Asociaciones como la de La Paz-Torrero consideran que esta prohibición va más allá de la seguridad del mobiliario, “con esta prohibición, se nos niega el espacio público como un lugar propicio para el encuentro y la convivencia vecinal” y advierten del avance hacia un modelo de ciudad “neoliberal” que concibe la urbe como una mercancía en detrimento de los derechos de la ciudadanía