Hablar de minería parece cosa del pasado, pero no lo es. Y este es un hecho que más de medio centenar de pueblos de la provincia de Teruel podrían confirmar tras la avalancha de solicitudes de investigación que han ido apareciendo en estos últimos años.
De ser supersticiosos hay quién diría que fue cuestión de mala suerte, pero por desgracia el asunto tiene más que ver con los intereses económicos de unos pocos, que con el gato negro que se les pudiera cruzar a los habitantes de este pequeño municipio aragonés. Y es que en Cosa (Teruel) no tienen claro qué ha motivado el interés repentino de tantas empresas en estos últimos años, para querer destruir el valioso entorno natural de su término municipal. De un tiempo a esta parte, una larga lista de proyectos de elevado impacto ambiental han ido siendo presentados al Gobierno de Aragón, en las tierras que sus familias tanto cuidaron durante generaciones. Desde entonces les rondan casi una decena de proyectos entre macroparques eólicos y fotovoltaicos, proyectos de hibridación, proyectos de generación de hidrógeno y explotaciones mineras... De entre los últimos destaca por ejemplo, el expediente reactivado para crear una mina de carbón. Sí, en Cosa tampoco le encuentran el sentido a tanta sinrazón.
Este proyecto que no hace mucho subió como por arte de magia a la palestra, resulta que además tiene su aquel, porque responde a una solicitud de permiso de investigación para recursos de la sección d) carbón, que fue propuesto por la empresa Azural S.L. y admitido a trámite por el Gobierno de Aragón allá por el año 2018. Sin embargo, ni la comunicación de dicho proyecto al Ayuntamiento de Cosa ni la salida de su plan de restauración a información pública, ocurrió hasta el pasado agosto de 2023.
En dicho proceso, llamó especialmente la atención que el proyecto pretenda contar con un total de 27 cuadrículas mineras, una de las cuales afectaría al propio núcleo urbano del término municipal de Cosa y el resto, a toda su área periurbana. Del mismo modo, quedó patente la nimia e incompleta información incluida en la documentación expuesta, así como la evidente desactualización del contexto del proyecto, algo lógico si no se modifica tras 5 años en un cajón. Por estas razones y entre otras cosas, ni había una completa y exacta identificación de afectados, ni se hacía referencia al patrimonio cultural declarado de interés local que se vería perjudicado, ni al impacto socioeconómico, ni a las afecciones sobre la salud de los habitantes, así como tampoco se hacía referencia alguna a los graves e irreparables daños que recibiría el entorno natural del territorio (que forma parte y está rodeado de zonas protegidas donde hay presentes especies en peligro de extinción).
Con motivo de resolver el proceso de alegaciones al que se sometió la solicitud de permiso de investigación de este proyecto, cabe mentar que el Gobierno de Aragón convocó supuestamente a los alegantes y a un responsable de la empresa interesada, el 29 de octubre de 2024 en el Ayuntamiento de dicha localidad. Y se dice supuestamente, porque ni siquiera se citó a la asociación vecinal que fue parte alegante y porque durante la reunión hubo vecinos recibiendo la notificación en el mismo momento en que los presentes estaban sentados en las sillas, como así quedó incluido en el acta tras la llamada telefónica de uno de los afectados. Otro detalle del que alguno ya se habrá percatado al leer la fecha, es que efectivamente, para poder ratificar sus alegaciones los vecinos no residentes todo el año allí tuvieron que desplazarse desde otras provincias en plena DANA. Como les ocurrió a los vecinos que llegaron desde Valencia, que al no haber recibido notificación de aplazamiento o alternativas a la reunión concertada, tuvieron que asumir el riesgo de viajar en plena alerta roja.
Dejando ese tema aparte, hay que admitir que la reunión en sí tampoco fue especialmente fructífera, pues como era de esperar la mayor parte de comentarios giraron en torno al hecho de restar importancia al impacto real del proyecto. Intentando convencer a los vecinos además, de que perder propiedades por este tipo de proyectos es improbable porque según una de las propias técnicas afirmó: "No he conocido ningún expediente de expropiación en 20 años que llevo en la Administración". Y eso aún cuando hay ejemplos de sobra repartidos por todo Aragón sobre procesos expropiatorios de este tipo y de que en la propia solicitud admitida a trámite, no queda lugar a dudas del nulo valor de la opinión de los afectados:
"De otorgarse este permiso de investigación su titular estará facultado, una vez demostrada la existencia de recurso mineral racionalmente explotable, para solicitar la concesión de explotación sobre la totalidad o parte del terreno comprendido dentro de su perímetro, sin más información pública que la presente. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, el otorgamiento del permiso de investigación llevará implícita la declaración de utilidad pública a los efectos de su inclusión en los apartados 1 y 2 del artículo 108 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954".
