Por lo tanto, «sus resoluciones, aunque obligan al Gobierno de Aragón, no resultan determinantes a la hora de establecer los derechos de los y las contribuyentes». «De hecho -añaden-, está presidida por el secretario general técnico de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y los miembros de la misma son nombrados por el gobierno, por lo que forman parte de la propia administración recurrida».
La RAPA recuerda que la Junta de Reclamaciones Económico Administrativas «no es un organismo independiente ni se comporta como tal»
