El pasado 15 de diciembre, el Parlamento Europeo a propuesta de la Comisión acordó que 2021 sería el año europeo del ferrocarril, promoviendo así un medio de transporte verde y seguro. Y es que el tren, especialmente en estos tiempos de pandemia, es un medio de transporte idóneo para la realización de trayectos de media distancia, teniendo además el plus de la comodidad para los y las viajeras.
Aragón merece una red ferroviaria moderna y a la altura de los tiempos que corren para comunicar nuestros pueblos con las capitales próximas, así como la Comunidad con el resto del Estado. Desde Podemos entendemos el ferrocarril como un eje estratégico y como un medio de transporte fundamental para garantizar un territorio vertebrado y cohesionado. Para nosotras el eje ferroviario es la mejor forma de vertebrar un territorio como el nuestro, pues permite asegurar los derechos de los aragoneses y aragonesas en las zonas que no son urbanas.
Hace unas semanas José Luis Soro, Consejero de Vertebración del Territorio, levantó la liebre en un tema que ya se preveía espinoso, la financiación de los trayectos ferroviarios que corresponden a líneas que conectan Aragón con las comunidades vecinas.
En caso de haber tomado la decisión de manera rotunda, desde el 31 de marzo hubieran dejado de financiarse varios trayectos ferroviarios, y por tanto estos hubieran sido cancelados, dejando a los municipios afectados sin alternativa para realizar sus desplazamientos. En su lugar prefirió solicitar una prórroga de dos meses, de la que hablaremos posteriormente.
Imagino que llegados a este punto muchas os estaréis planteando el porqué de dicha decisión, y en realidad es bastante sencillo de explicar. Si bien los trayectos intrautonómicos son competencia de las comunidades, aquellos que exceden los límites de las mismas corresponden al Gobierno Central, por lo que son ellos quienes deben asumir su coste económico.
Una de las líneas afectadas por esta situación es la Zaragoza-Lleida, cuya suspensión dejaría a las comarcas de Cinca Medio y La Litera sin conexión directa afectando a los vecinos y vecinas en desplazamientos diarios como aquellos que tienen que ver con estudios, trabajo o incluso asistencia sanitaria.
La solución de reemplazo propuesta por José Luis Soro en su lugar, es una línea de autobús entre Binéfar-Zaragoza, la cual es a todas luces insuficiente, ya que esta no contempla los frecuentes desplazamientos a Lleida que realizan los y las habitantes del lugar, especialmente los y las jóvenes estudiantes.
La presión política y social ha servido para que RENFE se haga cargo de uno de los tres trayectos diarios, pero todavía quedan dos sin cubrir. Este hecho, junto al cierre de estaciones y el intento de eliminar venta en taquilla en Monzón, vislumbran un horizonte de continuos intentos de suspensión de esta línea.
Otro trayecto que duerme el sueño de los justos es la línea Huesca-Jaca, para la cual durante la peor etapa de la pandemia se suspendió el servicio que realizaba los fines de semana, a pesar del gran interés que tiene la misma para la zona en lo que a turismo se refiere, sustituyéndose recientemente por una línea de autobús que realiza dicho recorrido.
Por último, también se verán afectadas la línea entre Caspe y Fayón, donde dos de los cuatro trenes diarios dejarán de circular, así como la línea Zaragoza-Sagunto en la que se suspenderán los trayectos que conectan Teruel con Caudiel.
José Luis Soro en declaraciones recientes explicaba que sigue reivindicando el ferrocarril como forma de vertebración del territorio, pero que debe ser el Estado quien se haga cargo de la financiación del tren y no la Comunidad Autónoma de Aragón, y que ese dinero (unos 4 millones de euros), se utilizaría para mejorar el transporte público por carretera con las poblaciones afectadas.
La cuestión es que al final, ante todos estos movimientos de la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda con el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, son los vecinos y vecinas quienes sufren los tiras y aflojas. Personas que necesitan el tren para desplazarse y que nos recuerdan que la zona oriental es el motor industrial de la provincia, y que para ello la conexión ferroviaria es clave.
Porque no solo del Canfranc pueden vivir las infraestructuras ferroviarias aragonesas, es imprescindible mejorar los trayectos existentes o al menos no perderlos, el Gobierno de Aragón no puede abandonar las comarcas orientales a su suerte.
Pero entonces, para centrarnos, si la Consejería de Vertebración sigue defendiendo el tren como forma de transporte en el medio rural ¿cuál es el objetivo de este movimiento? Pues como decía mi madre, lo que busca es remover el gallinero.
Porque al final la raíz de toda esta polvareda es la disconformidad con tener que abonar a RENFE unos 4 millones de euros anuales por un servicio que no es de su competencia y que en muchas ocasiones presenta un abandono y unas carencias flagrantes derivadas de una desatención constante a las líneas ferroviarias del medio rural aragonés.
¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de abandono y deterioro de la red ferroviaria? A pocos horarios de salida y llegada, a pocas conexiones, a la utilización de trenes viejos lentos, es decir, a la suma de todos los ingredientes necesarios, en materia de movilidad y transporte, para que nuestras ciudades, pueblos y comarcas estén sumidas en un proceso de despoblación.