Por si alguien no estuviera al día en materia legislativa, recordarle que la Ley de Minas que tenemos hoy en día sigue siendo aquella antediluviana y polvorienta ley de 1973, que sigue permitiendo la ocupación temporal y la expropiación forzosa de propiedades. En este sentido, curioso fue un rato, la acérrima defensión por ambas partes de "la buena fe" con la que iba a actuar la empresa para no llegar hasta tales extremos. Obteniendo pódium entre tanta incoherencia otras típicas y manidas frases, como que llevan décadas coexistiendo pacíficamente en otros pueblos. Una afirmación un tanto sesgada y altanera teniendo en cuenta que en los últimos años, pueblos como Aguatón, Bueña o Camañas, han hecho públicas en los medios de comunicación sus luchas contra otras minas de esta misma empresa.
Pero bueno, no parece una situación tan kafkiana cuando para cerrar la cuadratura del círculo, uno se pone a hacer un poco de CSI en los mundos de "Internete" y descubre alguna que otra no tan sorpresa. Como que con un rápido vistazo al Borme, se puede ver que hasta 2011 esta empresa se llamaba Lavanderías mecánicas La Higiénica S.L., así que eso de "somos mineros, conocemos el negocio, sabemos lo que son las minas y no venimos de un negocio extraño" suena un tanto contradictorio. Lo mismo que ocurre con esos supuestos "60 años de experiencia en minería" que también aseguró el representante que tenía esta empresa y que no se sabe exactamente en qué plano existencial fueron calculados. Aunque la cosa no termina ahí, dado que dos de las personas relevantes que acudieron a la reunión protagonizan otra de las curiosas anécdotas de este caso. Una de estas asistentes se presentó como personal de la Administración de la Sección de minas del Gobierno de Aragón y la otra fue presentada como su "compañera". Y no resultó sólo llamativo que ambas aparentemente defendieran la inocuidad para terrenos y propietarios de este tipo de permisos de investigación; sino que haciendo una simple búsqueda del nombre de la supuesta "compañera", este apareciera asociado a un perfil público de Linkedin donde se expone una relación laboral de más de una década con Fertinagro S.L. Que para quien no conozca esta empresa de fertilizantes, resulta que es uno de los clientes a los que suministra Azural S.L. Entonces, saquen ustedes sus propias conclusiones.
Actualmente los vecinos de Cosa no han tenido más notificaciones oficiales sobre este proyecto que sigue en tramitación, después de aquella reunión donde tuvieron que presentarse para ratificar las alegaciones presentadas. Sin embargo, se ha sabido recientemente a través de otro proyecto que otra empresa pretende hacer en este municipio y con el que el proyecto minero se superpone, que Azural S.L. respondió en trámite de participación pública argumentando que sigue interesada en las cuadrículas y solicitaba la no afectación de las mismas. Un detalle que no ha pasado para nada desapercibido, sabiendo que en la reunión con los afectados el representante de la empresa aseguró que si había oposición vecinal el proyecto no seguiría adelante: "Nosotros no vamos a hacer eso, porque si al final mi objetivo fuera abrir una mina y estar aquí otros 30 años a mala cara con la gente, osea eso, pues no... por lo menos es la actitud que hemos tenido en los demás sitios. Por eso, si se puede se hace y si no se puede porque hay una oposición que no hay manera...". Cosa que claramente, no era cierta.
De lo que verdaderamente no hay duda, es que si las empresas pretenden seguir haciéndonos creer que es "chachi piruli" que todos los pueblos de Aragón acabemos teniendo el mismo paisaje que Estercuel por el bien del desarrollo rural, no lo van a conseguir... porque no amigos, no nos apetece vivir con vistas a las catacumbas de Mordor. Del mismo modo que si nuestras administraciones siguen pensando que "nos la trae todo al pairo", deberían empezar a darse cuenta de que no es precisamente la motivación de los ciudadanos por defender sus pueblos y territorios la que está en entredicho, sino la suya propia.
