Estos caballos procedían de abandonos y descuidos en núcleos como Torrollualas y Bara, probablemente por el desinterés provocado por los cambios de la PAC, que ya no los consideraba. Como consecuencia, un ganadero fue denunciado por ello, y unos 80 caballos fueron capturados y sacrificados en matadero para carne hace ocho años. La eliminación no fue total, y varios individuos quedaron en libertad, reproduciéndose. Esos animales vivían en Montes de Utilidad Pública (MUP) y en propiedades particulares, siendo tradicionalmente ignorados o tolerados por todos, incluidos empleados públicos. Recientemente, sin embargo, y debido a la supuesta peligrosidad de esas bestias, la situación ha sido denunciada y las autoridades han decretado su eliminación.
Gracias a la legislación en bienestar animal, el procedimiento de eliminación ha evolucionado, pero quizá sólo como escaparate. Así, el Ayuntamiento de Samianigo ha publicado dos anuncios en el boletín oficial de la provincia, y el segundo (el número 107 del 5.6.2024) trata de la solución del problema. Sin embargo, el anuncio no describe el procedimiento, ni cita normativas sanitarias, ambientales, administrativas o tributarias, simplemente se anuncia la subasta de 11 caballos abandonados.
Lógicamente, este anuncio sólo puede generar polémica por varias razones. La primera es que esos caballos no han sido abandonados, sino que están asilvestrados tras la reproducción de los originalmente abandonados o extraviados, aunque tampoco existe certeza legal de esto. Podrían considerarse animales salvajes, pero en ese caso, la normativa legal a seguir para su eliminación sería muy diferente.
Además, el anuncio sitúa a los animales en el Monte H0349, lo cual tampoco es preciso porque además de ese MUP, también se encuentran en otros, e incluso en propiedades particulares y en más términos municipales, no sólo en el de Samianigo. Es decir, este Ayuntamiento carece de competencias sobre los MUPs y sobre otros términos municipales, máxime si la subasta pública a la que se quieren someter los animales capturados constituye un aprovechamiento que no existe en los planes de gestión de ninguno de estos montes.
Como el Ayuntamiento de Samianigo ha asumido que esos animales han sido abandonados, en dicho anuncio se observa una serie de plazos ad hoc: Quince días para que el dueño de los animales se manifieste, dos años para que el propietario reclame los bienes (como si no fueran bienes semovientes y sintientes) y, en caso de que se deterioren a lo largo de esos dos años, proceder a subasta pública de los animales.
Pero ¿acaso se han capturado los animales y están siendo custodiados debidamente, para que este anuncio tenga sentido y los animales puedan ser conservados e inspeccionados debidamente? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Ha contado el Ayuntamiento de Samianigo con las autorizaciones por ser Monte de Utilidad Pública o terrenos privados? ¿Se ha encargado la captura a alguna empresa, iniciando el Gobierno de Aragón un procedimiento de contratación pública? No hemos dado con ninguno de estos procedimientos, pero gente del valle nos ha asegurado que los caballos están siendo capturados desde hace meses. ¿Dónde se encuentran custodiados?
Parecería, por lo tanto, que el anuncio del Ayuntamiento de Samianigo es nulo de pleno derecho, y que la realidad del asunto es bien distinta. Miembros de la Sociedad Aragonesa de Protección a los Animales y Plantas (SAPAP) han consultado a vecinos de la zona, y parece que desde hace algún tiempo un profesional se está encargando de la solución.
¿Quién está capturando los animales? ¿Con qué método? ¿Se siguen procedimientos compatibles con el bienestar animal? ¿Adónde son llevados los animales? ¿Están siendo custodiados, o se han llevado a un matadero? ¿Qué documentación ha acompañado a los animales? ¿Ha existido al menos el clásico conduce o su equivalente, firmado por el propietario de los terrenos o animales?
La SAPAP ha comprobado la existencia de un prado mayor de una hectárea (polígono 8, finca 81 de Gillué), cercada con pastor eléctrico y con entrada a modo de trampa desde el río Guarga en el kilómetro 20 de la carretera A-1604 (Red Natura 2000). Para mayor abundamiento, el prado pertenece a una finca particular, pero su dueño desconoce la existencia de estas rudimentarias instalaciones. La entrada de los animales no es discreta, a pesar de eso: en el kilómetro 22 de esa carretera se han talado varios pinos en Monte Público (¿autorización?), generando la clásica "manga" de captura hacia el prado, porque en éste se ha colocado un cebo de heno, pienso y sal para la captura de los caballos.
Cuando entran los animales, baja una gran plancha metálica y cierra el capturadero, pero esas instalaciones son extremadamente rudimentarias, inestables y peligrosas, con materiales en mal estado y chatarra. Todo ello es bien visible desde la carretera aneja, incumpliendo así todas las normativas de seguridad, mayor riesgo de accidentes de tráfico por el incremento de animales salvajes que pueden acudir al cebo, y sin mecanismo de selección entre caballos y otros animales silvestres.
¿Quién ha decidido sobre la repentina peligrosidad de los animales, y la solución que se ha tomado para eliminarlos? ¿Quién ha autorizado esas instalaciones, o contratado esos servicios de captura? Todo parece apuntar a que se ha actuado de un modo negligente y a sabiendas. Entre varias irregularidades, por ejemplo, el Ayuntamiento de Samianigo no puede "justificar legalmente" mediante un anuncio público lo que parece ser una apropiación indebida de animales, con destino desconocido.
Sin embargo, el número de irregularidades no acabarían aquí, ya que surgen cuestiones importantes en lo referente a normativa civil y el derecho a la propiedad, a la de montes, ya que este supuesto aprovechamiento no cumpliría ningún requisito legal, a la normativa ambiental porque se está actuando en suelos protegidos y con instalaciones peligrosas e ilegales, a la propiedad de los animales y posible destino a matadero de los animales capturados y a la protección animal y a los procedimientos de captura, tenencia, cuidados y transporte de los animales.
Por lo tanto, la desaparición de los caballos asilvestrados debe ser aclarada inmediatamente, y los procedimientos en marcha detenidos. En caso de que sea necesaria, la captura de los animales debe realizarse de un modo profesional y diligente, respetando la normativa de bienestar animal, ambiental, sanitaria, y de seguridad laboral y pública.
Por ello, es necesario identificar a los responsables de las chapuceras decisiones tomadas por el Gobierno de Aragón y por el Ayuntamiento de Samianigo. Conviene averiguar igualmente la causa de la inacción de los profesionales funcionarios de la zona: ¿Ningún agente de protección de la naturaleza ha sido testigo de lo que está ocurriendo? ¿Y de la seguridad de las carreteras? ¿Y el personal de Sanidad Animal y Agricultura?
Desde SAPAP se han presentado diversos requerimientos en la administraciones públicas para que se detenga inmediatamente esta pesadilla y se depuren las debidas responsabilidades. Confiamos en que se nos escuche y que nuestro toque de atención ayude a introducir algo de cordura en los procedimientos de nuestras administraciones locales, provinciales y autonómica. Mientras tanto, el personal de nuestra Sociedad continuará vigilando y denunciando las irregularidades que vaya observando en este asunto.
