En solo unas pocas horas, la justicia española ha perdido gran parte de la credibilidad que pudiese tener. Tres países europeos han echado por tierra el argumentario que el juez Pablo Llarena trataba de construir con respecto al independentismo catalán. Además, un experto de la ONU en Derechos Humanos pide al Estado español que no se acuse de rebelión a los políticos de Catalunya. Y mientras tanto, Torrent vuelve a proponer a Jordi Sànchez como candidato a presidir la Generalitat y Puigdemont reclama al Estado español que permita la investidura de Sànchez y pide mediación internacional para resolver el conflicto.