Somos docentes, no delincuentes. Gracias a los años que llevo dedicados a la educación he tenido la oportunidad de conocer a muchos y muchas docentes de distintos centros de Aragón, especialistas en diversas materias, con diferentes perfiles y personalidades, y hay algo que puedo decir al respecto: la inmensa mayoría de ellos y ellas son gente honesta, decente e implicada.
Y con eso me refiero a que son personas que realizan su trabajo, con mayor o menor vocación, con mayor o menor cansancio, pero con gran responsabilidad y siendo conscientes de la importancia que tiene la Educación Pública en el desarrollo de una sociedad democrática y digna de ser habitada. Digo "la inmensa mayoría" porque, como en todas las profesiones, siempre hay algún listo que si puede hacer 20 minutos de guardia en vez de 50, lo hace, y si puede zafarse del grupo de 1º de la ESO y elegir el de Bachillerato, lo hace. Pero, como digo y por mi experiencia, son los menos.
Son los menos, al igual que espero que sean los menos los políticos que deciden lucrarse o traficar con influencias al obtener su cargo público; los menos, espero, los profesionales que no cobran el IVA cuando hacen servicios para otros y cobran en B; y los menos, confío, los policías que golpean sin motivo y con una brutalidad desalmada a personas que se manifiestan pacíficamente en las calles.
A lo largo de este curso, cientos de docentes en distintas ciudades del Estado español nos hemos manifestado en las calles por la mejora de las condiciones de la Educación Pública. Cientos hemos dejado de cobrar una parte importante de nuestro salario por hacer huelga en favor de algo que va más allá de la defensa de nuestras propias condiciones de trabajo —de lo que podríamos hablar largo y tendido—, sino que lucha fundamentalmente por el cuidado de un sistema que garantiza la igualdad de oportunidades de todos y todas, o más bien, que intenta que, independientemente del origen socioeconómico de cada uno de nosotros, podamos acceder a una educación de calidad. Es decir, intenta dar oportunidades que, de otra manera, no serían accesibles más que para unos pocos.
Cuando te sumerges en un aula de secundaria te das cuenta de que hay chicos y chicas que, si no fuera por la Educación Pública, no tendrían ningún futuro. Y sí, es tan crudo como suena. Pienso estos días mucho en A., un chaval senegalés que llegó a mi centro el año pasado, sin saber palabra alguna de español, pero que a día de hoy, un año después, es el mejor de su clase, el más reflexivo, el más rápido en asimilar los contenidos y procedimientos y, sin duda, una cabecita que está desarrollando todo su potencial gracias a un centro rural donde los profes, sin apenas medios, ponen todo su corazón para que él, sus compañeros y compañeras consigan los objetivos de un currículo educativo impersonal.
El caso de A. no es un caso aislado. Como él hay muchos, y no hay que irse solo a casos de alumnado inmigrante para ver que la Educación Pública salva vidas y salva a personas que, con nombre y apellido, proceden de contextos complicados. Pero bueno, todos sabemos que una sociedad instruida es una sociedad más compleja y menos manejable y por eso algunos prefieren que esa igualdad que perseguimos no se dé...
Las aulas son lugares en los que se puede presenciar y vivir lo mejor y lo peor de lo que somos los seres humanos. En el caso de las situaciones conflictivas, puede explicarse en la mayoría de los casos por tratarse de la convivencia con —y entre— adolescentes buscando su lugar, cerebros en proceso de formación y hormonados, o incluso por la incapacidad lógica de gestionar situaciones familiares complejas por parte de chavales de 15 años —muchas de ellas, no seríamos capaces ni los adultos más resilientes del centro—. Pero muchas otras veces, las actitudes beligerantes hacia nosotros no tienen ni explicación ni justificación relacionada con la adolescencia o desarrollo cognitivo —al menos por parte del alumnado—, sino que la falta de respeto e incluso la violencia a la que estamos sometidos los docentes hoy en día tiene mucho más que ver con el clima social polarizado en el que estamos inmersos como sociedad y con una especie de rechazo de la norma académica y lo reglado, frente a una especie de resurgimiento del genio romántico e individualista.