Las afecciones que generan los problemas de este tipo para los municipios rurales son de enorme importancia y decisivas a la hora de retener y asentar su población, puesto que las conectan con las capitales vecinas, facilitando desplazamientos para el acceso a estudios y formación, asistencia sanitaria o empleo en caso de ser necesario.
¿Esto significa que la Consejería de Vertebración está en contra del tren como medio de transporte para el medio rural? No necesariamente, pero con este movimiento, Soro lanza una moneda al aire, esperando que salga cara y que el Gobierno Central, obligado por la presión vecinal acceda a que RENFE asuma el coste de esos trayectos.
El problema es que salga cruz, perdamos un servicio esencial y vertebrador del territorio como es el tren, y nos veamos obligados a sustituirlo por autobuses de los cuales no conocemos siquiera el servicio que estos prestarían. Ese es el riesgo que José Luis Soro ha decidido correr.
Volvamos a la prórroga, es importante entender por qué, pero sobre todo el para qué. Y para ello, es necesario situarnos en el marco de conflicto competencial al que os he introducido unas líneas atrás.
Dos meses, ahora algo menos, que estará vigente ese balón de oxígeno negociador que supone la prórroga. Dos meses en los que el vecindario y los y las representantes de los municipios y comarcas afectadas junto al consejero pretenden formar un frente común, presionando mediante concentraciones varias los primeros y comprometiéndose el segundo a seguir negociando con el Ministerio con una intensidad mayor.
Una función perfecta en tres actos, primer objetivo conseguido, amenazar con eliminar los trayectos de tren para situar el tema en la agenda de los gobiernos, segundo objetivo, conseguir que le apoyen los y las vecinas, alcaldes y representantes de las comarcas afectadas para que el Estado se siente a negociar, y tercero conseguir que la presión social obligue a RENFE a asumir el coste de dichas líneas.
Soro parece estar echando un pulso al Gobierno Central animando a los alcaldes y vecinos a que “remuevan el gallinero” porque sabe que solo cuenta con un par de meses para presionar, ya lo consiguió anteriormente con la línea Zaragoza-Calatayud-Ariza y ahora parece utilizar la misma estrategia.
Desde Podemos somos plenamente conscientes de que las competencias ferroviarias residen en el Estado pero que, a pesar de ello, ha sido la Comunidad Autónoma la que ha venido financiando los servicios especiales en los últimos seis años. Por eso mismo es necesario que se intensifiquen las conversaciones con el Ministerio para alcanzar un acuerdo que permita mantener estos servicios y que la ciudadanía de estas comarcas no se vea afectada.
Si bien sabemos que se han intentado dar pasos para que las afecciones sean las mínimas posibles, tales como la implantación de autobuses en sustitución de los trayectos de trenes, debemos dejar claro que el objetivo único y prioritario debe ser que RENFE mantenga los servicios a las comarcas y municipios afectados.
Porque los servicios sustitutivos anunciados no suplen en su totalidad los trayectos ferroviarios que se realizan actualmente, sirva Binéfar como ejemplo, localidad que desde la que actualmente en tren puede llegarse tanto a Zaragoza como a Lleida, y que, en caso de no prosperar la negociación, perderá su conexión con la segunda, conllevando esto severas afecciones a la población del lugar.
Cierto es que en algunos casos como el mencionado, los trayectos exceden los límites de la Comunidad Autónoma, pero los límites autonómicos no son cierres herméticos y el flujo de personas en tan constante como el intrautonómico, y es por ello que no consideramos ninguna otra opción más allá de que RENFE mantenga la línea operativa con los servicios que venían prestándose hasta ahora.
Porque no es la primera vez que presiones populares y políticas han servido para que RENFE reconociera errores y rectificara su decisión. Fruto de ello se ha recuperado la venta en taquilla en algunas estaciones (Monzón, por ejemplo), así como también RENFE ha comunicado que mantendrá uno de los trayectos que iba a suprimir de la línea Zaragoza-Lleida.
Pero no podemos quedarnos ahí ni podemos conformarnos. Tenemos que seguir apretando y negociando con el Ministerio para que este servicio se restituya con normalidad. La ciudadanía no puede seguir pagando este tipo de decisiones.
La política de transporte y vertebración que ha desarrollado el Estado durante las últimas décadas nos ha llevado a esta situación: al tiempo que se potenciaba la alta velocidad y se conectaban las grandes capitales, se desvertebraban y se vaciaban los pueblos y los territorios rurales. Hay un camino que nos lleva al progreso y al desarrollo económico y social, el otro, desgraciadamente ya lo conocemos, es el camino de la despoblación.
La despoblación se combate con políticas valientes y con apuestas firmes. Que Aragón sea un territorio amenazado por la despoblación no es una casualidad. La despoblación es consecuencia directa de décadas de abandono, de maltrato, olvido y de falta de inversiones y ejecuciones. Es el momento de revertir esta situación.
