La instalación de centros de datos en Aragón se ha producido en un desapercibido régimen de excepción. A golpe de anuncios, órdenes y decretos de ley e invocando un supuesto riesgo de estancamiento económico, se han suspendido de forma provisional algunas normas que regulaban los poderes públicos y se han sustituido por otras que, menos garantistas, atraen la inversión de grandes compañías tecnológicas y fondos de inversión extranjeros. En este proceso, se ha desplazado el poder de la ciudadanía y los ayuntamientos al Gobierno de Aragón, ya sea el de Javier Lambán (2019-2023) o el de Jorge Azcón (2023-2026).
La figura del Plan de Interés General en Aragón (PIGA) es probablemente el estandarte de esta suerte de estado de excepción. A todo aquel proyecto que el gobierno autonómico ha considerado bajo los indeterminados conceptos de "utilidad pública" o "interés regional", se le ha otorgado una serie de privilegios que se les niega al resto de habitantes y empresas del territorio y que bien podemos resumir en "construir a toda costa cualquier cosa en cualquier lugar". Entre ellos, se encuentran la expropiación y la recalificación de suelos a dedo, que pasan por encima de los planes de ordenación urbanística de cada ayuntamiento y de la voluntad de sus vecinos y, especialmente, de sus agricultores; la exención velada de impuestos municipales como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); y la reducción a la mitad de los plazos administrativos, con el consiguiente desprecio por los procesos de información y participación pública. A esta figura podemos incluir concesiones en la forma de aprobar los planes parciales; cláusulas de confidencialidad sobre cuestiones básicas como el número de empleos o el consumo hídrico y eléctrico; la contratación de nuevos equipos de funcionarios para agilizar los tiempos, y la adaptación a los plazos exigidos por las compañías promotoras, entre un largo etcétera. Este conjunto de medidas ha dado lugar a un caldo de cultivo perfecto para la proliferación descontrolada de centros de datos en el territorio. Según el mapeo publicado por 'No es sequía, es saqueo', en julio de 2024, se contaban tres centros de datos construidos con una potencia de 140 MW y ninguno públicamente en proyección; y en julio de 2026 ya eran 28 centros de datos proyectados, con una potencia estimada que alcanza los 11 237 MW, lo que supone un crecimiento en dos años del 8.026%.
Los municipios son, por muchos motivos, los grandes afectados por este estado de excepción al haber perdido en el camino muchas de sus competencias urbanísticas y fiscales. En aquellas comunidades donde los centros de datos se están instalando, se incluye, como decíamos, la prevalencia del proyecto sobre la ordenación urbanística preexistente y la exención de la mayor parte de la contribución fiscal que tendría el ayuntamiento que los acoge. Sobre los ayuntamientos, en cambio, recae una serie de cargas, que incluyen la gestión de las consecuencias ambientales más inmediatas de los centros de datos (aumento de la temperatura ambiente, generación de ruido, pérdida de agua en los cauces cercanos, emisiones de carbono y óxidos de nitrógeno, afecciones directas sobre el paisaje, desgaste de las vías públicas por el paso de maquinaria pesada…), la dedicación de buena parte de sus funcionarios a la gestión de estos PIGA y la labor, a día de hoy olvidada por el Gobierno de Aragón y las grandes compañías, de explicar a los ciudadanos qué es un centro de datos y por qué ha caído en ese territorio. Las ventajas, por otro lado, son comparativamente minúsculas: no hay garantías de que el poco empleo que se genere lo haga en el propio municipio, especialmente en los municipios pequeños; la contribución con el IBI y el IAE no supera, en muchos casos, los cien mil euros anuales, que para el presupuesto de un municipio es algo testimonial; y lejos de cumplirse el efecto tractor que prometen sobre la economía local, ahogan su futuro con la saturación de la red eléctrica y la ocupación de sus suelos industriales y agrícolas. Como reconocen algunos responsables municipales, el Gobierno de Aragón invita a cenar, pero es el municipio quien paga la cena.
La llegada de los centros de datos al territorio se ha hecho, por tanto, bajo un modelo discriminatorio y profundamente injusto que ha dado unos privilegios a grandes capitales que han sido sistemáticamente inalcanzables para proyectos ciudadanos, e incluso para pequeñas y medianas empresas. En cierto sentido, en nombre de una gran soberanía tecnológica europea, se ha dejado que grandes corporaciones americanas y fondos de inversión extranjeros pasen por encima de la autonomía municipal.
