La exclusión residencial y la falta de políticas públicas eficaces siguen empujando a más personas a dormir en las calles de Zaragoza. La reciente negativa de acceso al albergue municipal a decenas de personas, tras desactivarse el protocolo de "frío extremo", vuelve a evidenciar la precariedad de la respuesta institucional.
El concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, ha denunciado la paralización de más de 550 ayudas de urgencia —destinadas a cubrir necesidades básicas de la ciudadanía— y critica la mala gestión en Políticas Sociales del Gobierno Chueca.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha clausurado y vallado el Bruil para una “intervención sanitaria”, mientras desalojaba sin previo aviso a las personas sin hogar que vivían allí. Aunque el Gobierno municipal de Natalia Chueca (PP) asegura haber habilitado 40 nuevas plazas en el Albergue, el Grupo de ayuda a refugiadxs, ZeC y PSOE denuncian un operativo precipitado, con personas excluidas del recuento y una solución temporal que podría devolverles a la calle en pleno invierno.
Marian Orós sostiene que “ninguna persona que haya solicitado alojamiento se ha quedado en la calle”. Sin embargo, vecinos y vecinas solidarios que ayudan a las personas sin hogar desmienten esta información y, además, denuncian el carácter meramente coyuntural de las actuaciones municipales.
Zaragoza en Común denuncia la falta de control en las viviendas vacías en Acción Social cuando hay casi 10.000 personas en la lista de espera para acceder a una. Como ya ha venido publicando este Diario Libre d'Aragón se suceden las irregularidades en la relación entre el PP y la fundación que provocó el cierre del CSC Luis Buñuel.
La plataforma del barrio rural de Zaragoza desmiente “rotundamente la información en la que el Ayuntamiento de Zaragoza afirma que tras la implantación de un proyecto piloto en Casetas, Las Fuentes y Delicias, se ha acortado en 7,5 días el tiempo de espera para conseguir una primera cita, pasando de 30 a 23 días laborables”
El acuerdo se presentó en el consistorio entre declaraciones xenófobas. Zaragoza en Común ha pedido al gobierno municipal que rechace el racismo de RedMadre y retire el convenio. El PSOE ha pedido la reprobación de la consejera.