En el manifiesto que han confeccionado y leído en la movilización parte de una premisa: "la aprobación del presupuesto municipal es un acto político". En su opinión, "la determinación de las necesidades de la ciudad a satisfacer desde el ayuntamiento, dentro de sus competencias legales, es una cuestión a debatir y concretar y, en cualquier caso, siempre la cuantía de gasto ideal supera las posibilidades de cualquier ayuntamiento, y más si se desentiende, como hace el PP en Uesca, de aplicar el principio de progresividad fiscal (que pague más quien más tiene), hay que priorizar y seleccionar y desechar unos gastos para poder realizar otros."
El colectivo pone el acento ne la necesidad de "voluntad de fomentar y abrirse a la participación ciudadana en un ayuntamiento, más allá de las declaraciones rimbombantes y las fotografías de sonrisas y reuniones al albur de la buena o caprichosa voluntad del poder político, se demuestra mediante la efectiva implantación de procesos participativos antes de la toma de decisiones. Por eso, si se cree de verdad en la participación ciudadana no puede aprobarse el presupuesto municipal sin, previamente, contar con ella".
El manifiesto estima que el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para la aprobación de los presupuestos "renuncia a iniciar el camino para contar con un parque municipal de vivienda social de alquiler", "suprime el reconocido y aplaudido Festival Periferias", "reduce hasta la práctica supresión la partida de cooperación internacional al desarrollo" o no supone la implantación de "un plan o protocolo de acogida digna a las personas refugiadas y migrantes". A esto añaden "otras carencias, como puede ser la adecuación de distintos espacios públicos, como los cedidos por la Seguridad Social, la futura vía verde o el ansiado tren de cercanías".
Este grupo de vecinos y de vecinas dicen conocer "que los informes jurídicos sobre nuestras alegaciones hacen hincapié en que deben inadmitirse por no adecuarse las mismas a la ley, y nada tenemos que reprochar a esos informes en que los empleados públicos cumplen con su función de asesoramiento legal". "A quienes reprochamos es a nuestros representantes electos, pregunten a la gente antes de suprimir, reducir, renunciar, ignorar... antes de acometer actos antisociales, de censura, insolidarios, por muy legales que puedan resultar", añaden.
