Son las principales novedades de la Ley de Integridad y Ética Pública aprobada este jueves en las Cortes de Aragón con el voto favorable de PSOE, Podemos, CHA e IU y el respaldo matizado, con oposición a varios contenidos, de PP, PAR y C’s.
La ley aprobada establece que en caso de que se encuentren sospechas de enriquecimiento ilícito, la citada agencia abrirá una investigación con la colaboración de la Agencia Tributaria, y si es necesario se dará traslado a Fiscalía o los juzgados.
El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha presentado este proyecto de ley, recogido en los acuerdos de investidura del presidente, Javier Lambán, exponiendo que Aragón será, después de Catalunya, el segundo territorio que regula la actividad de los lobistas y que esta norma contempla el compromiso de cumplir un código ético público y dispone la elaboración del Estatuto del empleado público denunciante, así como un Código de Buen Gobierno.
También se normativiza el traspaso de poderes en el Gobierno, de una legislatura a otra, “para evitar malas prácticas”, y se ordena el Registro de actividades, bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno; las declaraciones de bienes serán públicas y una vez cesen en sus funciones se examinará su situación patrimonial. Habrá un estatuto para el personal directivo de la Administración.
El diputado del PSOE, Florencio García Madrigal, ha coordinado los trabajos de la Ponencia, acompañado por María Ángeles Orós (PP), Héctor Vicente (Podemos), Elena Allué (PAR), Susana Gaspar (Cs) y Patricia Luquin (IU). Como todos los portavoces, García Madrigal ha dedicado parte de su intervención a elogiar el trabajo realizado por la letrada Vega Estella, recientemente nombrada miembro del Consejo Consultivo de Aragón, tras décadas de servicio a la institución parlamentaria.
Críticas de la oposición
La diputada del PP María Ángeles Orós ha censurado que “esta es una ley con título sugerente, pero que falla tanto en la forma como en el fondo”. En cuanto a la puesta en marcha de una Agencia de Integridad y Ética Pública, Orós la ha definido como “una policía política interna que era innecesaria, porque existen mecanismos que se podían haber impulsado”.
La diputada del PAR Elena Allué también se ha mostrado muy crítica con esta ley porque “está hueca, vacía y es política de escaparate”. Además, “nos va a salir cara a todos los aragoneses y no va a resolver la corrupción en Aragón”.
Para Susana Gaspar (C’s), el texto que llegó a la Cámara era “infumable”, además de “tener aspiraciones difíciles de asumir”.
El diputado de Podemos Héctor Vicente ha reconocido que el texto traído a la Cámara “era francamente mejorable”, pero es una ley que era “muy esperada” y “llega en un momento más que oportuno”, en referencia a los “numerosos casos aislados de corrupción” en el seno del PP. “Llega justo cuando la confianza en la pulcritud de nuestras instituciones ha sido puesta en duda por un puñado de ladrones”, ha dicho, y “ayudará a evitar casos como Plaza o La Muela”. Respecto a la Agencia de Integridad, ha valorado que será “un órgano delegado de esta Cámara”.
“Se entiende que cualquier cargo público tiene estos dos valores”, ha dicho la diputada del Grupo Mixto Patricia Luquin (IU), pero “viendo la evolución que ha tenido esta país se hace obligatoria”.
Como representante del PSOE, Madrigal también ha intervenido para defender la Agencia de Integridad, y ha calificado las intervenciones de PP y PAR como “el mundo al revés”. Ha calificado como “delirante” que “algunos puedan cuestionar el esfuerzo que estamos haciendo aquí”. Para Madrigal , con esta ley “llegamos al alma de los ciudadanos”.
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Noticia publicada en Ten! Zaragoza.
