Se trata de una herramienta cuyo objetivo sería evaluar los servicios públicos existentes relacionados con los cuidados y detectar las necesidades no cubiertas. Además, analizaría las condiciones laborales de las personas que trabajan en los servicios relacionados con los cuidados. La formación pide comprometer al menos el 5% de los presupuestos municipales a políticas públicas para recursos públicos de cuidados que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad.




