El Estado español, a través de la Fiscalía General del Estado designada por el Gobierno, considera las acciones de desobediencia civil no violenta protagonizadas por estos colectivos del activismo climático como “terrorismo” bajo el subapartado de “ecologismo radical”. Numerosas organizaciones sociales lo consideran un atropello a las libertades civiles y al derecho a disentir, y una vulneración de los artículos 21 y 22 de la Constitución vigente.
