El pasado 30 de abril Jorge Azcón fue investido de nuevo presidente de Aragón. Junto a él, políticos de PP y Vox asumían los cargos, siendo Carmen Susín la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades. No obstante, el cambio en la Consejería no ha supuesto en absoluto una nueva dirección en línea política del gobierno autonómico, que es la misma que defendía la anterior consejera, Tomasa Hernández, quien estando aún en funciones, sostuvo la defensa férrea de la privatización del bachillerato y las escuelas infantiles para el próximo curso en Aragón.
Esta apuesta decidida por la concertada es una vuelta de tuerca de las “colaboraciones público-privadas” (renovación de conciertos, cesión de suelo público o ampliación de unidades concertadas), que no son más que trasvases de fondos públicos a manos privadas. El gobierno de PP-Vox da así un paso más con los conciertos educativos en Aragón que, dicho sea de paso, ningún gobierno central o autonómico ha cuestionado desde su puesta en marcha por el PSOE en 1985 con la aprobación de la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) que institucionalizaba y legitimaba las subvenciones a centros educativos privados. En Aragón ya bajo el gobierno anterior (PSOE, CHA, PAR y Podemos) asistimos a un crecimiento sustancial de los conciertos educativos, la mayoría a través de centros de FP, aunque la gota que ha colmado el vaso ha sido la noticia de destinar 20 millones de euros al concierto de bachillerato y aulas de 0-3 años desde el curso 26-27.
Este ataque directo contra la sociedad aragonesa en general, contra uno de sus pilares fundamentales, la educación, y contra las trabajadoras y trabajadores docentes en particular, no puede quedar sin respuesta. Así se ha venido demostrando durante todo el ciclo de movilizaciones y lucha que se ha venido realizando a lo largo de este curso, siendo su cúspide la pasada huelga de los días 20, 21 y 22 de enero, convocada por CGT, la cual tuvo una masiva respuesta por parte del colectivo docente.
Esta vez la huelga está convocada por todos los sindicatos con presencia en el sector pero nos equivocaríamos al pensar en esta huelga como algo que afecta exclusivamente a los trabajadores de la pública o a su alumnado.
La privatización de la educación (y la infradotación de la pública que viene asociada) supone peores condiciones laborales para las docentes y el resto de trabajadoras, pérdida de plazas públicas, segregación entre el alumnado y un coste más elevado, a veces inasumible, para las familias; pero se trata al fin y al cabo de algo que afecta al conjunto del pueblo trabajador y no solo a la comunidad educativa. Se trata de una afrenta a toda la clase trabajadora, pues supone un trasvase de fondos públicos, del dinero de nuestra clase, a sectores privados y en definitiva, al capital, en un apartado clave como es la educación donde el beneficio económico no debería ser nunca parte de la ecuación.
Esta afrenta es especialmente vergonzante teniendo en cuenta la grave falta de recursos existente en la educación pública: falta de personal, tanto docente como no decente, infraestructuras deficientes, servicios que no funcionan bien (como la calefacción, la telefonía o la conexión a internet), falta de aulas, problemas en las rutas de transporte escolar en el medio rural, etc.
Por poner un ejemplo, en el centro en el que trabajo actualmente, se ha vuelto prácticamente una constante que en algún momento falle alguna ruta de transporte escolar, privando al alumnado de la asistencia a clase o de volver a sus casas a horas decentes, debiendo permanecer parte del profesorado atendiéndoles.
No se entiende, por tanto, que existiendo todas estas carencias el Gobierno de Aragón decida invertir 20 millones de euros en la educación concertada, salvo que tenga una intención clara y manifiesta de dejar colapsar la educación pública de forma deliberada para atender negocios privados. Por todas estas razones, la necesidad de una nueva huelga, la herramienta de la clase trabajadora para hacer frente a los desafíos del capital, se vuelve imperiosa. Bien es cierto que a veces, los periodos de combatividad se alargan tanto que pueden resultar extenuantes, pero ahora la una unión sindical supone un aliento de esperanza para todo el colectivo que sigue en pie de guerra y que está dispuesto a defender una educación al servicio del pueblo trabajador.
Desde estas líneas, reiteramos el impacto global de la privatización de los servicios públicos, y por ello, no solo animamos a todo integrante de la comunidad educativa a secundar la huelga y salir a las calles, si no también a la solidaridad de toda nuestra clase, pertenezca o no a aquella, ante un objetivo común.
