En respuesta a la carta publicada en el Heraldo de Aragón el pasado 21 de enero, el Movimiento hacia Un Estado laico (MHUEL) desea hacer las siguientes precisiones.
La escuela pública atraviesa un momento crítico como consecuencia de decisiones políticas que la debilitan de forma consciente y sistemática. El cierre de aulas en centros públicos, mientras se mantienen o incluso se abren nuevas unidades en la enseñanza privada y concertada, no responde a criterios pedagógicos ni demográficos, sino a una clara apuesta ideológica que prioriza intereses privados frente al derecho colectivo a una educación pública de calidad.
La escuela pública es un pilar fundamental de la democracia y de la cohesión social. Es el único sistema educativo que garantiza el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, sin discriminar por origen social, económico, cultural o ideológico. Defender y financiar adecuadamente la escuela pública no es una opción ideológica más, sino una obligación de los poderes públicos para asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan las mismas oportunidades de desarrollo personal y académico.
Sin embargo, en los últimos años asistimos a una sobrefinanciación de la escuela privada y concertada que se justifica bajo el argumento falaz de la “libertad de elección de las familias”. Este planteamiento oculta una realidad evidente: no hay libertad real cuando el sistema educativo se desequilibra deliberadamente. Desviar recursos públicos hacia centros privados supone restarlos de la escuela pública, deteriorando su calidad, aumentando ratios, precarizando al profesorado y limitando programas de atención a la diversidad. La libertad de elección no puede convertirse en una coartada para legitimar desigualdades ni para financiar con dinero de todas y todos proyectos educativos que, en muchos casos, seleccionan al alumnado directa o indirectamente.
No es casualidad que la red de escuelas privadas concertadas católicas con expectativas de aumentar sus beneficios a costa del dinero público, proveniente de un sistema público que critica y cuestiona, lance mensajes hipócritas y contradictorios para intentar explicar lo que no tiene sentido, utilizando el término de escuela estatal en lugar de escuela pública, que obedece a la añoranza de tiempos pasados que hasta hace no mucho daba vergüenza mencionar pero que ahora se ha convertido en empoderamiento.
En ese artículo de opinión en el Heraldo de Aragón se abandera la enseñanza privada-concertada-católica como estandarte de la libertad frente al modelo único adoctrinador de la red pública, -perdón estatal-. Así resulta que los colegios públicos -estatales- adoctrinan, mientras que los religiosos liberan. Curiosa forma de retorcer el lenguaje, ya que el ideario de los centros religiosos está basado en la doctrina religiosa con poca o nula posibilidad de debate racional. En estos centros también es complicado ejercer la libertad de opinión tanto por el profesorado que se expone a la no renovación de su contrato (no olvidarse que son empresas), como por el alumnado, ya que se entiende que sus familias aceptan el ideario religioso del centro al realizar la matrícula. Como pequeño apunte al margen, nos gustaría señalar que la ley actual exigen que en los centros públicos también se oferte la asignatura de religión, igual que en los centros concertados se deber ofertar una alternativa a la religión, hecho que parecen olvidar algunos centros de la red católica.
En este debate se omite la finalidad de los conciertos que no es (o era) otra que cubrir de forma temporal las plazas que la escuela pública no puede asumir en un determinado momento, con la supresión del concierto cuando la necesidad termine. Es decir, esos 20 millones deberían ir para construir nuevos centros públicos o para comprar por un precio asequible los centros concertados que en esas circunstancias se verían vaciados.
El ideario de los centros públicos se basa en la impartición de valores basados en la la Declaración Universal de Derechos Humanos que se adoptó y proclamó el 10 de diciembre de 1.948 en la Asamblea General de Naciones Unidas , y que el Estado Vaticano aún no ha firmado.
Invertir en la escuela pública es invertir en el bien común. Es apostar por una educación inclusiva, crítica y democrática, que forme ciudadanía y no clientelas. Es apostar por la aconfesionalidad, como señala nuestra Constitución. Los recursos públicos deben priorizar aquello que es de todas y todos. Solo una escuela pública fuerte y bien financiada garantiza una libertad real: la de aprender, convivir y construir una sociedad más justa e igualitaria.
