El BOE del 24 de diciembre traía, entre la habitual avalancha legislativa, una sorpresa que ha pasado un tanto desapercibida: se generaliza, por ley, el modelo de construir o adaptar viviendas sociales mediante concesión a la iniciativa privada. Y esta vez no es cosa de un gobierno territorial o un ayuntamiento, es una ley estatal con la que arranca el año.
