Aseguran que “el Departamento de Educación de Aragón está incumpliendo su propia normativa y la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad” con la “evidente reducción de vacantes para Auxiliares de Educación Especial que supone un empeoramiento de la calidad en la atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales”.
