Chunta Aragonesista llevará a las Cortes de Aragón la denuncia de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCPT), que, a través de su presidente, ha alertado sobre “las dificultades que supone para las personas que se presentan a oposiciones en Teruel el criterio establecido por el Gobierno de Aragón para descentralizar la celebración de las pruebas selectivas”.
Desde CHA recuerdan que el Gobierno de Aragón “mantiene en distintas convocatorias de empleo público un requisito de más de 100 personas admitidas en cada localidad para celebrar descentralizadamente el primer ejercicio en Zaragoza, Uesca y Teruel. Este umbral puede dejar fuera a Teruel cuando no se alcanza esa cifra, obligando a las personas aspirantes a desplazarse y asumir gastos de transporte y alojamiento”.
CHA considera necesario revisar este criterio “para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público y evitar que el lugar de residencia suponga una desventaja”.
Por ello, Javier Carbó señala que “la igualdad de oportunidades también se demuestra con decisiones concretas que faciliten la vida a quienes viven en las comarcas turolenses. Quien prepara una oposición tiene que poder realizar el examen en condiciones de igualdad, sin que su lugar de residencia suponga un coste añadido o una dificultad adicional”.
Por su parte, Verónica Villagrasa anuncia que CHA registrará preguntas parlamentarias para conocer los criterios que está aplicando el Departamento de Hacienda y Administración Pública de la DGA, el número de convocatorias en las que Teruel ha quedado excluida como sede y las medidas que piensa adoptar el Gobierno de Aragón para corregir esta situación. “Queremos que el Gobierno explique qué solución va a poner sobre la mesa para garantizar que Teruel pueda acoger las pruebas selectivas y que la descentralización sea una realidad, no una posibilidad condicionada por requisitos que terminan perjudicando a nuestras comarcas”, asevera.
Finalmente, CHA reclama “revisar el mínimo de personas inscritas” y establecer criterios “que permitan celebrar exámenes atendiendo a las necesidades de las personas aspirantes y al equilibrio territorial”.
