El 10 de agosto, poco antes de las 13:00 horas, una campa de materiales de obra situada junto a la A-132, a la altura de Santa María de la Peña, empezó a arder. Una semana después, el fuego había calcinado más de 17.500 hectáreas, había obligado a evacuar a más de un millar de personas de una docena de pueblos, había costado la vida a un militar de la UME y se había convertido en el peor incendio de la temporada en Aragón. En ese mismo tiempo, el relato oficial y mediático ya tenía protagonista: un obrero de 28 años, detenido y en prisión provisional sin fianza.
Es una historia que se cuenta sola si uno se conforma con el primer titular, como parecen haber hecho los miembros del Gobierno de Aragón, quien sabe si con oscuras intenciones. Pero hay otra historia debajo, y es la de una carretera que se estaba reformando bajo un contrato de concesión de 3.000 millones de euros, adjudicada a una empresa, Aceinsa, que hace apenas cuatro años pactó precios con otras once constructoras para repartirse el mercado de las carreteras españolas, en un escándalo que vino a denominarse el “Cártel del Asfalto”.
Un detenido y un relato oficial de ultraderecha
El auto de prisión provisional contra el trabajador, dictado por el magistrado Jorge Zapatero del Tribunal de Instancia de Huesca, se apoya en dos pilares: unas cámaras de seguridad —de la propia empresa constructora— que sitúan al detenido en el punto exacto donde se originó el fuego, y un argumento de riesgo de fuga que, como bien definió su defensa, no era más que un castigo “por carecer de arraigo”.
Conviene que escribamos lo que el razonamiento del juez hace: convertir la precariedad —no tener casa propia, no tener familia cerca, depender del alojamiento que te da la empresa que te contrata— en indicio de peligrosidad. Una precariedad que quizá el magistrado y algunos políticos desconozcan, pero que es la tónica general en las subcontratas de grandes obras públicas.
También hay que recordar a los medios de comunicación aragoneses que es de primero de periodismo no hacer hincapié en la etnia o la nacionalidad de los detenidos, por los hechos que sean. Debemos recordárselo porque, de alguna manera, hemos normalizado la criminalización de colectivos desde los titulares, quien sabe si con el único objetivo del clickbait o tratando de azuzar fantasmas más oscuros.
En paralelo al nefasto relato periodístico hemos asistido al linchamiento político de un trabajador. El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro deseó que el detenido se pudriera en la cárcel. Por su parte, Carmen Herrarte, directora general del Gobierno de Aragón, del PP, escribió en Twitter: "El 'cambio climático' del terrible incendio de las Peñas de Riglos ya está en prisión provisional sin fianza. Estas son las consecuencias de la regularización masiva sanchista a la que, este delincuente, se acogió".
El PSOE aragonés respondió al mensaje: "lo tiene todo: negacionismo climático, racismo y bulo" —y no le faltaba razón ni siquiera en el detalle técnico: las primeras informaciones apuntan a que el detenido llegó a España después de que terminase el proceso de regularización al que la directora general se refería, así que ni siquiera pudo acogerse a él. El Sindicato Obrero Aragonés fue más directo todavía, desviando el foco hacia donde debería estar puesto desde el principio: "La DGA, su consejero y sus recortes en los operativos son el 99% de culpables en la extinción de los incendios que se están dando este verano en Aragón".
Una carretera que nadie quería que se cerrara así
Antes de que ardiera nada, el territorio ya estaba en pie de guerra por estas obras. Los vecinos del Reino de los Mallos llevaban semanas en contra del modo en que se estaba gestionando el cierre de la A-132 entre Villalangua y Bailo, con cortes totales de tráfico de lunes a viernes durante dos meses y voladuras que obligaban a desviar todo el tráfico por la A-1205 —una carretera estrecha, sin arcenes y de curvas cerradas que, advertían, no estaba en condiciones de asumir ese volumen ni de servir de vía de escape en caso de emergencia.
