Más de 130 entidades demandan al Gobierno del Estado español “que prohíba las operaciones comerciales de una empresa energética israelí promotora de la ocupación de Palestina”. La empresa pública israelí, con proyectos en Aragón “promueve el genocidio, la ocupación y el apartheid contra el Pueblo palestino”. La Corte Internacional de Justicia insta a los estados a “abstenerse de entablar relaciones económicas o comerciales con Israel que puedan afianzar su presencia ilegal en territorio ocupado”.
