La entidad sostiene haber comprobado en el expediente facilitado por parte del Ayuntamiento "la ilegalidad de las obras de explanación y del almacenamiento, por lo menos durante los meses de mayo a septiembre". De esta forma se habría "contraviniendo las dos valoraciones negativas de los servicios municipales a las declaraciones responsables, lo que inhabilitaba a la empresa para depositar los materiales y al aeropuerto para consentirlo".