El territorio ya había identificado la obra como un problema de seguridad antes de que se convirtiera en el origen de un megaincendio. Cuando ocurrió lo que muchos temían, los ayuntamientos del Reino de los Mallos —un frente que incluye alcaldías del PP tanto como del PSOE, CHA, PAR y otras fuerzas locales— publicaron un comunicado conjunto con una frase que resume bien el tono: calificaron lo ocurrido como "la crónica de un desastre anunciado, prevenible y previsible" y reclamaron "un cambio radical en la gestión del medio rural aragonés y de los incendios forestales".
Los ayuntamientos afectados denuncian que llevaban meses reclamando al Gobierno de Aragón documentación técnica sobre la obra —autorizaciones, informes de seguridad, evaluaciones de riesgo, protocolos de obra, documentación medioambiental— y que el Ejecutivo "no ha aportado ni demostrado disponer" de ella.
Cuando el Gobierno de Aragón anunció que iba a personarse como perjudicado en la causa penal abierta, la respuesta de los municipios fue certera: la Administración "puede presentarse como perjudicada, pero ese perjuicio se produce en un contexto en el que el territorio ha venido reclamando sin éxito la información necesaria para garantizar la seguridad de la población y del entorno". Los verdaderos perjudicados, insisten, son "vecinos, empresas, alojamientos, agricultores, ganaderos y todo el tejido económico del entorno". Han pedido además que otras localidades afectadas se sumen a la causa judicial, y esperan un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Chunta Aragonesista ha respaldado esa exigencia y ha ido más allá, pidiendo responsabilidades políticas directamente al Gobierno de Azcón: "Esto no puede despacharse como un simple accidente". Izquierda Unida, por su parte, solicitó la apertura de una comisión de investigación en Las Cortes de Aragón para esclarecer las causas y responsabilidades en la gestión del incendio.
Quién construía esa carretera
Lejos de las teorías que apuntan al trabajador como único responsable, una obra de estas dimensiones está obligada a unos protocolos de seguridad serios, de hecho, es seguro que hay un responsable de seguridad de la misma, que no ha sido detenido, y, por último, una empresa que debe responder por el accidente que ha propiciado el mayor incendio forestal de Aragón en este 2026.
Esa empresa es Aceinsa. En febrero de 2023, el Gobierno de Aragón adjudicó el Itinerario 5 (Chacetania-Alto Galligo) del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras de Aragón —un macroplan de 3.000 millones de euros en régimen de concesión a 25 años— a una agrupación de licitadores encabezada por Aceinsa Movilidad, S.A., junto con Transfer, Acinser Integral, Extraco y Misturas. Esas empresas constituyeron en febrero de 2024 la Sociedad Concesionaria Itinerario Jacetania Alto Gállego, S.A., y el contrato se formalizó en mayo de ese mismo año. Entre las actuaciones de ese contrato de concesión figura expresamente la reforma de la A-132, incluida la sustitución de un puente en ese tramo. Es decir: la obra en la que se originó el incendio de Peñas de Riglos forma parte del paquete de infraestructuras que gestiona y gestionará, durante un cuarto de siglo, un consorcio liderado por Aceinsa.
Al menos tres de las cinco empresas que participan en el consorcio pertenecen a Juan Agustín Sánchez Bernal, un exdirectivo de ACS, y exvicepresidente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex).
Aceinsa es una empresa con un pasado que no debería pasar desapercibido. En 2021, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con 61,28 millones de euros a doce empresas por formar un cártel que alteró sistemáticamente las licitaciones de conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018 —un cártel que se hizo con 71 de las 101 licitaciones convocadas en ese periodo, repartiéndose el mercado mediante un sistema de "bolsas de puntos" que limitaba artificialmente las bajas que cada empresa podía ofrecer.
Aceinsa era una de las patas de ese cártel. Se libró de gran parte del castigo —una reducción del 50% de la multa y la exención de la prohibición de contratar con la Administración— por acogerse al Programa de Clemencia y aportar las pruebas que permitieron a la CNMC destapar el amaño. En otras palabras: no es que Aceinsa fuera ajena al cártel del asfalto, es que decidió delatarlo a tiempo para salvar su capacidad de seguir contratando con el sector público. Cuatro años después, es la cabeza de una de las mayores concesiones de carreteras de la historia reciente de Aragón.