En cualquier caso, las y los docentes recibimos insultos, contestaciones, faltas de respeto, incluso violencia verbal y física a diario. Y no pasa nada. Nunca pasa nada. Porque muchas familias, lejos de apoyar al profesorado y educar a sus hijos e hijas en el respeto al docente, en que vean la figura de este como un adulto que les acompaña y guía en el aprendizaje y no como el enemigo del videojuego al que hay que engañar, mentir y faltar al respeto; lejos de hablar de las decisiones del primero como propias de un profesional de la educación y comprender que su labor es igual de relevante que la de un bombero, un policía o un médico, al servicio de una sociedad mejor; como digo, lejos de todo eso, muchas familias ahondan en el odio al docente, en el menosprecio y desprestigio de una profesión que, según ellos, "trabaja poco y tiene muchas vacaciones".
Necesitamos una educación pública y de calidad para evitar que en el futuro un supuesto "servidor público" agreda de esa manera a quienes están cuidando a sus hijos #VagaEducació #Vergonya pic.twitter.com/mtNf0AyvDa
— Toni Solano 🍏📚🍏 (@tonisolano) May 31, 2026
Y al respecto de esta violencia física, tan normalizada, pienso en la profesora jubilada de 68 años brutalmente empujada por un policía en València el 31 de mayo, con el resultado de una conmoción, el tabique nasal roto y puntos en la barbilla por una herida profunda. Una persona que se manifiesta pacíficamente en las calles por una educación de unos hijos que ya no son los suyos —seguramente, más por los del policía que la agrede—, que no piensa en aumentar egoístamente su sueldo, porque ya está jubilada, y a la que ni le va ni le viene si se pasa calor en el aula, porque ya no está en ella, que solo defiende lo que defendemos todos los y las docentes que hemos salido a las calles: condiciones dignas para el alumnado y el profesorado, más recursos y medios para la inclusión real en las aulas, la bajada de ratios para una atención personalizada de todos y todas, la climatización de los centros, el fin de los conciertos de aulas cuando en la pública hay plazas, la contratación de profesores que lleguen a tiempo a las sustituciones y no un mes más tarde, y una protección mínima para que el profesorado pueda hacer extraescolares con seguridad y sin arriesgar su propia integridad, para no verse sentados en un banquillo mientras la administración se lava las manos.
Luchar por la educación pública va más allá de nuestros intereses personales. Por mucho que los medios señalen y remarquen que los profesores en València "van a cobrar 600 euros más", el interés fundamental de estas movilizaciones es NO dejar caer un sistema cuyo mantenimiento pende peligrosamente de un hilo y que en gran parte está sostenido por la buena voluntad del profesorado, maltratado sistemáticamente por las administraciones públicas y, ahora ya incluso por las fuerzas policiales.
Pareciera que los más vulnerables, menores y mayores, aquellos que no son productivos en esta sociedad utilitarista, no se merecen unas condiciones decentes de vida y de aprendizaje. Os aseguro que estar 30 alumnos en un aula seis horas al día, sin ventiladores —mucho menos hablar de aire acondicionado—, solo con la sombra de unas persianas de hace 30 años, mareados y a punto de hacer los exámenes de junio no son las condiciones más favorables para terminar un curso.
¿Podrían los gobiernos de las diferentes autonomías destinar, al menos, el dinero recaudado de nuestros sueldos a raíz de las huelgas a la propia educación pública, tan necesitada de servicios básicos? ¿Podrían darnos los medios, al menos, el valor que merecemos como educadores, como un servicio público que trabaja con seres vulnerables, que construye a la sociedad del futuro? ¿Podrían, en definitiva, poner medidas para proteger nuestro trabajo y nuestra dignidad frente a una extrema derecha que atraviesa y se instala peligrosamente en las instituciones públicas? ¿No deberían estas instituciones protegernos a todos y no atacar al profesorado, quizás por considerarlo estandarte de la libertad de expresión, del progreso y de la educación para todos y todas?
De lo que hablamos, en fin, es de los derechos de vuestros hijos e hijas; de lo que hablamos es de los derechos de vuestros nietos y nietas. No de los míos, aunque cuide a los vuestros como si lo fueran. Es de la salud e integridad física y psicológica de vuestras familias. Y hablamos también del tipo de personas que queremos que conforme nuestra sociedad, porque algo debe quedar claro: no invertir en la Educación Pública es invertir en el empobrecimiento del futuro de todos y todas.
Ojalá haya un momento en el que la violencia verbal, física, social e institucional contra los profesores y profesoras, contra la Educación Pública que nos vertebra como sociedad, deje de salir tan barato.
