Gases, mamporros y, sobre todas las cosas, cardenales. Octubre no defrauda este año y se muestra más rojo que nunca. Rojo de revuelta, por supuesto, y, cómo no, de golpes y más golpes. Llamamos cardenales a las marcas que dejan en nuestras carnes y aunque solemos creer que el nombre se debe al rojo de los curas que visten de púrpura, en realidad proviene del adjetivo cárdeno, que deriva del latín cardinus, a su vez derivado de carduus (cardo). Los cardos silvestres tienen unas características flores de un tono azul amoratado que se asemeja al color que nos dejan los palos que reparte estos días la policía. Ese cárdeno nos acompañará lo suficiente para recordar a la canallesca que nos reprime y para comprender el principio violento de la autoridad. Dicen que la letra con sangre entra y la ley capitalista —hecha a la medida de quienes necesitan proteger sus privilegios— se escribe con puño de acero cuando todo se les desmanda.
La violencia policial es una expresión de disciplinamiento a la vez que de vulnerabilidad. Cuando la analgesia o la política del entretenimiento no funcionan y el autosometimiento se agrieta, al Estado no le queda otra que repartir hostias como panes. Quiero decir con esto que siempre ha existido y existirá una relación directa entre la brutalidad policial y el crecimiento de la protesta, por lo que no podemos esperar ahora otra reacción que la que nos encontramos; más nos valdría hacernos a la idea de ello y prepararnos lo mejor que podamos. Esperar o aspirar a una respuesta civilizada o proporcional a la protesta pacífica es, además de ingenuo, imprudente. No es que debamos dejar de exigir un trato humanitario y coherente con los derechos de nuestra supuesta democracia, pero conviene quitarse la venda de los ojos y entender que nuestro proceso de domesticación requiere brutalidad y ejemplaridad. La policía no se comporta ahora con una violencia desmedida producto de la incompetencia, el desorden interno o la fascistización de sus mandos; simplemente cumplen a demanda con su función represiva de acuerdo a la situación política y social que vivimos. Y, además, lo hacen siguiendo en todas partes el mismo guión europeo para frenar una protesta en evidente extensión.
Esta vieja estrategia policial, conocida directamente como la "estrategia de la tensión", es un término histórico nacido durante los anni di piombo, los años de plomo, (el período de profunda agitación social que vivió Italia desde finales de 1960 hasta mediados de la década de 1980) que describe las tácticas estatales que buscaban crear el caos, manipular a la opinión pública a través del miedo y favorecer un gobierno autoritario.
La maniobra que se repite ahora de norte a sur y de este a oeste en las manifestaciones europeas contra la precariedad de nuestros servicios públicos y de nuestras vidas se caracteriza, fundamentalmente, por la polarización discursiva y el señalamiento mediático de los grupos que conforman la protesta social como "ultraizquierda", haciéndolos únicos responsables de los disturbios. A esto se suman despliegues policiales masivos, la dosis de militarización precisa, como los toques de queda, para incrementar la crispación social y el uso recurrente de herramientas y tácticas de intervención que priorizan la detención masiva y el contacto directo (el golpeo brutal e indiscriminado), despreciando fórmulas de desescalada y distancia pasiva.
En estos casos, las autoridades optan, según la conveniencia, por atribuir los hechos violentos a pérdidas de control de los responsables de los operativos policiales o a la imperante necesidad de restablecer el orden público para evitar de forma inmediata la destrucción de mobiliario urbano o incluso saqueos. También se excusan asegurando que su intención es aislar a los "elementos violentos" (excepcionales o imaginarios) para proceder a su detención y evitar que utilicen las manifestaciones pacíficas como escudo. Incluso llegan a decir que quieren proteger el derecho a la manifestación pacífica impidiendo que "los violentos" se apoderen de ella. Es difícil imaginar mayor hipocresía e insidia.
Sin embargo, esta estrategia de la tensión busca fines políticos y de control social muy específicos. En primer lugar, la disuasión por el miedo (la desmovilización) a partir de la creación de un ambiente peligroso en el que abundan las personas heridas o detenidas "por error". En segundo lugar, la rentabilidad política mediante la polarización, reduciendo mediáticamente el conflicto social a una batalla callejera entre el "Estado democrático" y los "vándalos" o "radicales de ultraizquierda", lo que facilita cohesionar a su electorado más conservador al que se le da a elegir entre el Gobierno o el caos. También se pretende deslegitimar nuestras demandas sociales al desviar el foco informativo desde los motivos reales de la protesta (como la denuncia de actos de propaganda fascista y racista, la lucha por el derecho a la vivienda o la defensa de la educación pública) hacia las imágenes de contenedores quemados y cargas policiales. De este modo, el debate político se desplaza hacia los disturbios y nuestras reclamaciones quedan completamente eclipsadas por la discusión pública sobre la manoseada seguridad ciudadana.