Pero Aragón no es el primer territorio en hacerlo. Hay otros territorios que han desplegado anteriormente esta alfombra, como Irlanda, Países Bajos o Estados Unidos. En estos países, se produjo una llegada acelerada de centros de datos gracias a políticas de atracción de la inversión en distintos sentidos similares a las del Gobierno de Aragón. Esta llegada se dio, además, bajo dos condiciones que comparte este territorio. Primero, la falta de una regulación adecuada para esta nueva industria, como evidencia que aún no se haya resuelto el Real Decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos anunciado hace un año, o que en la Ley de Evaluación Ambiental no tengan un apartado propio ajustado a sus impactos y acaben siendo considerados como centrales de combustión por sus equipos de respaldo. Y, segundo, una demanda energética con un crecimiento mucho mayor que la capacidad de ampliación de la red. En el caso de Aragón, hay proyectados 11.237 MW para los próximos años, una potencia que supera por sí misma, sin contar otros proyectos industriales y de vivienda, la potencia planificada en la red de transporte planificada en el territorio.
En Irlanda, Países Bajos y Estados Unidos, la laguna regulativa y el crecimiento por encima de la capacidad de la infraestructura contribuyeron rápidamente a agravar conflictos locales, relacionados con la falta de transparencia y fiscalización social, pero también con el incumplimiento de las promesas económicas, el riesgo creciente de apagones, el aumento del precio en las facturas de la luz y la falta de disponibilidad eléctrica para otras industrias y hogares. Es, en este punto, donde varios de los territorios que habían apostado activamente por los centros de datos, decidieron poner el freno de emergencia y establecer una moratoria. En estos casos, ahuyentar la inversión no era un efecto lateral indeseable de las moratorias, sino su principal objetivo ante el sobredimensionamiento del sector.
La moratoria es, digamos, la suspensión temporal de la proyección o construcción de nuevos centros de datos con el propósito de estudiar, planificar y adoptar nuevas regulaciones que aborden los conflictos que acarrea esta nueva industria. Las moratorias de centros de datos suelen durar entre seis y dieciocho meses, como en Singapur, Ámsterdam o algunos condados estadounidenses de Michigan, Iowa y Georgia, aunque algunas de ellas pueden extenderse por encima de los dos años, como la instalada en el área metropolitana de Dublín desde 2022 hasta 2028. La duración depende, principalmente, de los objetivos que se quieran alcanzar con ella y de los medios gubernamentales para llevarlos a cabo. En los casos mencionados, se decidió instalar una moratoria para frenar el crecimiento descontrolado de esta industria y endurecer los estándares de sostenibilidad que los regulan, protegiendo así temporalmente la red eléctrica mientras se desarrolla una planificación más amplia.
Sin embargo, el objetivo de una moratoria no es siempre mitigar o adaptarse a los conflictos generados por los centros de datos. Es decir, no es necesario esperar a la saturación de las infraestructuras públicas de un territorio para implementarla. Por el contrario, algunos condados de Estados Unidos han comenzado a implantar moratorias anticipatorias. En estos casos, y ante los problemas observados en comunidades vecinas, han buscado desarrollar regulaciones que limiten y orienten los centros de datos antes de la llegada masiva de estas infraestructuras, que suelen venir acompañadas de fianzas, compromisos y acuerdos que blindan su instalación.
De esta forma, la moratoria, como medida, ha sido defendida por agrupaciones situadas en todos los rincones del espectro político. Para algunos, la saturación de la red eléctrica pone en riesgo el proyecto de desarrollo del territorio a largo plazo al concentrar los recursos en una industria cuyas promesas económicas son difusas o están lejos de materializarse. A modo de ejemplo, los centros de datos podrían obstaculizar la reindustrialización de nuestro rural en este emergente momento histórico de electrificación y descarbonización de distintos sectores industriales, donde la España vaciada cuenta con una posición privilegiada por la disponibilidad de energías y suelos baratos. Los centros de datos estarían impidiendo, por tanto, un proyecto más amplio que generase arraigo y empleos estables en muchas zonas periféricas, así como una transición energética y ecosocial ágil y a la altura de la crisis climática.
