Cada tres años llega el informe PISA y el Estado español entra en uno de esos estados de nerviosismo colectivo que antes reservábamos para Eurovisión o para las semifinales de la Copa del Rey. Los periódicos abren con titulares apocalípticos, los tertulianos descubren súbitamente la pedagogía y los responsables políticos comparecen con gesto grave para explicarnos que la situación es preocupante o, según convenga, para asegurarnos que tampoco es para tanto. Y así, durante unos días, hablamos mucho de educación. Después volvemos a olvidarnos de ella.
No deja de tener cierta ironía que el gran debate educativo contemporáneo gire alrededor de un informe promovido por una organización económica. La OCDE no es una academia de sabios preocupados por el desarrollo integral del ser humano. Es una organización creada para analizar la cooperación y el desarrollo económico de los países. Nada ilegítimo en ello. Pero conviene recordar que cuando mide la educación lo hace desde una determinada concepción de lo que considera valioso medir. PISA evalúa competencias concretas vinculadas a la lectura, las matemáticas o las ciencias, herramientas que considera relevantes para desenvolverse en las economías modernas. Sin embargo, quedan fuera otras cuestiones igualmente esenciales para cualquier sociedad que aspire a llamarse educada: la formación ética, el pensamiento filosófico, la sensibilidad artística, la participación democrática, la creatividad o la capacidad de construir vínculos humanos saludables.
Por supuesto que los resultados tienen interés. Sería absurdo ignorarlos. Pero convertirlos en el termómetro definitivo de la salud educativa de un país es como evaluar la calidad de una huerta aragonesa pesando únicamente los tomates. Puede que los tomates importen, pero uno sospecha que también convendría mirar las cebollas, los pimientos y hasta el estado de la tierra.
El problema de la educación española no es que nuestros adolescentes obtengan unos puntos más o menos en una prueba internacional. El verdadero problema es mucho más profundo y mucho más incómodo. Tiene que ver con un sistema que sigue funcionando, en demasiados aspectos, con la misma lógica que hace medio siglo. Continúan predominando estructuras organizativas concebidas para otro mundo, sistemas de evaluación heredados de otras épocas y currículos que se van remendando legislatura tras legislatura como quien intenta arreglar una bota vieja añadiéndole parches.
Mientras tanto, la realidad ha cambiado a una velocidad de vértigo. Han cambiado las formas de acceder al conocimiento, las relaciones sociales, los canales de comunicación, el mercado laboral, la tecnología y hasta la manera en que los jóvenes construyen su identidad. Todo ha cambiado. Todo menos la escuela. O, al menos, no ha cambiado lo suficiente.
A ello se suma una transformación silenciosa en la percepción social de la educación. Hubo un tiempo en que el maestro y el profesor eran considerados autoridades intelectuales y morales dentro de la comunidad. No necesariamente porque siempre tuvieran razón, sino porque se reconocía que eran profesionales formados para educar. Hoy esa confianza se ha erosionado hasta extremos sorprendentes. Cada vez es más frecuente que las familias interpreten una corrección académica como una persecución personal o una sanción disciplinaria como una injusticia intolerable. Ya no se escucha aquello de "algo habrás hecho". Ahora predomina el "le tiene manía a mi hijo".
Resulta llamativo que vivamos en una sociedad que deposita una fe casi religiosa en los criterios de médicos, arquitectos o ingenieros, pero que cuestiona constantemente el juicio profesional de quienes se dedican a educar. Como si cualquiera pudiera ejercer de pedagogo por el simple hecho de haber sido alumno una vez en su vida.
Y detrás de todo ello aparece otra realidad de la que apenas hablamos. Para muchas personas, la escuela ha dejado de percibirse prioritariamente como una institución educativa y ha pasado a entenderse como una infraestructura de conciliación. Un lugar donde los menores permanecen atendidos mientras los adultos trabajan. Naturalmente que la escuela cumple también esa función. Sería ingenuo negarlo. Pero cuando esa dimensión eclipsa a todas las demás, algo empieza a fallar en nuestra concepción colectiva de la educación.
Tampoco ayuda la actitud vacilante de algunas administraciones educativas. Con frecuencia parecen más preocupadas por evitar conflictos que por respaldar a los profesionales que trabajan dentro de las aulas. En no pocas ocasiones se traslada al docente la sensación de que está solo cuando surge una controversia con las familias. Y, paradójicamente, esa misma prudencia excesiva desaparece cuando se trata de abordar otros problemas internos, como determinadas situaciones de bajo rendimiento profesional, desactualización pedagógica o cronificación de ciertas dinámicas que perjudican la calidad educativa y que la inspección desatiende de manera imprudente.
Mientras tanto, el debate político continúa orbitando alrededor de los mismos asuntos de siempre. Ratios, salarios, horarios lectivos, modificaciones parciales del currículo. Temas importantes, sin duda. Pero sorprende la ausencia de una conversación verdaderamente ambiciosa sobre el modelo educativo que España necesita para las próximas décadas.
Nadie parece dispuesto a plantear una gran reforma educativa integral. De esas que estudiábamos en los libros de historia cuando analizábamos las grandes transformaciones agrarias, industriales o sanitarias que modificaron países enteros. Nadie comparece para decir con claridad: "Éste es el sistema educativo que necesitamos para los próximos treinta años y ésta es la inversión necesaria para conseguirlo".
Quizá porque las auténticas reformas exigen algo poco frecuente en política: pensar a largo plazo. Requieren acuerdos que sobrevivan a las legislaturas, compromisos presupuestarios sostenidos y la humildad suficiente para dejar que lideren el debate quienes conocen la educación desde dentro. Profesores, maestros, pedagogos, orientadores, investigadores y equipos directivos. Profesionales, en definitiva.
La gran pregunta no debería ser por qué nuestro alumnado obtiene determinados resultados en una prueba internacional. La gran pregunta debería ser qué ciudadanía queremos formar y qué sistema necesitamos para lograrlo. Porque una educación eficaz no es solamente aquella que produce trabajadores competitivos. Es también la que forma personas libres, críticas, responsables, creativas y capaces de convivir.
Y para alcanzar ese objetivo hace falta mucho más que discutir cada tres años sobre unas tablas estadísticas. Hace falta una reforma integral del sistema. Hace falta revisar la organización de los centros, los currículos, la evaluación, la formación docente, la función inspectora, las infraestructuras, la incorporación de la tecnología y la adaptación al cambio climático. Hace falta invertir de verdad y mucho.
Porque basta visitar numerosos centros educativos para descubrir edificios envejecidos, mal adaptados a las nuevas necesidades y diseñados para una realidad que ya no existe. Seguimos exigiendo una educación del siglo XXI en espacios que muchas veces parecen detenidos en el XX.
Quizá el próximo informe PISA vuelva a provocar unos días de indignación nacional. Volveremos a buscar culpables, a señalar responsables y a prometernos que esta vez sí reaccionaremos. Luego las aguas volverán a su cauce y seguiremos discutiendo sobre décimas de ratio, pequeñas subidas salariales o enésimas reformas parciales.
Y, mientras tanto, la gran reforma seguirá esperando.
Como esas estaciones abandonadas que aún se conservan en algunos pueblos de Aragón: con los andenes intactos, los relojes detenidos y la sensación persistente de que hace mucho que debía haber pasado el tren.
