía de los territorios cercanos como para las empresas que pudieran plantearse instalarse en ellos en el futuro. Según advierten, los elevados costes energéticos asociados a estas infraestructuras podrían terminar haciendo inviables otros proyectos empresariales, que optarían por territorios donde el suministro resulte más asequible.
Se produciría así una situación especialmente contradictoria: mientras las grandes corporaciones tecnológicas disfrutan de ventajas fiscales y condiciones favorables para su implantación, otras empresas que podrían contribuir de forma más directa al empleo estable y a la economía local tendrían que afrontar unos costes energéticos que dificultarían su actividad.
Amazon impone cláusulas de confidencialidad y amenaza con la expropiación
La situación de las personas propietarias de los terrenos afectados constituye otro de los aspectos denunciados por los colectivos. Según explican, Amazon Web Services impone cláusulas de confidencialidad a quienes poseen parcelas en los territorios donde pretende instalarse, limitando la transparencia de las negociaciones.
Las organizaciones sociales aseguran que las valoraciones económicas de los suelos ofrecidas por la compañía no satisfacen en numerosas ocasiones las expectativas de sus propietarios. A esta situación se añade la posibilidad de recurrir a la expropiación forzosa, una figura que, denuncian, planea como una amenaza permanente sobre las personas afectadas.
En este sentido, cuestionan que se pueda presentar como una oportunidad de desarrollo territorial un proceso en el que los propietarios pueden verse sometidos a negociaciones bajo cláusulas de confidencialidad, valoraciones que consideran insuficientes y la amenaza última de una expropiación a cambio de justiprecios que califican de ridículos e injustos.
Para las entidades de la redolada de Uesca, estas prácticas evidencian el desequilibrio de poder entre una multinacional con enormes recursos económicos y las personas que viven y trabajan en los territorios donde pretende desplegar sus infraestructuras.
Asambleas, alegaciones y coordinación entre comarcas
Frente a esta expansión, los colectivos ciudadanos han comenzado a articular una respuesta organizada. Durante los últimos meses, Ecologistas en Acción, No es sequía, es saqueo y la Plataforma de Afectados por el centro de datos de Cuarte han desarrollado distintas iniciativas para informar a la población y coordinar la oposición a los proyectos.
Entre las actuaciones realizadas figuran la celebración de asambleas ciudadanas, la organización de charradas informativas en asociaciones vecinales y grupos sociales, la presentación de alegaciones al proyecto de Amazon Web Services y las protestas vecinales por el uso incorrecto de carreteras y caminos.
También han intensificado la coordinación con otros territorios aragoneses afectados por la implantación de centros de datos, conscientes de que la dimensión del problema supera el ámbito estrictamente municipal y requiere una respuesta conjunta de país.
Esta articulación continuará durante las próximas semanas con un calendario de movilizaciones, actividades informativas y encuentros que busca ampliar la oposición social a los megaproyectos tecnológicos.
Movilización contra los centros de datos los días 6 y 7 de noviembre
Coincidiendo con los ‘días internacionales’ contra los centros de datos, convocados para el 6 y 7 de noviembre junto a más de 50 colectivos y asociaciones europeas, las organizaciones han anunciado dos movilizaciones en Aragón.
La primera tendrá lugar el viernes 6 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, con una concentración en la plaza Navarra de Uesca. Al día siguiente, sábado 7 de noviembre, los colectivos aragoneses participarán en una manifestación conjunta en Zaragoza, que partirá a las 12:00 horas de plaza Paraíso. La convocatoria pretende reunir a las distintas plataformas y organizaciones que están denunciando los impactos de estas infraestructuras en diferentes comarcas de nuestro país.
Además, se está desarrollando una campaña de recogida de firmas para que todas las personas que lo deseen puedan expresar libremente su rechazo a estos megaproyectos tecnológicos. Para facilitar la participación, se instalarán mesas informativas en varias plazas céntricas de Uesca.
La perspectiva académica de la expansión de las grandes infraestructuras tecnológicas
El calendario de actividades continuará el 27 de noviembre con una charla de Ana Valdivia, profesora e investigadora en Inteligencia Artificial, Gobierno y Políticas de la Universidad de Oxford, organizada conjuntamente con la Universidad Ciudadana.
La conferencia tendrá lugar a las 18:30 horas en la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Uesca, situada en la plaza de la Constitución, sin número. El encuentro permitirá abordar desde una perspectiva académica y crítica las implicaciones de la expansión de las grandes infraestructuras tecnológicas y su relación con las políticas públicas.
Experiencias de resistencia y teatro social en diciembre
Las iniciativas anunciadas se prolongarán también durante el mes de diciembre. El día 11 se celebrará una mesa redonda en la que se dará a conocer la lucha y las acciones de resistencia desarrolladas en otros territorios, con la participación de destacadas activistas contra los centros de datos.
La programación tendrá continuidad al día siguiente, 12 de diciembre, con una actividad de reflexión sobre las grandes empresas tecnológicas que incorporará una sesión de teatro playback, una modalidad de teatro social empático basada en la improvisación.
Con este conjunto de iniciativas, las organizaciones quieren reforzar los vínculos entre las distintas resistencias territoriales, compartir experiencias y ampliar el debate social sobre un modelo de implantación tecnológica que, denuncian, está avanzando con demasiadas facilidades institucionales y sin suficientes garantías para la población aragonesa.