Para otros, el problema reside en la falta de participación pública y la interminable lista de privilegios de los que disfrutan las grandes corporaciones, con especial dedicación a la cuestión del espacio y el tiempo. En relación con el espacio, criticarían la prioridad que se ha dado a los centros de datos en términos de consumo de agua y ocupación de suelos sobre otros sectores, como el agrícola o el ganadero. Y, en relación con el tiempo, afirmarían que el acortamiento de los plazos de información y participación pública impiden la revisión y reflexión colectiva de los documentos, así como la pausa, la cual no es un problema de los procesos democráticos, sino su misma garantía. De esta forma, la moratoria sería la forma de crear un espacio real y efectivo donde decidir colectivamente acerca de la escala, ubicación, e incluso régimen de propiedad de los centros de datos. La pregunta, por tanto, sería qué tipo de infraestructuras queremos para satisfacer aquellos servicios digitales que consideramos valiosos (por ejemplo, centros de datos de hiperescala de grandes corporaciones o centros de datos de pequeña y mediana escala de carácter público y comunitario) y qué lugar van a ocupar las distintas comarcas aragonesas en ese proceso.
Como decía, uno no tiene que estar necesariamente en contra de que grandes fondos de inversión y corporaciones tecnológicas instalen centros de datos de hiperescala en su territorio para estar a favor de una moratoria. Y es que en aquellos territorios donde se han aceptado los frenéticos ritmos de las promotoras de centros de datos y no se ha dejado espacio para la reflexión en los espacios sociales y políticos, los centros de datos se han instalado con menores garantías urbanísticas y medioambientales y con un rechazo social mayoritario. Ante estos escenarios, la moratoria puede ser una herramienta de negociación de ciertos ayuntamientos frente a grandes capitales, ajustando una balanza que surge inicialmente desequilibrada. La moratoria es una política abierta a distintas instituciones que incorpora en su seno a todos aquellos ciudadanos y grupos políticos que observen preocupados y exhaustos la instalación desenfrenada de centros de datos en el territorio y apuesten por unas políticas que intervengan en una trayectoria que amenaza con fagocitar el resto de sectores de Aragón antes de dejar siquiera un poso de futuro.
Finalmente, uno podría aceptar que la moratoria es una medida adecuada para otros territorios y, aun así, preguntarse si tiene sentido una moratoria a cualquier nivel con 11.237 MW ya proyectados que difícilmente pueden frenarse a nivel político sin caer en indemnizaciones inasumibles hacia estas compañías. Esta pregunta es totalmente legítima. El Gobierno de Aragón ha aprobado sin ningún tipo de debate ni fiscalización pública la entrada masiva de centros de datos con un impacto gravísimo sobre el territorio y, al mismo tiempo, ha cerrado las vías políticas de recular en caso de que, una vez se hicieran públicos, la población rechazara masivamente estas infraestructuras (como de hecho, está haciendo). En estos escenarios, la moratoria encontraría otros tres significados.
Primero, el carácter volátil y especulativo de este mercado impide afirmar, con total seguridad, que se haya llegado a un techo. Por tanto, la moratoria permite evitar la proyección de nuevos centros de datos en el territorio, estableciendo una cota máxima a la magnitud del problema. Segundo, la moratoria es una declaración simbólica de una crítica mayor a la instalación desregulada de centros de datos, que puede servir de inspiración y referencia para que otros territorios instalen una moratoria anticipatoria. No olvidemos que Aragón está sirviendo como referencia no solo nacional, sino también internacional, en lo que respecta a la regulación de estas infraestructuras. Tercero, la moratoria no es simplemente una pausa para coger aire, sino que crea consigo un espacio de obligada reflexión entre la sociedad civil y las instituciones políticas, y debe dar lugar a un conjunto de propuestas que representen la voluntad ciudadana al respecto y, en el mejor de los casos, a políticas que verdaderamente regulen los impactos de los centros.
La instalación de una moratoria en Aragón constituiría, por tanto, un referente para otros territorios de la península, al mismo tiempo que evitaría inflar, aún más, una burbuja compuesta por aprobaciones parciales, notas de prensa y marquesinas publicitarias, que con probabilidad dejará menos beneficios que aquellos que anunciaron como garantía para su privilegiada instalación. La moratoria, sin embargo, no es una medida ya impuesta: hay que construirla. Y esta construcción se realiza en los parlamentos y salas de reunión de los ayuntamientos, como ya han hecho con buen tino desde Chunta Aragonesista en el Pleno de las Cortes y desde Zaragoza en Común en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, pero también en las asambleas de las asociaciones vecinales y los movimientos en defensa del territorio que están surgiendo en muchos municipios de Aragón, como el colectivo No es sequía, es saqueo o Ecologistas en Acción. La moratoria es, en definitiva, un elemento de movilización social y política, una herramienta para recuperar la soberanía del territorio aragonés, frenar la especulación en el sector, decidir colectivamente el modelo de digitalización que queremos y reclamar la voz ante el silencio ensordecedor de este estado de excepción.
