Ver cómo las llamas devoran el norte de Aragón no genera sorpresa, sino una profunda impotencia. No estamos ante una desgracia inevitable ni ante un simple capricho del clima. Quienes vivimos en estos pueblos sabemos que este desastre es el síntoma visible del abandono de nuestra tierra. Ya vimos arder esta misma zona hace tres décadas, y comprobar que treinta y dos años después el escenario se repite de forma aún más devastadora es la constatación de que la inacción institucional nos aboca al desastre.
Los grandes incendios forestales de sexta generación, espoleados por un cambio climático que encadena sequías y olas de calor extremas, avanzan con un comportamiento ingobernable. El verdadero peligro radica en el combustible acumulado en una masa forestal continua que lleva más de medio siglo abandonada. Se ha desmantelado la vida rural, se han restringido los usos tradicionales del bosque y se ha asfixiado a la ganadería extensiva, que históricamente ejercía de desbroce natural de nuestro entorno.
La contradicción que se sufre a diario es evidente. Mientras el fuego obligaba a nuevos desalojos de población y seguía quemando el monte, las administraciones no perdían un minuto en generar un relato de éxito centrado en la retirada de los restos históricos del Monasterio de San Juan de la Peña. Priorizar este tipo de discursos ante la opinión pública, mientras los vecinos y sus medios de vida sufren las consecuencias del avance de las llamas, evidencia una desconexión total. Se prima la espectacularidad y el despliegue millonario de la extinción en verano, pero se vacía de recursos la prevención profunda durante el invierno, que es la única capaz de mitigar los efectos del calentamiento global.
Para la mayoría pasa inadvertido que detrás de esta alarmante falta de prevención opera un lucrativo modelo de negocio. La extinción se ha convertido en un sector privatizado, copado por un oligopolio de grandes empresas de transporte aéreo vinculadas a fondos de inversión que acumulan macrocontratos públicos. Estas corporaciones absorben la mayor parte de unos presupuestos gestionados en las capitales autonómicas, financiando burocracia e informes técnicos en lugar de llegar al tejido rural. Para este engranaje financiero resulta mucho más rentable movilizar flotas de hidroaviones en agosto que evitar que el monte arda, alimentando una inercia institucional donde la inversión nunca se queda en el territorio.
No es el momento de dictar recetas sencillas ante un problema de extrema complejidad técnica y social, pero sí de señalar las causas con nitidez. El monte arde por el fuego, pero lo quema la falta de prevención efectiva , la pérdida de memoria institucional, los intereses económicos del sector de la extinción y una gestión pública que legisla de espaldas a la tierra. Si las administraciones nacionales y europeas no asumen que la seguridad de nuestros bosques depende directamente de la viabilidad de la vida en los pueblos, el territorio estará condenado a revivir esta misma tragedia una y otra vez.
