El Tribunal de Cuentas considera que el gobierno permitió la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas por 128 millones de euros, unos 25 millones por debajo de su valor real, sin llevar a cabo ni tasaciones fiables, ni publicidad adecuada y facilitando información privilegiada a las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda
