Espacio Municipalista ha emitido un comunicado denunciando que “la gestión de gobiernos anteriores hipoteca la capacidad del Ayuntamiento de Teruel en materia de recogida de residuos”. EL contrato se encuentra en estos momentos en licitación por parte del consorcio Agrupación N.º 8.
La formación presentó una resolución para estudiar la “recuperación de la gestión en la recogida de residuos sólidos urbanos”, y “valorar la municipalización en términos económicos, laborales, sociales y de mejora en la calidad del servicio”, que fue aprobada por el pleno ordinario de enero de 2020 para “en base a las conclusiones obtenidas de este debate, tomar la decisión más oportuna para los intereses de la ciudad”.
En febrero de 2021 se presentó un informe interno en comisión de infraestructuras relativo a los trámites a seguir para la recuperación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Teruel, que deja en muy mal lugar a anteriores corporaciones municipales de diferentes colores políticos.
Para el concejal de la formación Zésar Corella el mencionado informe describe “mala praxis y una acción de gobierno contraria a los intereses de la ciudad con graves consecuencias económicas y para la autonomía del ayuntamiento”, en referencia al esquema de gestión de los residuos sólidos urbanos.
El informe denuncia un montón de gestiones y trámites que se hicieron en contra del criterio técnico.
En 1998 se firmó un convenio de colaboración con la DGA para crear una agrupación supracomarcal de gestión, con informes emitidos por los técnicos de la corporación que advertían de la ausencia de un estudio económico riguroso y completo que permitiese conocer claramente las condiciones, así como obligaciones y compromisos a asumir.
En 1999 se firmó un convenio de vigencia indefinida, sin la necesaria aprobación plenaria, con DGA, ayuntamientos y mancomunidades dando los primeros pasos para la constitución del consorcio Agrupación N.º 8.
En 2006 el pleno aprobó los estatutos de la Agrupación N.º 8 cuando los informes técnicos señalaban que la decisión iba a suponer un sobrecoste para el ayuntamiento ya que se asumen obligaciones que no le corresponden y son propias de las diputaciones, además de ceder el vertedero sin un estudio económico de las consecuencias que supone para el ayuntamiento y sin que se tenga la capacidad legal de disponer cuando se quiera de esta propiedad municipal.
También en 2006 el pleno del ayuntamiento acuerda delegar en la comarca la recogida selectiva de papel y envases, y en 2009 se solicita al consorcio Agrupación N.º 8 que asuma la recogida de basuras, que finalmente se trasfiere en 2010, desmantelando y privatizando el servicio público que se encargaba hasta el momento con una vigencia indefinida.
El informe concluye señalando que fueron claras las advertencias del funcionariado municipal sobre las carencias y consecuencias de las decisiones tomadas por las corporaciones de los alcaldes Luis Fernández Uriel, Lucía Gómez y Miguel Ferrer en el diseño del actual esquema de recogida de residuos, al que Manuel Blasco terminó por entregar también la gestión indefinida de la recogida de contenedores.
Igualmente el informe detalla las inconveniencias legales para recuperar la recogida y transporte al vertedero o el abandono del consorcio, aspecto que entraña una enorme dificultad y deberían ser demostrados incumplimientos por parte de la Agrupación N.º 8, sin que en ningún caso el Ayuntamiento de Teruel pueda recuperar la disponibilidad del vertedero de su propiedad, lo que para Espacio Municipalista - EMT hace que sea “muy complicado revertir la privatización o recuperar la gestión del servicio por las decisiones adoptadas tiempo atrás”.
