Las protestas de los denominados chalecos amarillos llevan camino de perpetuarse en el vecino Estado francés. Desde que se iniciaran el pasado mes de noviembre el número de heridos en las manifestaciones no ha dejado de crecer lo que está provocando las protestas tanto de manifestantes, sindicatos y asociaciones en defensa de los Derechos Humanos, como de voces críticas dentro de la policía que entienden que las órdenes que reciben distan mucho de contribuir a mantener el orden público.
Las cifras oficiales ya son elocuentes: Finalizada la manifestación de este sábado y desde que comenzaran las protestas ha habido más de 1.900 manifestantes heridos; 7.000 detenciones; 1.000 condenas; 243 informes presentados ante el Inspección General de la Policía Nacional que han provocado 116 investigaciones internas; 9.228 disparos de LBD (lanzadores de bolas de defensa) y 1.200 heridos entre las fuerzas del orden.
Entre los manifestantes las cifras de heridos se disparan. En un reciente informe del que es responsable el periodista David Dufresne y que fue publicado por Mediapart, los datos eran demoledores: 1 muerte, 174 heridas en la cabeza por balas de defensa, de las que 17 personas habrían perdido un ojo y 11 habrían sufrido graves heridas en las manos, provocando que cuatro hayan tenido que ser amputadas.
Un balance estremecedor que impulsó que el pasado mes de enero los sindicatos CGT, UD CGT de París y la Liga de los Derechos Humanos presentaran una solicitud al tribunal administrativo que pedía al Ministerio de Interior y a la Prefectura de Policía de París que abandonaran el uso de las llamadas flash-ball, LBD o balas de defensa, prohibidas para el uso contra manifestaciones, pero permitidas en el caso de disturbios. El tribunal, pese a reconocer la peligrosidad de este material antidisturbios, permitió seguir adelante con el uso de las mismas.

Esta resolución motivó que el pasado sábado 2 de febrero se celebrara en París una marcha blanca, organizada por varios heridos que pedía el abandono del uso de las granadas aturdidoras y de las LBD por parte de la policía francesa. Treinta personas heridas en las diversas manifestaciones abrieron la marcha.
Algo que no fue fácil de conseguir, tal y como relataba Antonio Barbetta, uno de los organizadores: "No ha sido fácil para ellos aceptar porque la mayoría están traumatizados. Yo mismo, no soporto ningún ruido. Una puerta que se cierra de golpe me hace saltar y todavía recuerdo el momento en que la granada me golpeó el pie". Una historia que se ha repetido en diferente personas y en demasiadas ocasiones desde el mes de noviembre.

La controversia está en que el de este tipo de armas LBD durante una protesta en el Estado francés es ilegal, como ha afirmado el propio Ministerio de Interior, sin embargo, la mayor parte de estas manifestaciones han sido consideradas “disturbios urbanos", por lo que la policía ha estado autorizada al uso de este tipo de armas.
Si hasta ahora las críticas por el uso de este tipo de armas venían de parte de manifestantes, periodistas, defensores de los Derechos Humanos y asociaciones de abogados, la policía también ha movido ficha y apunta al ejecutivo de Emmanuel Macron. Según asegura David Dufresne, el periodista que ha documentado la mayor parte de las heridas graves durante las cargas policiales, dentro de las CRS –policía antidisturbios francesa– el desacuerdo con la estrategia de enfrentamiento extremo propuesta por el ejecutivo de Macron continúa en aumento.