El 30 de junio de 2005 se aprobó en el Congreso de los Diputados la reforma del Código Civil que permitía el matrimonio igualitario con 187 votos a favor, 147 en contra y 4 abstenciones. Fue una de las reformas más valientes de nuestra democracia reciente y marcó un punto de inflexión legislativo en el Estado. Una respuesta audaz de un Gobierno que escuchó las demandas del movimiento LGTBI+, los feminismos y parte de la sociedad civil porque caminábamos de la mano.
Veinte años después, recordamos un hito que cambió el curso de nuestra historia democrática con tan solo diecisiete palabras que reconocieron legalmente miles de historias y abrieron un camino de transformación inimaginable en 2005. Otras realidades, otras familias, dejábamos de estar en la sombra para ser reconocidas en plenitud. Y es que la historia del matrimonio igualitario es también la historia de una democracia que decidió avanzar en un contexto nada pacífico, pues la medida desató una de las polémicas más encendidas que se recuerdan.
El PP se mostró frontalmente contrario a la reforma, votó en bloque contra la igualdad, se manifestó en las calles y presentó un recurso de inconstitucionalidad que nos mantuvo en vilo durante siete años, hasta que en 2012 el Constitucional confirmó la plena validez de la norma.
A esa resistencia se sumaron movilizaciones encabezadas por la Conferencia Episcopal y el Foro de la Familia, que convocaron días antes del Orgullo Estatal una gran manifestación en Madrid contra la ley, con la presencia activa de obispos, asociaciones católicas y dirigentes del PP. Fue una de las primeras veces en democracia que la Iglesia Católica participaba tan abiertamente en una protesta de corte político. Se agitó el miedo a una supuesta amenaza al orden social y al bienestar infantil. Gran parte de juristas, periodistas y políticos no sólo conservadores sostenían que permitir la adopción por parte de parejas del mismo sexo/ género ponía en riesgo el desarrollo de menores y redujeron la igualdad jurídica a una cuestión puramente moral, alimentando discursos cargados de prejuicios, estigmas y odio que polarizaron la opinión pública.
Tener memoria de todo aquello es fundamental para valorar lo que estos días conmemoramos y también para entender lo que hoy sufre la comunidad trans. Entonces no hubo consenso ni aceptación pacífica, como tampoco lo hay ahora con el falso debate sobre los derechos trans. Lo que sí hubo, como existe ahora, fue una batalla por la igualdad que se libró en las calles, los medios, los despachos, el Parlamento y los hogares.
La aprobación del matrimonio igualitario fue una revolución simbólica porque, por primera vez, se nos miraba sin paternalismo, sospecha ni clandestinidad. Ese hito nos dio fuerzas para seguir luchando: por el acceso de mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja varón a la reproducción asistida; por la doble filiación en el Registro Civil; por la autodeterminación de género y por tantos otros derechos aún pendientes.
Veinte años después de aquel 6 de julio de 2005, miramos atrás con orgullo y hacia adelante con determinación porque los derechos se defienden a diario. Dependen de compromisos colectivos que hoy parecen quebrarse, de movilizaciones sociales que se debilitan porque no damos abasto, y de una voluntad política que escasea en demasiadas instituciones. Por eso, el orgullo, lejos de ser una fiesta, una gran fiesta, sigue siendo una herramienta de resistencia.
