Se garantiza por decreto una mayoría en el Consejo Consultivo de Aragón, entidad que elabora “informes jurídicos preceptivos” violando su “su objetividad e independencia”, para obtener plena impunidad y, engañando a su electorado, convertir la DGA en una ‘agencia de colocación’ con la que pagar anteriores ‘favores políticos’ a sus nuevos y viejos amigos, adaptando los requisitos de los cargos a los currículums de su compinches.
