En las últimas semanas los medios de comunicación han recogido la noticia de dos desahucios en nuestra ciudad, Zaragoza, el de Margarita, una jubilada de 69 años que con una pensión de 800 euros debía hacer frente a un alquiler de 500 euros, y el Hamza y sus tres hijos, víctima de una estafa y que pese a estar dispuesto a abonar la deuda contraída, se encontró con la negativa a cualquier tipo de negociación por parte de la propietaria, una gran tenedora con más de 10 inmuebles. Muchos otros se producen fuera del foco mediático.
En ambos casos, a pesar de la solidaridad colectiva y de la importante movilización social, de las plataformas antidesahucios, de los vecinos y vecinas, no ha sido posible detenerlos.
Pero varias noticias separadas se entienden mejor cuando se leen juntas.
Lo que también hemos conocido en las últimas semanas ha sido la multa de 600 euros que han recibido unos vecinos, también de Torrero, por celebrar una cena a la fresca, en el marco de las fiestas del barrio, tal y como venían realizando desde hace 17 años. De nada sirvió tampoco el apoyo popular ni que la Junta de Distrito pidiera su retirada y se señalara la desproporción de semejante sanción.
Y es que en la ciudad, en esta ciudad neoliberal, todo es concebido como un mero negocio.
La vivienda no es un derecho humano básico sino que se percibe como un mero bien de mercado con el que especular, y el espacio público ya no es de la ciudadanía, sino un itinerario desde el que transitar de un espacio de consumo a otro. No nos dejan vivir en nuestras casas, pero habitar las calles tampoco es una opción.
La vivienda se ha convertido en un bien de inversión, pero no para la vida, para la especulación. Y las supuestas políticas que deberían hacer frente a la crisis de la vivienda en nuestras ciudades son sólo una coartada para medidas que únicamente contribuyen al mayor beneficio de promotores privados.
Los espacios públicos se reducen y se mercantilizan. Celebrar actos populares en la calle es cada vez más difícil, ese uso ciudadano de lo que es de todas encuentra más y más trabas ante un espacio privatizado, y cada vez es más complicado encontrar una ciudad en la que los niños y niñas simplemente tengan calles y plazas para compartir su tiempo, simplemente jugando.
Y así, quien no puede pagar una vivienda a precios desorbitados está abocado a vivir en la calle y quién no consume es marginado y considerado un consumidor fallido, eso que, como señalaba el sociólogo Zygmunt Bauman, constituye la nueva pobreza.
Lo que está en juego es el modelo de ciudad en la que queremos vivir. Una ciudad donde la exclusión y la pobreza, donde el sinhogarismo, es algo cotidiano, una ciudad que vive en un profundo malestar, agobio, impotencia..., o un modelo que defienda la vida y garantice las condiciones para que ésta merezca ser vivida.
Una ciudad vendida a los mercaderes, donde quienes estamos vendidos somos nosotros mismos, o una que potencie los vínculos y las relaciones, los espacios comunitarios, todo lo que precisamente más necesitamos para poder sostenernos.
