La titular del juzgado de instrucción número 13 de València ha citado a declarar el próximo 30 de octubre a ocho personas —tres profesionales de la información, dos abogadas y tres militantes del Sindicat d’Habitatge (Sindicato de Vivienda) de València— por un presunto delito leve de usurpación. A todas ellas se les atribuye haber ocupado el edificio situado en el número 40 de la calle Mariano Cuber sin el consentimiento de la propietaria, la Fundación Bancaja, que cuenta con el protectorado de la Generalitat Valenciana para asegurar que trabaja “en defensa de los colectivos más vulnerables”.
Los hechos se remontan al sábado 11 de marzo de 2023, cuando el Sindicat d’Habitatge de València, una semana después de haber ocupado el edificio, anunció de manera pública la liberación y la entrada a las viviendas de siete familias en situación de vulnerabilidad. Durante algunos años, la finca había sido un centro de acogida de mujeres supervivientes de violencias machistas, pero ya se encontraba cerrada y en desuso. “La hemos rehabilitado para crear un lugar donde estas familias sin alternativa habitacional puedan desarrollar la vida de manera digna”, explicaron entonces a la Directa. En la actualidad, en el bloque todavía viven siete familias que no pueden pagar un alquiler o una hipoteca, algunas de ellas son personas migrantes en situación administrativa irregular.
Aquel día, en el marco de una jornada festiva y reivindicativa celebrada durante las Fallas, acudieron a la puerta de la finca decenas de activistas y vecinas de la ciudad para participar en el acto de anuncio de la ocupación, así como dos abogadas, que llegaron al ser alertadas de la presencia policial; y tres profesionales de la comunicación: un fotoperiodista y un redactor de la Directa, y un cámara de la productora Sistema del Solar para documentar los hechos y cubrir la noticia. Los cinco, junto con tres militantes del Sindicat d’Habitatge de València, fueron identificadas por el dispositivo de la Policía Local.
Según el relato policial, cuando los agentes intentaron entrar a la finca, los dos colaboradores de la Directa “se colocaron junto con el resto de personas para intentar impedir el acceso de los agentes y […] desobedecieron reiteradamente la orden de subir a la acera y no deambular por la calzada”. En cuanto al cámara de la productora Sistema del Solar, la policía indica que “no mostró su acreditación y enfocaba sus cámaras hacia los rostros de los agentes”. Las abogadas no habrían imposibilitado la actuación policial, pero los policías afirman “que informaron falsamente del momento de la usurpación”. Todo el relato del atestado se articula de forma que la policía llega a la conclusión que periodistas, abogadas y militantes identificadas forman parte “de un grupo organizado”.
“Estábamos haciendo nuestro trabajo”
La versión oficial dista mucho del relato de las encausadas. “Nosotros nos identificamos con el carné profesional y explicamos a la policía que estábamos trabajando, haciendo fotos y recogiendo información”, recuerda Lucas Guerra, fotoperiodista sancionado y colaborador de la Directa desde el año 2017. Insiste en el hecho que en ningún momento formaron parte del bloque de personas concentradas a la puerta: “Nos limitamos a hacer nuestra tarea”. Un testimonio parecido relata Joan Alamar, de Sistema del Solar: “Estaba trabajando como periodista y así me identifiqué”. “Los profesionales de la información tenemos claro que no podemos publicar rostros, pero no tenemos prohibido grabarlos”, remarca con rotundidad. En la misma línea se expresa Marc Campos, colaborador de la Directa desde hace tres años y socio de la Unión de Periodistas Valencianos: “Nosotros ejercimos nuestra función como periodistas. Se trata de un ataque a la libertad de expresión, un intento de amedrentarnos”.
Comparte esta mirada crítica Santi Fernández, uno de los portavoces del Sindicato que habla en representación de las militantes investigadas: “Ninguna de las encausadas participó en la acción de ocupar el edificio, ni entró dentro, ni han vivido o viven a la finca, por lo tanto, no han podido usurpar nada”. De hecho, todas ellas tienen sus propios domicilios en la ciudad de València, y así se ha comunicado al juzgado de instrucción número 13. En este sentido, la defensa de las ocho encausadas se muestra contundente: “Están intentando juzgar por un delito de usurpación a ocho personas que no tienen ninguna relación con la finca, que pagan un alquiler y tienen su propia casa”. Es por eso que las acusadas entrevistadas coinciden a defender que se trata “de una denuncia totalmente falsa” y “un montaje policial”, para intentar “reprimir y debilitar el movimiento en defensa de la vivienda” —considera Fernández—, así como para “limitar y atacar el derecho a la información”, denuncian los periodistas.
“Las periodistas estamos para contar los hechos incómodos que pasan en la sociedad”
El presidente de la Unió de Periodistes Valencianes, Vicent Marco, ha mostrado su apoyo a las encausadas: “Está totalmente fuera de lugar que se lleve a juicio a tres periodistas y dos abogadas para usurpar un edificio al cual nunca han entrado”. “Las periodistas —continúa— estamos para contar los hechos incómodos que pasan en la sociedad. Los tres periodistas estaban allí para contar unos hechos que pasaban en la ciudad de València y es intolerable que se los criminalice por contar lo que está pasando”.
Por ahora, la jueza las cita a declarar únicamente por un presunto delito leve de usurpación, pero la defensa de las ocho encausadas advierte que, teniendo en cuenta el atestado, la policía “podría estar intentando que se investigue también como un delito de pertenencia a grupo organizado”, como ha ocurrido recientemente con el colectivo Futuro Vegetal.
De manera paralela a la demanda interpuesta por la Fundación Bancaja, el servicio de sanciones administrativas de la Policía Local de València, dependiente de la Concejalía de Protección Ciudadana, sancionó a ambos periodistas de la Directa y a tres militantes del sindicato por “transitar por la calzada creando peligro peatonal u obstáculo a la circulación”. Ambos periodistas recurrieron alegando que estaban ejerciendo su tarea y, además, los hechos ocurrieron en un momento en que las calles de la ciudad de València, con motivo de las Fallas, se encontraban masivamente transitados por personas que circulaban a pie; y la calle en cuestión solo dispone de una sola dirección. Sin embargo, los recursos presentados por los periodistas se han desestimado y, en el caso de las militantes, están esperando la resolución final.
Tanto la Unión de Periodistas como la Directa se pusieron en contacto con la Concejalía de Protección Ciudadana para exigir la retirada de las sanciones. El exregidor Aaron Cano (PSPV) aseguró que “había sido cosa del jefe de la Policía Local de València, y que cuando tuvieran las alegaciones se aceptarían”. La promesa quedó en papel mojado con la llegada del PP al gobierno municipal. La actual concejalía, en manos de Jesús Carbonell (PP), solo alegó que “el regidor ya no es el mismo” y “esto era cosa del gobierno anterior”.
Artículo publicado originalmente en la Directa.
