SAPAP denuncia un “desarrollo suicida” en el Valle del Aragón y pide paralizar los proyectos del Plan Pirineos. “La suma de los impactos ambientales y de todo tipo hacen desaparecer del entorno natural estos espacios de forma irreversible”, advierte la entidad.
Una sentencia del TSJA, pendiente de recurso, ha aceptado el argumento del Gobierno de Aragón, que por su propia negligencia e intencionadamente ha incumplido sus leyes, y veinte años de acuerdos en las Cortes para proteger el macizo Anayet-Partacua y la Canal Roya, para alegar torticeramente que dicha protección “está caducada”. Así, en un claro “conflicto de intereses” desprotege estos tesoros naturales para favorecer el interés económico de Aramón, a su vez participada al 50% por el mismo gobierno e Ibercaja.