Desde CNT consideran que la “orden de desalojo” dictada por Gustavo Alcalde, Delegado del gobierno colonial español en Aragón, “es un ejercicio de prevaricación: se basa en la falsedad de que CNT perseguía la propiedad del inmueble a la vez que incongruentemente habla del Patrimonio Sindical Acumulado. Cualquier jurista sabe -y este sindicato también- que el PSA es patrimonio de todos los trabajadores y trabajadoras y que el ministerio debe, obligado por la ley, ceder la gestión a los sindicatos que soliciten su uso, que es precisamente lo que le habíamos notificado al Ministerio y la Delegación de Gobierno”, afirman. …