¿Y frente a todo lo anterior, qué podemos hacer? No existen soluciones mágicas y habiendo violencia extrema y militarismo de por medio es muy complicado eludir sus consecuencias por más medios que pongamos. Es imprescindible adquirir conciencia, comprender los riesgos, participar de acuerdo a nuestros propios límites y siempre de forma colectiva. Debemos protegernos con actuaciones previamente debatidas y consensuadas, dejando el menor espacio posible a la improvisación y a las acciones impulsivas al margen de las "reglas de juego" acordadas asambleariamente en beneficio de la protesta. Estos acuerdos horizontales pueden administrar la diversidad de respuestas incruentas por nuestra parte, sin exclusiones ni imposiciones, rechazando la pretensión estatal de dividirnos en buenos y malos manifestantes para neutralizarnos. La máxima de las movilizaciones debería ser garantizar sus objetivos cuidándonos de forma solidaria en todo momento, algo que sirve también para mantenerlas en el tiempo y acrecentarlas. Sobre esto existe una rica experiencia de resistencia noviolenta que ha documentado en profundidad ejemplos, prácticas y técnicas de acción directa y de desobediencia civil muy útiles a lo largo de nuestra historia reciente de lucha social.
Con todo, por más que disguste reconocerlo, confrontar la injusticia y actuar en primera persona de forma responsable con principios y valores éticos frente al universo de desigualdades que sufrimos o contemplamos a diario tiene un “precio”. La clave está en minimizarlo lo máximo posible.
Vuelvo al cárdeno, a mis propios hematomas y a mis cicatrices... No sé si hablaría de todo esto con la misma necesidad y convicción si no fuera por la colección de golpes que a lo largo de mi vida activista me ha regalado la policía, la mayoría de las veces seguidos de cargos estrafalarios como el de asociación delictiva con el fin de cometer destrucción y saqueo. Una acusación infundada de la que me libré, junto a mis compañeras y compañeros de viaje, gracias al apoyo mutuo y a una defensa social y legal pertinaz. Sin esto, el poder de nuestros victimarios no tendría límites.
A la vez siento curiosidad sobre cómo puede alguien embrutecerse hasta el punto de que su conciencia le permita cometer semejantes abusos: romper cabezas a diestro y siniestro, falsear motivos, pruebas y hechos que terminan por causar tanto daño. Me pregunto cómo personas ordinarias pueden cometer actos crueles por más mecanismos de deshumanización y desconexión moral que se empleen para apagar la empatía y la responsabilidad, ¿no queda ningún resquicio para la sensatez o la deserción? Hasta qué punto el estrés crónico y la adrenalina en el cuerpo de un policía alteran su capacidad de tomar decisiones lógicas. No deja de sorprenderme la eficacia del uso de etiquetas despectivas, que hacen que dejen de vernos como personas y pasemos a ser una amenaza colectiva —escoria terrorista o antisistema—, una masa homogénea y peligrosa fácil de apalear. Impresiona cómo se desplaza la responsabilidad, se diluye la culpa y se fragmenta al afirmar que solo se cumplen órdenes, actuando en grupo y bajo el anonimato del uniforme y el casco. Qué simple es justificar el abuso, transformándolo en un "deber sagrado" para "restaurar el orden", "proteger a la patria" o "defender a los compañeros", viéndose a sí mismos como héroes y no como criminales. Además, está el modo en que niegan las consecuencias y se ridiculizan con un "exageran" y "no fue para tanto", o atribuyéndonos la culpa: "se lo buscaron por estar ahí", "si no hubieran provocado, no habría pasado nada"... Por último, la impunidad institucional termina por normalizar la barbarie.
Así, golpe a golpe, verdad y justicia contra sinrazón, pasan los días de lucha. Quizá su futuro radique en nuestra capacidad para utilizar la violencia represiva en su contra y, en lugar de oponernos directamente a ella de idéntica forma, aprovechar el impulso del Estado que nos ataca para derribarlo.
